Bloqueos, secuestro democrático y derechos silenciados

En mayo de 2026, Bolivia atraviesa una encrucijada que trasciende la coyuntura política para cuestionar la esencia misma de nuestra democracia. Mientras la Central Obrera Boliviana (COB) declara un “paro indefinido movilizado” y el sector transporte ejecuta bloqueos escalonados que paralizan rutas troncales, una realidad silenciosa pero devastadora se impone, miles de ciudadanos ajenos a las estructuras sindicales están siendo convertidos en rehenes de una táctica que ya no busca diálogo, sino coerción. Este artículo analiza, desde una perspectiva jurídica y constitucional, cómo la instrumentalización de los bloqueos erosiona el sistema democrático y vulnera sistemáticamente los derechos humanos de la mayoría NO movilizada.

1. De la reivindicación legítima a la extorsión colectiva

El derecho a la protesta no es un invento doctrinal; emana directamente de la libertad de reunión y expresión consagrada en los numerales 4 y 5 del artículo 21 de la Constitución Política del Estado (CPE). Bolivia reconoce en la movilización pacífica un mecanismo válido para exigir justicia cuando los canales institucionales fallan. Sin embargo, como toda libertad fundamental, no es absoluta. La propia Constitución establece un límite inquebrantable, el ejercicio de un derecho no puede anular el de los demás. Cuando la protesta se transforma en bloqueo prolongado de vías troncales, retención de viajeros, cierre de calles y agresiones a transportistas independientes, deja de ser un acto de resistencia legítima para convertirse en un mecanismo de presión ilegítima y violenta.

El cabildo de la COB en El Alto no solo declaró el paro, sino que explicitó una exigencia política de alcance institucional, “si el Gobierno no soluciona de manera inmediata, tiene que dar un paso al costado”. Paralelamente, la Confederación de Choferes anunció un paro escalonado con bloqueos en capitales y la red vial fundamental, demandando diálogo directo con el Presidente y sus ministros. Esta estrategia busca la asfixia económica y logística. Según analistas citados por medios nacionales, cada día de paro cuesta al país aproximadamente 55 millones de dólares. Esta cifra no es un dato abstracto; refleja cadenas productivas interrumpidas, cosechas de soya en riesgo en Santa Cruz, la pérdida de productos agrícolas de pequeños productores y un desabastecimiento que golpea directamente al consumidor final. Al cruzar el umbral de la coerción sistemática, la protesta se desnaturaliza y se convierte en lo que la doctrina jurídica denomina “gobierno paralelo por la fuerza de la obstrucción”.

2. Los derechos silenciados: el costo humano de la paralización

El núcleo de esta crisis no reside en la legitimidad de las demandas sindicales, sino en la invisibilización deliberada de quienes las padecen sin tener voz en las asambleas. Gremiales, cuentapropistas, transportistas independientes, productores agrícolas, profesionales, estudiantes, pacientes y turistas soportan una violación sistemática de derechos humanos que el ordenamiento interno y el derecho interamericano prohíben taxativamente.

En primer lugar, el derecho a la libertad de circulación y residencia (Art. 21.7 CPE y Art. 22 de la CADH) está siendo conculcada de facto. En Caranavi y Yucumo, más de un centenar de camiones y buses fueron varados, mientras viajeros, adultos mayores y familias quedan atrapados en puntos de control. Retener a civiles contra su voluntad, aunque no sea en una celda, constituye una privación de libertad no judicializada que vulnera el artículo 7 de la CADH. No se requiere una orden de arresto para coartar la libertad; basta con un punto de bloqueo que decida unilateralmente quién pasa y quién no.

En segundo lugar, el derecho a la salud (Art. 18 CPE y los principios del derecho interamericano) corre un riesgo inminente. La obstrucción de rutas críticas impide el tránsito de ambulancias, insumos médicos, insulina, oxígeno y tratamientos oncológicos. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (Sentencia 0721/2024-S2) ha sido explícita, los bloqueos que afectan la transitabilidad y el abastecimiento de la canasta familiar transgreden el derecho a la libre circulación y generan responsabilidad estatal por omisión. No se puede invocar “presión social” para justificar el estrangulamiento de servicios esenciales. La vida humana no es moneda de cambio en ninguna negociación política.

