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- 2026-02-09
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La promulgación de la Ley 1709 marca el inicio de un cerco judicial sin precedentes sobre la estructura administrativa que acompañó a Luis Arce, hoy tras las rejas.
Con esta norma, el Gobierno pone fin a la posibilidad de que decenas de exautoridades eludan sus cuentas pendientes con el Estado bajo el pretexto de viajes al exterior.
HoyBolivia confirma que la celeridad legislativa busca frenar la salida de quienes aún permanecen libres pero arrastran pesadas acusaciones por el desfalco en entidades como EMAPA.
A diferencia de las 80 personas que habrían abandonado el país en silencio, los que se quedan ahora tienen el "candidato puesto" para enfrentar auditorías y procesos penales.
El plazo de seis meses de arraigo obligatorio garantiza que los responsables de las irregularidades administrativas no encuentren refugio fuera de las fronteras bolivianas.
Esta ley es la respuesta directa a un aparato de poder que, durante la gestión de Arce, acumuló denuncias de corrupción que hoy pesan sobre ministros y directores de área.
La Ley 1709 se convierte en el muro legal que obliga a los excolaboradores a rendir cuentas por sus actos.
El Dato de Cierre: Con el cerco ya oficializado, la justicia boliviana tiene ahora la vía libre para notificar y aprehender a quienes intentaron camuflar sus acciones tras el cargo público.
