Bolivia al límite: El costo de la intransigencia y el asedio al bolsillo

Bolivia atraviesa una de las crisis más agudas de su historia reciente, marcada por un pulso de poder que ha trascendido las oficinas estatales para instalarse en las carreteras. El gobierno de Rodrigo Paz se enfrenta a una COB que ha decidido utilizar el bloqueo como su única moneda de cambio, asfixiando la logística nacional en un intento por forzar la abrogación del polémico Decreto Supremo 5503. Esta pulseta política no solo mide la resistencia del Ejecutivo, sino que pone a prueba la viabilidad de un modelo de gestión que busca estabilidad a través de decretos en un país acostumbrado al cogobierno sindical.

¿Debe el Gobierno ceder a la presión y anular la norma? La respuesta es compleja, pero la capitulación total ante el chantaje de las carreteras sentaría un precedente nefasto para la gobernabilidad. Ceder implicaría admitir que la gestión pública está supeditada al veto de un sector que, si bien representa a los trabajadores, hoy actúa como verdugo de la economía nacional. La anulación del DS 5503, sin una alternativa técnica consensuada, dejaría un vacío normativo peligroso y enviaría una señal de debilidad institucional que cualquier grupo de presión utilizará en el futuro para torcer el brazo del Estado.

El panorama económico es desolador y se siente con mayor fuerza en la mesa de los bolivianos. Los bloqueos no son solo barricadas de piedras y tierra; son diques que contienen el flujo vital de alimentos y suministros hacia los mercados. Esta parálisis intencionada está gestando una crisis silenciosa pero devastadora en la canasta familiar. La imposibilidad de trasladar productos desde los centros de producción hacia las ciudades genera una presión inflacionaria inevitable que termina castigando al ciudadano de a pie, aquel que no bloquea pero que ve cómo el costo de vida se dispara mientras la dirigencia política y sindical sigue enfrascada en su disputa por el poder.

En este escenario, la figura de Edmand Lara, presidente nato de la Asamblea Legislativa, emerge con un rol protagónico pero profundamente divisorio. Lara ha optado por un distanciamiento estratégico del Ejecutivo, asumiendo una postura de fiscalización extrema que raya en la oposición interna. Al impulsar proyectos de ley para frenar los decretos presidenciales, el Legislativo se ha convertido en un campo de batalla donde la independencia de poderes parece haber mutado en un sabotaje institucional. La falta de coordinación entre la Casa Grande del Pueblo y la Asamblea no solo ralentiza las soluciones, sino que profundiza la grieta de un Estado que parece tener dos cabezas que miran en direcciones opuestas.

La política boliviana hoy se juega en el filo de la navaja. Por un lado, un Gobierno que intenta imponer orden administrativo mediante decretos; por otro, una COB que ha radicalizado su cerco para no perder privilegios históricos; y al centro, un Legislativo que, en lugar de ser el puente del diálogo, actúa como el juez de un duelo que desangra al país. Mientras estas esferas de poder se desgastan en ataques retóricos y medidas de presión, la población queda atrapada en el fuego cruzado, pagando el precio de una crisis que amenaza con devorar la paz social y la estabilidad económica.

El futuro inmediato de Bolivia depende de la capacidad de sus líderes para deponer la intransigencia. Si el Gobierno no logra articular una política de diálogo efectiva que no signifique la entrega total del Estado, y si la dirigencia sindical persiste en asfixiar al país, el estallido de la crisis de la canasta familiar será incontenible. La política debe volver a los cauces del consenso; de lo contrario, el único ganador de este conflicto será el caos, y el gran perdedor, como siempre, el pueblo boliviano que solo pide trabajar y vivir con certidumbre.