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- 2026-03-04
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La viceministra de Autonomías, Andrea Barrientos, ha encendido una mecha que amenaza con dinamitar la relación entre el Palacio y el oriente boliviano. Al declarar que la redistribución de recursos del "50/50" podría tardar desde tres días hasta 10 años, la autoridad no solo desató críticas, sino que puso en duda la voluntad real del Ejecutivo para cumplir con las regiones.
Esta nueva crisis política se encuentra hoy bajo la lupa de La Mesa de Análisis, donde se observa una contradicción flagrante: mientras el presidente Rodrigo Paz prometía en Santa Cruz el inicio del proceso, su viceministra le ponía un freno temporal que suena a postergación indefinida y falta de respeto técnico.
El desarrollo del conflicto no se hizo esperar, provocando una reacción inmediata de la Gobernación de Santa Cruz. Para los líderes cruceños, las palabras de Barrientos son una confesión de que el centralismo no tiene intención de soltar el manejo de la billetera estatal ni de acelerar la autonomía financiera.
Desde la otra acera, el gobernador Luis Fernando Camacho calificó las declaraciones como "ofensivas e irresponsables". Como medida de presión, anunció que la administración departamental no volverá a sentarse en las mesas del Consejo de Autonomía mientras Barrientos permanezca en su despacho, rompiendo el diálogo institucional de tajo.
El impacto de este "sincericidio" administrativo ha golpeado incluso a los sectores cívicos. Agustín Zambrana, desde el Comité, exigió que se nombre un delegado presidencial con capacidad real de decisión, ante la evidente incapacidad operativa del Viceministerio de Autonomías para establecer un cronograma serio de desembolsos.
La tensión crece porque el "50/50" no es solo una cifra, sino el acceso a salud, educación y caminos que las regiones demandan. En las calles, el sentimiento es de engaño, pues se percibe que el Gobierno central utiliza tecnicismos para dilatar una deuda histórica con los departamentos productores.
En el ámbito técnico, se cuestiona por qué no existen mesas de trabajo permanentes que garanticen que la gestión de carburantes y otros ingresos nacionales se coparticipen de manera inmediata. La falta de una hoja de ruta clara alimenta la teoría de que el Estado busca retener el control ante la crisis de divisas.
La viceministra Barrientos, ahora en el ojo de la tormenta, ya cargaba con cuestionamientos previos por su postura centralista. Sin embargo, fijar un plazo de una década para una demanda que es urgente para la supervivencia regional ha sido visto como el punto de no retorno para su permanencia en el cargo.
Dentro del mismo oficialismo, el silencio es sepulcral. Se sabe que las palabras de la autoridad han desautorizado el discurso conciliador que el presidente Paz intentó instalar en su última visita a la capital oriental, dejando al mandatario en una posición de debilidad política.
El desenlace de esta pugna definirá si el "50/50" es una realidad cercana o si se convertirá en otra promesa rota de la burocracia paceña. Santa Cruz ya ha marcado su posición: no habrá más fotos ni reuniones mientras el desprecio centralista siga personificado en la actual dirección de Autonomías.