En tercer lugar, el derecho al trabajo digno y a la propiedad (Arts. 46 y 56 CPE; Arts. 6 y 21 CADH) están siendo pulverizados. El Comité Multisectorial y la Confederación de Gremiales han rechazado públicamente el paro, advirtiendo que “no viven del conflicto, sino del trabajo diario”. Para un gremial, un transportista independiente o un agricultor, cada jornada de bloqueo significa pérdida de ingresos, mercancías perecederas arruinadas y deterioro patrimonial irreversible. La propiedad privada, mientras cumpla una función social, es inviolable. Destruir cosechas, varar camiones y paralizar comercios no es un “daño colateral”; es una violación previsible y evitable del patrimonio ajeno.

Finalmente, el interés superior de la niñez (Art. 60 CPE y Art. 19 CADH) está siendo ignorado. Niños expuestos a condiciones inhóspitas, estudiantes sin acceso a sus aulas y familias separadas por la paralización vial son las víctimas invisibles de una táctica que prioriza la confrontación sobre la dignidad humana. La democracia no se construye sacrificando a los más vulnerables en el altar de la presión política.

3. El riesgo institucional: erosión democrática y fractura del Estado de Derecho

Más allá del impacto económico y social, la estrategia de bloqueo prolongado plantea una amenaza estructural al sistema democrático. El artículo 11 de la CPE establece que Bolivia adopta una forma de gobierno democrática, participativa, representativa y comunitaria. La legitimidad del gobierno de Rodrigo Paz Pereyra emana del sufragio universal, no de la presión callejera. Cuando sectores organizados exigen la renuncia del Presidente mediante la paralización del país y la asfixia económica, intentan sustituir los mecanismos constitucionales de control y revocatoria por un mecanismo de facto de defenestración.

Esta dinámica genera tres riesgos institucionales críticos. Primero, la deslegitimación de la autoridad electa. La retención del viceministro de Régimen Interior, Hernán Paredes, en Caranavi, junto con el ultimátum de 24 horas para su salida, constituye un acto de coacción que vulnera el artículo 114 CPE, el cual prohíbe toda forma de violencia física o moral contra servidores públicos. Segundo, la parálisis de funciones estatales esenciales. Cuando 20 cisternas y un laboratorio móvil de la Agencia Nacional de Hidrocarburos quedan inmovilizados, no solo se frena el suministro de combustible; se obstaculiza la capacidad del Estado para garantizar servicios básicos, abastecimiento y seguridad alimentaria (Art. 16 CPE). Tercero, la normalización de la impunidad. La tolerancia institucional frente a bloqueos que violan derechos fundamentales envía un mensaje perverso, la ley se aplica selectivamente y la fuerza de la obstrucción prima sobre el diálogo institucional.

El Estado no es un espectador neutral. El artículo 1.1 de la CADH y el artículo 13.1 de la CPE imponen el deber de respetar y garantizar los derechos frente a amenazas, incluso aquellas provenientes de actores privados. La inacción no es prudencia; es complicidad pasiva. Además, Bolivia ha asumido compromisos en la CAN y MERCOSUR que exigen libre tránsito de mercancías. Permitir que el país sea estigmatizado como un territorio paralizado no solo daña la economía; incumple tratados internacionales y debilita la inserción estratégica de Bolivia en la región. Un Estado que no garantiza el libre tránsito interno y externo pierde soberanía operativa y credibilidad diplomática.

4. Límites jurídicos y el imperativo del diálogo institucional

Es fundamental desmontar un falso dilema que se repite en el debate público, o se criminaliza toda protesta, o se acepta cualquier forma de bloqueo como ejercicio legítimo de derechos. La verdad jurídica se encuentra en un punto intermedio, trazado con precisión por la Constitución y el derecho internacional. Las marchas pacíficas en plazas, los plantones en oficinas públicas y las expresiones de disenso son manifestaciones válidas que fortalecen la democracia. Por el contrario, la extorsión mediante el bloqueo de vías públicas, puentes tomados, amenazas de paralización indefinida, retención de civiles y obstrucción de rutas internacionales son actos de coacción que la debilitan.

