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- 2026-03-09
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Desde el penal de San Pedro, el exministro Arturo Murillo ha lanzado una misiva cargada de intención política dirigida a la Casa Grande del Pueblo. En el documento, denuncia ser víctima de una persecución política orquestada por el masismo y se declara "injustamente detenido", apelando directamente a la figura del presidente Rodrigo Paz para que ordene una auditoría técnica de sus procesos.
Bajo la lupa de La Mesa de Análisis de Hoybolivia, esta carta coloca al mandatario en una posición sumamente incómoda. Murillo no solo pide justicia, sino que desempolva el vínculo personal que los unió como compañeros de bancada entre 2006 y 2009. Esta apelación a la memoria compartida busca forzar a Paz a decidir entre la lealtad del pasado y el pragmatismo político que exige su actual gestión.
El exministro afirma que los más de 28 procesos judiciales en su contra carecen de fundamento procesal y son, en realidad, una herramienta de "tortura judicial". Según la defensa de Murillo, el Ministerio Público continúa operando bajo la lógica de la anterior gestión, utilizando la detención preventiva como una condena anticipada sin que existan nuevos actos investigativos que la justifiquen.
Desde la otra acera, los sectores afines al Movimiento al Socialismo y el aparato fiscal sostienen que Murillo debe responder por las denuncias de corrupción y el sobreprecio en la compra de gases lacrimógenos. Para sus detractores, la carta es un intento de politizar delitos comunes que ya tuvieron repercusión internacional, recordando su previa condena en Estados Unidos por lavado de dinero.
La situación jurídica de Murillo es compleja: de los casi treinta procesos, cuatro conllevan órdenes de aprehensión preventiva. Su abogado, Giovani Machicao, sostiene que su cliente ya cumplió el tiempo estipulado para estas medidas y que, al ser una persona de la tercera edad, mantenerlo en San Pedro representa un peligro inminente para su vida ante posibles ataques de grupos internos.
En la misiva, Murillo enfatiza que no busca favores políticos ni beneficios por salud, sino una revisión transparente de su situación. No obstante, el trasfondo de su mensaje cuestiona la independencia judicial de la era Paz, sugiriendo que el Poder Judicial sigue siendo instrumentalizado por quienes lo perseguían antes de que el nuevo Gobierno asumiera el mando.
El secuestro de sus bienes y la afectación a sus allegados son otros puntos de fricción mencionados en la nota. Murillo describe un escenario de asfixia económica y personal que, según él, busca anularlo por completo. Esta narrativa de "perseguido" intenta resonar en la opinión pública que también ha sido crítica con el manejo de la justicia en los últimos años.
A nivel internacional, el caso de Murillo sigue bajo observación. Tras ser expulsado de Estados Unidos el año pasado, su llegada a Bolivia fue vista como un acto de rendición de cuentas, pero el estancamiento de sus procesos locales alimenta el discurso de la instrumentalización penal. La Casa Grande del Pueblo ahora debe medir el costo de responder o ignorar a quien fuera un aliado en el Legislativo.
Para la gestión de Rodrigo Paz, este pedido de auditoría es una "papa caliente". Acceder podría interpretarse como una injerencia en otro órgano del Estado, mientras que el silencio administrativo podría ser usado por la oposición para denunciar que el sistema judicial no ha cambiado nada. La presión se traslada ahora al Ministerio de Justicia y a la Procuraduría.
Finalmente, el contenido de la misiva revela la fractura que persiste en la política nacional respecto al pasado reciente. Mientras Murillo pide ser juzgado por lo que "tenga que pagar" tras una auditoría, el país observa si el Gobierno de Paz tiene la fuerza política para despolitizar los tribunales o si prefiere evitar el costo de reabrir heridas de hace dos décadas.
El Dato de Cierre: Arturo Murillo fue expulsado de Estados Unidos en septiembre de 2025 tras cumplir condena federal; hoy alega que en Bolivia se le aplican los mismos métodos de persecución que él mismo combatió en su momento.
