Bolivia: ¿Estado fallido o excusa política?

Por qué calificar a un Estado como "fallido" viola el derecho internacional

Cuando la presidenta peruana Dina Boluarte declaró que "Bolivia es un país fallido, como Cuba y Venezuela", no solo cometió un error político: vulneró principios fundamentales del derecho internacional. Este no es un debate sobre percepciones, sino sobre normas jurídicas que sostienen la convivencia entre naciones.

1.     El principio de igualdad soberana: una barrera legal contra el estigma

El Artículo 2.1 de la Carta de las Naciones Unidas es claro: "La Organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus Miembros". Este no es un formalismo diplomático, sino derecho consuetudinario vinculante.

El mito de la jerarquía entre Estados:

Calificar a Bolivia como "fallido" implica una peligrosa clasificación moral entre países "viables" y "inválidos", algo que el sistema internacional expresamente prohíbe. No existe, ni puede existir, una categoría jurídica de "Estado fallido" en tratados o resoluciones de la ONU. Es un término político, frecuentemente usado por potencias para justificar injerencias.

El doble estándar regional:

Si aplicáramos el mismo trato a Perú, con territorios como el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, donde el narcotráfico opera con impunidad, o con una crisis política que ha dejado 6 presidentes en 8 años, ¿no cabría el mismo calificativo? La soberanía no es un privilegio selectivo: es un derecho irrenunciable.

2.     No intervención: cuando las palabras son actos

El Artículo 2.7 de la Carta de la ONU protege los asuntos internos de los Estados. Las declaraciones de Boluarte no son "mera opinión":

Injerencia indirecta:

Al diagnosticar el colapso boliviano desde Lima, se socava la autodeterminación. El derecho internacional solo acepta intervenciones multilaterales (vía ONU u OEA) ante amenazas a la paz, no por crisis económicas o protestas sociales.

Precedente peligroso:

Si Perú normaliza este lenguaje, ¿qué impedirá que Chile o Brasil lo usen mañana contra Arequipa o Loreto? La Carta Democrática Interamericana exige cooperación, no señalamientos unilaterales.

3.     La salida no es el aislamiento, sino el cambio democrático

No se trata de negar la gravedad de la situación en Bolivia. Al contrario, la crisis debe preocuparnos a todos. Pero preocuparse no es demonizar. En política, como en derecho, la precisión es una forma de responsabilidad. Analicemos, pues, con rigor los principales frentes de tensión, sin caer en simplificaciones que más que esclarecer, distorsionan.

¿Crisis institucional o colapso del Estado?

Es innegable que Bolivia enfrenta una profunda crisis de legitimidad institucional. La corrupción, la politización de organismos clave y la desconfianza ciudadana en el Órgano Legislativo Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional entre otras, son realidades palpables. Sin embargo, una cosa es la debilidad institucional; otra muy distinta, la ausencia total de Estado.

El Estado boliviano sigue funcionando: convoca elecciones, administra servicios, mantiene relaciones diplomáticas y ejerce funciones básicas de gobierno. Aunque cuestionables, no ha desaparecido. Comparado con casos extremos de colapso estatal en América Latina, como Haití, donde no existe gobierno funcional, las instituciones están paralizadas y las bandas criminales dominan la capital, Bolivia está muy lejos de ese umbral. No hay vacío de poder, sino tensión entre el poder formal y actores sociales y políticos, que disputan su autoridad por su instinto de sobrevivencia

¿Crisis económica o desplome sistémico?

Desde el punto de vista económico, Bolivia enfrenta desafíos serios: una elevada inflación, escasez de dólares en el mercado formal y una dependencia estructural de los hidrocarburos, con escasa diversificación productiva. Estos factores generan inestabilidad y vulnerabilidad.

Pero nuevamente, es crucial distinguir: preocupante no es sinónimo de catastrófico. Aun no hay hiperinflación, ni fuga masiva de capitales, ni quiebra de reservas. El país aún cuenta con un marco macroeconómico agonizante pero funcional, aunque requiera reformas profundas. El riesgo no es el colapso inminente, sino la persistencia de un modelo extractivista insostenible que alimenta la dependencia y la corrupción.

¿Pérdida de control territorial o disputa de poder?

