Legalizar chutos: la propuesta que entierra a los caídos en la frontera

Imagine que su vecino cruza la frontera, roba un auto en Chile, lo trae a Bolivia escondido, sin pagar un solo impuesto, sin declararlo, sin papeles, sin ley. En lugar de que el Estado lo decomise, lo investigue o lo lleve a juicio, le dice: “Pague una multa simbólica y el auto será legalmente suyo”. Ahora mire hacia su garaje: usted, que ahorró cinco años de salario, que esperó trámites, que pagó cada impuesto, cada timbre, cada recibo, ve cómo su esfuerzo se convierte en una burla. Peor aún: el impuesto que usted paga hoy, servirá para financiar la “amnistía” del ladrón. ¿Dónde quedó la justicia? ¿Dónde quedó el “ama suwa” ese principio sagrado que nos enseña: “no seas ladrón”, si ahora el Estado no solo lo tolera, sino que lo premia?

Así, con esta lógica torcida, se teje la propuesta electoral de “nacionalizar los chutos”: vehículos que no son simples “irregulares”, sino producto de contrabando, evasión fiscal y, en muchos casos, robo internacional. Autos que alimentan redes criminales, que desplazan a los talleres legales, que matan empleos formales y que, por arte de magia política, se convertirían en “legales” con un trámite, un sello y una sonrisa burocrática. ¿Es esto justicia social? ¿O es la rendición del Estado ante el delito, disfrazada de solución popular?

Cuando la ley mira hacia atrás para premiar:

Existe un principio jurídico tan antiguo como la civilización: la ley no retrocede. Es como un faro en la costa: ilumina el camino que viene, no castiga por lo que se hizo en la oscuridad del pasado. Eso es la irretroactividad. Y tiene una excepción sagrada: solo puede mirar atrás si es para beneficiar, para aliviar, para perdonar, nunca para premiar.

En materia aduanera, esto es claro: quien introdujo un auto sin pagar impuestos, sin declarar, por una vía ilegal o escondido en un camión, cometió CONTRABANDO. No una “infracción”, no un “error”. Un DELITO. Tipificado, sancionado, con pena de cárcel y comiso. El Código Tributario lo dice sin ambigüedades: si el valor de los tributos evadidos supera las 200.000 UFV, lo cual ocurre con casi cualquier auto, estamos ante un crimen que merece prisión de 5 a 10 años.

Una ley que “legalice” esos vehículos sin exigir el pago íntegro de lo robado al fisco, sin multa ejemplar, sin reparación, no es una ley benigna. Es una ley de impunidad disfrazada de solución.

La traición ética:

Aquí no se discute si técnicamente se puede hacer. Se discute si se debe hacer. Y la Constitución responde con una voz ancestral: “Ama suwa” no seas ladrón.

Legalizar los “chutos” sin condiciones es una bofetada a este principio ético fundacional. Es decirle a la sociedad: “Robar al Estado está mal, pero si esperas suficiente tiempo y votas por el candidato correcto, te lo perdonamos”. ¿Qué clase de mensaje es ese? ¿Qué enseñamos a nuestros hijos? ¿Que la paciencia en el delito tiene recompensa?

Pero hay más. El Artículo 8 de la Constitución no solo prohíbe el robo, sino que exige igualdad, equidad social y justicia. ¿Dónde queda la equidad cuando el ciudadano que pagó impuestos, esperó trámites, cumplió con la ley, ve cómo su vecino, que violó todo, obtiene el mismo derecho sin costo alguno? ¿Dónde está la justicia cuando el Estado, en lugar de castigar al infractor, lo invita a firmar un título de propiedad?

Cuando el Estado olvida a quienes defendieron la ley:

Detrás de cada “chuto” hay una historia de impunidad. Pero también hay historias de sacrificio. De militares, policías, funcionarios aduaneros que dieron su vida en la lucha contra el contrabando. Según reportes, 18 caídos, más de 220 heridos desde 2018. Familias rotas. Niños sin padres. Madres sin hijos.

¿Qué les dice el Estado a esas familias si aprueba una ley que “blanquea” el producto del delito por el que sus seres queridos murieron? Nada. Las ignora. Las humilla. Convierte su sacrificio en una anécdota incómoda, en un costo colateral de una “solución política”.

El Artículo 113 de la Constitución garantiza a las víctimas el derecho a la reparación y resarcimiento. ¿Dónde está la reparación para ellas? ¿Dónde el monumento, la pensión, el reconocimiento? En ninguna parte. Porque la propuesta de nacionalización no incluye un solo boliviano destinado a honrar a los caídos. Solo incluye una salida fácil para los que burlaron la ley a objeto de conquistar su voto electoral.

Cuando el Estado pierde su alma:

La Constitución no es un manual de procedimientos. Es un pacto moral. Un acuerdo entre ciudadanos y Estado: ustedes cumplen, nosotros protegemos; ustedes pagan, nosotros servimos; ustedes respetan, nosotros garantizamos.

Una ley que premia el contrabando rompe ese pacto. Deslegitima al Estado. Si hoy perdona el robo de autos, ¿qué impedirá que mañana perdone el robo de medicinas, de alimentos, de recursos naturales, libere de juicio a los corruptos? ¿Dónde está el límite?

Además, genera un incentivo perverso: “Si espero, me lo legalizan”. Y lo peor: no es una fantasía. Las noticias lo confirman: desde que la propuesta electoral se hizo pública, el robo de autos en Chile, Perú, Brasil y Argentina ha aumentado. Porque los contrabandistas saben que, si logran meter el vehículo y esperan, habrá un político dispuesto a “arreglarlo” por votos.

¿Qué clase de país queremos ser?

La próxima vez que escuche esta propuesta, no piense en el “chuto” barato. Piense en:

• El comerciante legal que cerró su negocio de importación porque no pudo competir con los vehículos “chutos”.


• El contribuyente honesto que paga impuestos para compensar lo que otros evadieron.


• La viuda del militar que murió en una emboscada de contrabandistas.


• El niño que pregunta: “Papá, ¿por qué tú trabajas tanto si otros roban y ganan?”

Exijamos a nuestras líderes no campañas basadas en el atajo inmoral, sino en el fortalecimiento de una justicia que proteja a quien siempre ha jugado limpio. Que honre a los caídos. Que castigue al delito, no lo premie. Que defienda el “ama suwa”, no lo traicione.

Porque “vivir bien” no se construye sobre el robo perdonado. Se construye sobre la dignidad recuperada, la ley respetada y la memoria honrada.

Y eso, señor candidato, no se compra con una propuesta electoral. Se gana con coraje, ética y respeto a quienes dieron todo por un país mejor.