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En pasadas fechas, el presidente Luis Arce anunció que convocó a los dos candidatos que irán a segunda vuelta, Rodrigo Paz y Tuto Quiroga, a una reunión para mostrarles la crítica situación económica del país, especialmente el problema de los combustibles.
La reacción fue inmediata: Rodrigo Paz aceptó, Tuto Quiroga la rechazó con duras críticas, diciendo que es una maniobra de distracción.
Pero, más allá de las posturas políticas, hay una pregunta que todos deberíamos hacernos:
¿Está permitido por ley que un gobierno saliente haga esto antes de que haya un ganador oficial?
La respuesta corta es: NO, no está permitido. Y no es por capricho, sino porque existen reglas claras para proteger la democracia.
El Estado debe ser imparcial, como un árbitro
Imaginemos que el país es un partido de fútbol, y estamos en la final entre dos equipos. El presidente, en este momento, es como el árbitro.
Su trabajo no es dar consejos a uno de los dos equipos, ni mostrarle los planes del otro. Tiene que quedarse neutral hasta que termine el partido.
Lo mismo pasa con el Estado. Durante una elección, el Presidente y sus Ministros NO pueden hacer actos oficiales que beneficien o perjudiquen a un candidato. Eso lo establece el principio de imparcialidad previsto en el artículo 232 de la CPE y la Ley de Régimen Electoral.
Hacer una reunión de alto nivel con solo dos candidatos, antes de que se sepa quién ganó, rompe esa neutralidad. Aunque el objetivo sea “informar”, el acto en sí puede verse como un gesto de cercanía con uno u otro.
El ganador aún no existe
Aquí viene lo más importante: legalmente, todavía no hay un Presidente electo, solo hay dos candidatos que van a una segunda vuelta, el único que puede decir quién ganó es el Órgano Electoral Plurinacional, después de contar todos los votos y proclamar oficialmente al nuevo mandatario.
Y la ley es clara:
La entrega formal del gobierno se hace solo al ganador, después de la proclamación.
No antes. No a dos personas a la vez, hacerlo ahora sería como entregar las llaves de una casa a alguien que aún no ha firmado la escritura, no tiene valor legal.
Una reunión no es una entrega de cuentas
Una charla, por más importante que sea, no reemplaza el proceso legal de entrega del mando.
La Ley 1178, que regula cómo deben rendir cuentas los funcionarios, exige que la entrega sea:
• Por escrito,
• Con documentos detallados (de presupuesto, deuda, proyectos, etc.),
• Con actas firmadas por ambas partes y con la participación de la Contraloría General del Estado, que audita todo.
Una reunión sin estos elementos no sirve como “entrega formal”, es como si un gerente de banco te dice en persona que hay problemas con las cuentas, pero no te entrega ningún informe firmado.
“Ya lo sabían” no es excusa
Aquí viene una trampa peligrosa: ¿Qué pasa si, después de que empiece el nuevo gobierno, la economía empeora y el presidente saliente dice: “Pero si ya les avisé en la reunión”?
Eso no libera de responsabilidad al gobierno que termina.
Por ley, el gobierno saliente es responsable de todo lo que hizo durante su gestión: cómo gastó el dinero, qué contratos firmó, qué decisiones tomó.
No importa si los candidatos “ya sabían”.
La rendición de cuentas verdadera se hace con papeles, auditorías y actos oficiales, no con rumores o encuentros privados en cuatro paredes.
¿Por qué todo esto debería importarnos a los ciudadanos?
Porque una transición clara, legal y transparente es la única forma de que el próximo Presidente, sea quien sea, pueda tomar decisiones desde el primer día para resolver los problemas reales, como ser:
• La falta de dólares.
• La subida de precios.
• Las colas para cargar gasolina.
• Necesita información real, completa y verificable.
• No versiones parciales, no reuniones de emergencia sin registro.
Conclusión:
Las reglas existen para proteger al país, el proceso de transición no está diseñado para favorecer a nadie, está diseñado para proteger al Estado, para que no quede en manos de intereses personales o actos improvisados.
