Demagogia: El juego perverso de ilusionar al pueblo

Las elecciones generales de 2025 en Bolivia trascendieron la mera disputa por el Órgano Ejecutivo para convertirse en un reflejo de la fragilidad democrática del país. En un escenario marcado por el descontento social, el estancamiento económico y el deterioro institucional, las campañas se llenaron de propuestas simbólicas pero INSOSTENIBLES, que priorizaron el impacto político sobre la viabilidad real. Frente a una crisis de legitimidad y un crecimiento económico estancado, el verdadero riesgo no es quién gobierna, sino la normalización de promesas inviables que socavan la responsabilidad fiscal, el orden constitucional y los principios éticos del Estado. Estas promesas, lejos de ser simples errores técnicos, constituyen una deslealtad cívica que atenta contra el espíritu mismo de la Constitución.



Análisis del Proceso Electoral

El proceso electoral del 17 de agosto de 2025 fue técnicamente ordenado y logísticamente eficiente, gracias al trabajo del Órgano Electoral Plurinacional. Sin embargo, más allá de la ausencia de fraude, la verdadera debilidad del proceso fue el pobre nivel del debate político: dominado por propuestas electorales desvinculadas de la realidad fiscal, jurídica y económica del país. En un contexto de déficit estructural, dependencia de los hidrocarburos y mala gestión estatal prolongada, resulta irresponsable promover aumentos de gasto público sin sustento. Las propuestas deben ser más que populares; deben ser viables, sostenibles y ajustadas al marco constitucional.

Análisis de Propuestas Clave de Candidatos: El caso del binomio Paz-Lara

Entre las propuestas más llamativas y cuestionables destacó la del binomio Rodrigo Paz Pereira y Edman Lara, del Partido Demócrata Cristiano. Su plan incluía dos promesas populares, pero que poco tienen que ver con la realidad económica y jurídica del país. Más que soluciones, parecen ilusiones diseñadas para ganar el apoyo de los sectores más vulnerables con promesas imposibles de cumplir.

Primera propuesta: Eliminación de la renta vitalicia a ex presidentes para financiar el aumento de la Renta Dignidad.

La propuesta consistía en elevar el monto de la Renta Dignidad para adultos mayores, de 350 a 2.000 bolivianos mensuales, y a 1.000 bolivianos para quienes ya reciben una pensión. El financiamiento, según afirmaron, provendría de la supresión de la renta vitalicia que reciben los ex presidentes. A primera vista, la medida parece simbólicamente justa: redistribuir recursos de privilegiados hacia sectores vulnerables. Sin embargo, un análisis detallado revela su insostenibilidad.

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2024 indica que Bolivia tiene 11.312.620 habitantes, de los cuales el 9,5%, es decir, 1.074.699 personas son adultos mayores de 60 años. Si se asume que todos ellos califican para la Renta Dignidad y se les otorgan 1.000 bolivianos adicionales mensuales (en el caso de quienes ya reciben pensión), el costo mensual sería de 1.074.699.000 bolivianos, y anual de 12.896.388.000 bolivianos. Este monto equivale a más del 600% del presupuesto Departamental de Santa Cruz, el más alto del país. En contraste, la renta vitalicia de un solo ex presidente asciende a 330.000 anuales. Aunque se eliminara esta renta para todos los ex mandatarios vivos (actualmente ocho entre presidentes y ex-presidentes), el ahorro sería de apenas 2.640.000 anuales una fracción insignificante del costo total.

Además, desde el punto de vista jurídico, la propuesta choca con el Artículo 123 de la Constitución Política del Estado, que establece el principio de irretroactividad de la ley: “La ley sólo dispone para lo venidero y no tendrá efecto retroactivo, excepto en materia laboral, cuando lo determine expresamente a favor de las trabajadoras y de los trabajadores”. Las rentas vitalicias están establecidas en la ley N° 376 de 15 de mayo de 2013 y tienen carácter contractual. Su eliminación unilateral violaría derechos adquiridos y generaría responsabilidades. La propuesta, por tanto, no solo es económicamente inviable, sino también inconstitucional.

Segunda propuesta: “Salario universal para la mujer con lo que genere el oro”.

Esta propuesta, aún más ambigua, promete un ingreso mensual para las mujeres, específicamente madres, financiado con los ingresos de la explotación del oro. Según datos del censo, hay aproximadamente 2.3 millones de mujeres madres en Bolivia. Un subsidio simbólico de 100 bolivianos mensuales por persona implicaría un costo anual de 2.760.000.000 bolivianos, casi 400 millones de dólares al T/C 6.96, una cifra superior al presupuesto de varias gobernaciones.

Pero el problema no es solo el costo. Es la fuente de financiamiento. La propuesta asume que el Estado puede capturar ingresos del oro como si fuera un recurso estatal fácilmente explotable. Sin embargo, la realidad es distinta: COMIBOL no tiene capacidad operativa para explotar oro a gran escala, y la minería aurífera en Bolivia está dominada por cooperativas mineras y empresas privadas, muchas de ellas informales o semiformales. El Estado apenas capta regalías limitadas por este mineral, y no existe un marco legal sólido para nacionalizar o centralizar su explotación sin generar conflictos sociales y jurídicos.

¿Qué se esconde tras esta propuesta? O bien una ignorancia deliberada de la estructura productiva del país, o bien una intención encubierta de estatizar la explotación del oro, afectando a miles de pequeños mineros que dependen de este sector. En cualquier caso, la medida carece de sustento técnico, vulnera el principio de seguridad jurídica y podría desencadenar tensiones sociales en regiones como La Paz, Potosí, Beni y Pando, donde la minería ilegal es un pilar económico.



La traición a los principios constitucionales del vivir bien

Las promesas insostenibles del binomio Paz-Lara no solo son inviables desde el punto de vista fiscal y jurídico, sino que constituyen una traición a los principios éticos de la Constitución. Al prometer beneficios sin decir cómo se financiarán, violan el mandato de “ama llulla” (no seas mentiroso), convirtiendo el discurso político en engaño. Al generar gastos que obligarían al Estado a endeudarse excesivamente o desviar recursos esenciales, incurren en “ama suwa” (no seas ladrón), saqueando el futuro colectivo. Además, desconocen el “suma qamaña” (vivir bien), que exige equilibrio y sostenibilidad, no ilusiones de bienestar financiadas con deuda. En conjunto, estas propuestas vulneran valores constitucionales como la transparencia, la responsabilidad y la justicia social, revelando una profunda falta de ética en la política pública.



Conclusión

Las elecciones Generales 2025 revelaron que Bolivia sigue atrapada en una política dominada por la demagogia, donde la urgencia social se aprovecha para vender propuestas insostenibles. El caso de Paz-Lara no es una excepción, sino un síntoma de una clase política que sacrifica la ética, la verdad y la responsabilidad fiscal en busca de votos. Más allá de lo económico y jurídico, el daño mayor es moral: se violan principios constitucionales como ama llulla, ama suwa y suma qamaña, traicionando la confianza del pueblo y el espíritu del vivir bien. El verdadero desafío no es quién gobierna, sino qué tipo de país queremos: uno basado en ilusiones o en transparencia, solidez y ética. Ya no se trata de promesas, sino de integridad. Porque sin gobernantes honestos, no hay Estado que funcione, ni democracia que dure.