Ofensiva judicial contra Alcón: Denuncia penal por Esquema de Fundaciones y publicidad estatal

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Lo que comenzó como una serie de cuestionamientos públicos ha escalado a los tribunales. La diputada Lissa Claros, en representación de la alianza Libre, presentó este miércoles una denuncia penal formal ante la Fiscalía General del Estado contra la exviceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señalándola como la arquitecta de un esquema de beneficios irregulares con fondos públicos.

El Modus Operandi: Frecuencias y Contratos

La denuncia no solo apunta al manejo de la pauta oficial, sino a una estructura de supuesta legitimación de beneficios:

    La Fundación como fachada: Según la acusación, Alcón habría gestionado y obtenido cuatro frecuencias radiales a nombre de una fundación vinculada a su entorno cercano.

    Pauta Preferencial: Una vez obtenidas las licencias, estas emisoras habrían sido beneficiadas con contratos millonarios de publicidad estatal, direccionados desde el propio Viceministerio que ella encabezaba.

    Enriquecimiento Ilícito: La legisladora Claros enfatizó que existe una desproporción injustificada entre los ingresos declarados por la exautoridad y el patrimonio acumulado durante su gestión.

"Menos denuncias mediáticas, más procesos legales"

En un dardo directo hacia otros sectores de la oposición, particularmente contra el senador Rodrigo Paz, la diputada Claros marcó distancia sobre la forma de fiscalizar:

    “Estamos haciendo el trabajo que otros no hacen. No basta con decir frente a las cámaras que se han robado la plata; la fiscalización real se hace en los tribunales. Por eso, hemos solicitado formalmente el embargo preventivo de todas sus cuentas y una alerta migratoria inmediata”, sentenció Claros.

Contexto adicional: El rastro del dinero

Investigaciones previas y reportes de fiscalización sugieren que los contratos bajo sospecha podrían ascender a cifras de siete dígitos. El caso Alcón se suma a una serie de auditorías que pesan sobre el Viceministerio de Comunicación, anteriormente criticado por el financiamiento de los denominados "guerreros digitales" y la concentración de la pauta en medios con mínima audiencia pero alta afinidad política.

Medidas solicitadas a la Fiscalía:

    Alerta Migratoria: Para garantizar la presencia de Alcón en el proceso.

    Anotación Preventiva de Bienes: Para asegurar la reposición del daño económico al Estado.

    Levantamiento de Secreto Bancario: Para rastrear el destino final de los pagos por publicidad estatal.