¿Debe adecuarse el Estado a la nueva realidad?

Al llegar al gobierno, el MAS sostuvo que Bolivia se asentaba sobre una matriz colonial impuesta desde 1492, que destruyó el avance técnico de los pueblos indígenas e impuso una convivencia obligada entre dominadores y dominados.

Sobre esa tesis se modificó la Constitución de 2009 para reivindicar el indigenismo. La gestión se acomodó entonces a la receta del Socialismo del Siglo XXI de Heinz Dieterich, por influencia del Foro de São Paulo y de Hugo Chávez. Fue la fusión del marxismo clásico con la exaltación indigenista: una estructura institucional para atrincherarse y luchar contra la sepultura de lo comunitario bajo la modernidad, erigiendo la condición indígena como proyecto de poder.

Esa doctrina resultó atractiva. A los ideólogos del MAS, de base sindical cocalera e indianista, les sirvió para dar contenido, causa y sentido a su movimiento. La nueva Carta Magna fue puesta en vigencia con un propósito claro: usufructuar los recursos que entrega la Pachamama bajo la convicción de que deben servir al indígena por el solo hecho de serlo y únicamente a ellos.
Aquí conviene una distinción esencial. El ideólogo Fausto Reinaga y el MITKA tenían el objetivo de liberar al indio del Estado. El MAS, en cambio, utilizó al indio para capturar el Estado. El indigenismo en el poder recurrió a la simbología india para expandir el Estado.

El MAS-IPSP tiene raíces indianistas. El indianismo reivindica el Tawantinsuyu, el Qullasuyu, es decir, la identidad india como proyecto civilizatorio propio y rechaza la integración al Estado-Nación mestizo. Su lema lo resume: "Ni de izquierda ni de derecha, únicamente indios". En pocas palabras: el indigenismo habla por el indígena para integrarlo; el indianismo habla desde el indígena para liberarlo. De ahí el eslogan: "Como indios nos explotaron, como indios nos liberaremos".

He sostenido que Bolivia fue utilizada como escenario telúrico ancestral para un peligroso experimento social-indígena, financiado por varias ONGs extranjeras, estudiosos europeos y organizaciones evangélicas norteamericanas, curiosas por probar hasta qué extremo el indígena responde a estímulos de un pasado recreado y a un resentimiento exacerbado.

Veinte años son tiempo más que suficiente para blindar una gestión de la aplicación de la ley.
Hoy el nuevo gobierno deberá acudir a los mejores economistas para sacar al país de la cloaca en la que, según el propio presidente, hemos caído, al convertirnos en un país "tranca". A la crisis de Estado se suma el agotamiento de los hidrocarburos, un consenso ya técnico y no político.

Entre 2006 y 2022 se perforaron menos de 20 pozos exploratorios de alto impacto, muy por debajo de lo necesario para reponer reservas. Se optó por concentrar recursos en campos maduros. La herencia es estructural: menos dólares entran por gas, más dólares salen por diésel y gasolina importada. El subsidio, que antes se financiaba con renta gasífera, hoy se paga echando mano a las reservas del BCB y aumentando la deuda.

La situación muestra una sola salida: adecuar las instituciones del Estado a esta nueva realidad.
En lo económico, una Ley de Inversiones sin candados, que otorgue seguridad jurídica y garantice los contratos. En lo institucional, fortalecer la UIF, la FELCN y el Ministerio Público con responsabilidades directas y recuperar el control territorial efectivo del Estado.

SUMARIO: Veinte años después, el modelo indigenista de 2009 está agotado. Menos gas, más importación de diésel y un Estado blindado obligan a una nueva Ley de Inversiones y a recuperar el control territorial.