El caso del Chapare es, sin duda, el más crítico. Allí, las Federaciones Cocaleras han consolidado una autoridad paralela: organizan bloqueos, imponen normas sociales, amenaza el sistema democrático con la quema de ánforas y desafían al poder central con una autonomía de facto. Esta situación erosiona el monopolio estatal del uso legítimo de la fuerza, uno de los pilares del Estado moderno según Max Weber.

Pero este fenómeno no es exclusivo de Bolivia. ¿Acaso el Perú puede presumir del control total en todas sus regiones? En el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro, el narcotráfico y remanentes de grupos armados operan con impunidad, generando una realidad de Estado ausente en zonas estratégicas. Si aplicamos el mismo estándar, ¿deberíamos calificar al Perú como "Estado fallido"?

La respuesta es obvia: NO. Y eso es precisamente lo que revela el doble discurso. La pérdida de control en áreas específicas es un síntoma grave de fragilidad estatal, pero no equivale al colapso del Estado en su conjunto.

Las elecciones como antídoto jurídico-político

Frente a la inestabilidad, el sistema interamericano ha depositado su confianza en un mecanismo claro: el voto. Las próximas elecciones en Bolivia no son solo un ejercicio democrático, sino la vía legítima, pacífica y constitucional para transformar el modelo económico, superar el rentismo extractivista, fortalecer la institucionalidad y construir un Estado más transparente, eficaz y representativo.



La democracia no resuelve todos los problemas de un día para otro, pero ofrece un marco legal para la disputa política sin violencia. Exigir elecciones libres y creíbles es apoyar la estabilidad; estigmatizar al país como "fallido" es, en cambio, socavar la confianza necesaria para que esa transición sea posible.

Cooperación, no estigmatización: el interés peruano

Perú tiene un interés estratégico directo en una Bolivia estable. El 27% del comercio fronterizo peruano depende de Bolivia. El gas boliviano abastece a regiones clave del sur de ese país. Miles de personas cruzan diariamente las fronteras para trabajar, estudiar, comerciar o acceder a servicios.

En lugar de retórica incendiaria, lo urgente es la cooperación técnica y política. Sería sensato impulsar mesas técnicas conjuntas sobre:

Seguridad energética, para garantizar el abastecimiento mutuo.

Control migratorio y fronterizo, para combatir el crimen organizado sin criminalizar a migrantes.



Desarrollo regional integrado, que fortalezca economías locales y reduzca la dependencia de actividades ilícitas.



La estabilidad en Bolivia no es un favor al vecino; es una condición necesaria para la seguridad, la economía y la gobernabilidad del propio Perú.

Conclusión: Soberanía y soluciones

La inestabilidad en Bolivia sí debe preocuparnos. No porque sea un "país fallido", sino porque su fragilidad afecta a toda la región. El desabastecimiento de combustible frena el comercio. Los bloqueos paralizan rutas vitales hacia Perú, Brasil, Chile y Paraguay. La inseguridad en el Chapare alimenta el narcotráfico transnacional. Bolivia no se incendia, pero el continente no puede permitir que nadie avive las llamas.

Por eso, el llamado no es al señalamiento, sino a la responsabilidad colectiva.

Para la población peruana:

¿Realmente queremos que la región se fragmente en acusaciones mutuas? ¿O preferimos un vecino estable, aunque imperfecto, con quien cooperar en seguridad, comercio y medio ambiente?

Para los líderes regionales:

La retórica del "Estado fallido" solo alimenta conflictos. Urgen mecanismos de diálogo andino real, no declaraciones incendiarias. Que la OEA, la CAN o el Grupo de Lima no sirvan solo para condenar, sino para prevenir.

Metáfora final: Bolivia no es un barco hundiéndose, sino uno con fugas que exigen reparación colectiva, con la esperanza que a partir de las elecciones nacionales y el cambio de un nuevo gobierno y la implementación de nuevas políticas económicas salgamos de esta profunda crisis.

No necesitamos más salvavidas retóricos. Necesitamos soldadura, cooperación, humildad. Porque en el mar del subdesarrollo, ningún país navega solo.

"La soberanía no se pierde con crisis, sino con la complicidad ante quienes quieren erosionarla desde un micrófono".