Se abroga el DS 5503: El Ejecutivo entrega las rutas a la COB a cambio de oxígeno político

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El Gobierno nacional finalmente dobló las rodillas. Tras días de una asfixia logística que puso en jaque el abastecimiento del eje central, la administración central ha decidido abrogar el polémico Decreto Supremo 5503. Esta movida no es otra cosa que una capitulación política ante la fuerza de los bloqueos, transformando una norma que pretendía ser el "garrote" del Estado en un documento recortado que solo busca la supervivencia financiera del modelo.

La presión ejercida por la COB y los sectores sociales en las carreteras surtió efecto. El nuevo texto legal, que nace de las cenizas del 5503, extirpa quirúrgicamente los artículos que permitían al Estado retomar el control de las vías por la fuerza. Se trata de un repliegue táctico donde el Ejecutivo prefiere dejar las rutas expeditas por voluntad de los movilizados antes que por el imperio de la ley, evidenciando una fragilidad institucional que marcará el resto de la gestión.

Lo que se ha eliminado es, precisamente, lo que más aterraba a los dirigentes: la "mano dura" administrativa. Desaparece la confiscación directa de maquinaria y vehículos pesados, una herramienta que pretendía herir el patrimonio de quienes financian y ejecutan los cortes de ruta. Al retirar esta amenaza, el Gobierno devuelve a los sectores sociales su arma más letal, permitiéndoles bloquear en el futuro sin el riesgo de perder sus activos.

Asimismo, la anulación de las sanciones penales drásticas por restringir la transitabilidad deja un vacío de autoridad peligroso. Las disposiciones que permitían intervenciones policiales y militares sin el farragoso trámite judicial previo han sido borradas del mapa normativo. Esta concesión es el "pago" que el Estado hace para que la COB levante las medidas de presión y permita que el combustible y los alimentos vuelvan a fluir.

Sin embargo, en este juego de tronos a la boliviana, el Gobierno no lo entregó todo. El núcleo económico del decreto original permanece intacto, como un recordatorio de que las arcas del Estado ya no aguantan más parches. El levantamiento de la subvención estatal a los hidrocarburos es irreversible. Es el precio que el país debe pagar por años de consumo subvencionado, y el Ejecutivo sabe que sin esta medida, el colapso fiscal es inminente.

Para endulzar el trago amargo de la gasolina a precio internacional, el acuerdo ratifica el incremento del salario mínimo nacional a 3.300 bolivianos. Es la apuesta del "billetazo" para contener la inflación que se viene. El Gobierno espera que esos pesos extra en el bolsillo del trabajador actúen como un anestésico social frente al encarecimiento inevitable de la canasta básica y los servicios.

Los bonos sociales también han sido blindados en la nueva redacción. Para el aparato estatal, mantener estos pagos es la última línea de defensa frente a un desborde popular mayor. Al asegurar los bonos, se garantiza una red mínima de contención para los sectores más vulnerables, que son, irónicamente, los más afectados tanto por los bloqueos como por el fin de la subvención.

La lectura política de este acuerdo es agridulce. Por un lado, se celebra la pacificación y el retorno de la transitabilidad, pero por otro, queda el sabor amargo de un Estado que debe pedir permiso para aplicar sus propias leyes. La COB sale fortalecida de esta negociación, demostrando que en la Bolivia de 2026, la presión en el asfalto sigue teniendo más peso que cualquier decreto redactado en los despachos de La Paz.

La confiscación de bienes: El fin de la amenaza al patrimonio En el texto original del DS 5503, específicamente en los artículos que regulaban la "Protección de Infraestructura Crítica y Logística Nacional", se facultaba a las autoridades administrativas a proceder con la incautación inmediata de maquinaria pesada, camiones y vehículos particulares identificados en puntos de bloqueo. Esta medida buscaba que el costo de bloquear fuera la pérdida del capital de trabajo.

El riesgo latente es que esta paz sea solo una tregua. Al eliminar los mecanismos de coerción contra los bloqueadores, el Gobierno ha dejado la puerta abierta para que, ante cualquier nueva discrepancia, las carreteras vuelvan a ser el escenario de la extorsión política. Se ha priorizado el flujo de caja y la paz momentánea sobre el establecimiento de un orden público duradero.

En conclusión, el país respira, pero a un costo altísimo. El fin de la era del combustible barato ya está aquí y el sueldo de 3.300 bolivianos será la prueba de fuego para la economía familiar. Mientras tanto, el Gobierno ha aprendido la lección: en el tablero nacional, el que bloquea, manda.

¿Qué significa esto para usted?

    💰 Bolsillo: Prepárese para el ajuste de precios. El salario mínimo sube, pero el costo de transporte y alimentos lo seguirá de cerca.

    🛡️ Seguridad: Las carreteras se liberan por ahora, pero la impunidad legal para bloquear se ha institucionalizado en el nuevo decreto.

    ⏳ Tiempo: Se normaliza el tránsito en el eje central, permitiendo que el comercio y los viajes interdepartamentales se retomen de inmediato.