El ordenamiento jurídico ya cuenta con mecanismos para cuestionar normas o políticas públicas. Si existe duda sobre la constitucionalidad de un decreto o ley, la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta (Art. 202.1 CPE) permite a los legisladores plantear el debate ante el Tribunal Constitucional de manera transparente. Si hay incumplimiento de deberes administrativos, la Acción de Cumplimiento (Art. 134 CPE) obliga a las autoridades a ejecutar lo pactado. Saltarse estos cauces para imponer demandas mediante el caos callejero no es justicia social; es un atajo autoritario que erosiona la cultura institucional. Los sectores movilizados prefieren la confrontación directa porque saben que los mecanismos jurídicos exigen rigor, plazos y sustento técnico, elementos que la táctica del bloqueo busca eludir mediante la urgencia artificial.

Lo que Bolivia necesita no es represión indiscriminada, sino un Estado presente y firme. Un Estado que distinga con claridad entre quien ejerce un derecho y quien comete un abuso. Un Estado que garantice corredores humanitarios permanentes, investigue la retención de autoridades y civiles, sancione la obstrucción peligrosa de vías (Art. 214 del Código Penal) y promueva diálogos con agendas técnicas acotadas, plazos perentorios y veeduría de los sectores afectados. La propuesta legislativa para tipificar la “coacción colectiva mediante bloqueo ilegal”, con sanciones graduales y eximentes para participantes pacíficos sin liderazgo, no es un retroceso democrático; es una salvaguarda constitucional. Porque un Estado que no protege el derecho a la salud, al trabajo, a la educación, a la propiedad o a la libre circulación deja de ser un Estado de Derecho para convertirse en un campo de batalla.

5. Hacia una democracia que no negocia con la coerción

La primera semana de mayo de 2026 debe marcar un punto de inflexión en la historia política de Bolivia. No se trata de silenciar a los sectores que reclaman mejores condiciones laborales, combustible de calidad o carreteras transitables. Esas son demandas legítimas que merecen atención técnica y respuesta institucional. El gobierno ya ha adoptado medidas concretas, como el Decreto Supremo 5617 para agilizar la conversión a GNV, una inversión de 870 millones de bolivianos en mantenimiento vial y el despliegue de laboratorios móviles de la ANH. Estas acciones deben acompañarse de voluntad política real y cumplimiento verificable, no de anuncios vacíos que alimentan el escepticismo.

Se trata, sí, de recordar que en una democracia plural ningún grupo tiene derecho a imponer su voluntad mediante la asfixia económica, la retención de civiles o la paralización de servicios esenciales. Los gremiales, los transportistas independientes, los productores agrícolas, las pymes, los profesionales y las familias que dependen del ingreso diario no son “daños colaterales” de la protesta; son el corazón productivo y social del país. Sus derechos están consagrados en la Constitución y protegidos por tratados internacionales de rango superior. Vulnerarlos en nombre de una supuesta “presión popular” es traicionar el espíritu del vivir bien, que exige armonía, reciprocidad y responsabilidad (Art. 8 CPE).

El sistema democrático boliviano es resiliente, pero no invulnerable. Su fortaleza radica en la capacidad de transformar el conflicto en diálogo, la demanda en política pública y la movilización en participación institucional. Permitir que la táctica del bloqueo prolongado se normalice es abrir la puerta a la erosión gradual del orden constitucional. La respuesta no está en la criminalización indiscriminada, sino en la aplicación proporcional, transparente y firme de la ley, junto con la voluntad política de atender los reclamos legítimos sin ceder ante la coerción.

Bolivia no puede seguir siendo rehén de su propia historia. Es hora de recuperar el equilibrio entre el derecho a protestar y el deber de respetar. Porque la democracia no se defiende con barricadas, sino con instituciones fuertes, derechos garantizados y un Estado que protege a todos, especialmente a quienes no tienen sindicato, pero sí dignidad. El futuro del país no se decide en los puntos de bloqueo, sino en las mesas de diálogo, en las aulas de justicia y en la voluntad colectiva de construir un orden donde ninguna causa, por justa que parezca, justifique el sufrimiento innecesario del inocente.

*El autor es Abogado y Magister en Gestión Pública Judicial