Bolivia sin Asamblea real: el vacío de poder

Mientras millones de bolivianos luchan por llegar a fin de mes, con un salario mínimo que apenas roza los 2.500 bolivianos y otros en peores situaciones, hay un grupo de personas que, sin abrir un negocio, sin vender un solo producto, ni siquiera pisar la calle bajo el sol de mediodía, recibe más de 23 mil bolivianos al mes. Y no por trabajar. Sino por no hacer nada.

Sí, eso leyó bien. Porque en los últimos años, la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha convertido en una especie de club privado donde la productividad es opcional, los privilegios son moneda corriente y la rendición de cuentas, un cuento de hadas.

¿Qué han hecho por nosotros?

La Constitución les dio un mandato claro: legislar, fiscalizar, controlar, designar autoridades. Pero ¿qué vemos en la práctica? Un vacío. Un silencio ensordecedor. Desde la legislatura 2020-2021 hasta hoy, la Cámara de Diputados apenas ha sesionado. Las leyes que deberían beneficiar a la gente común no llegan. ¿Dónde están las normas para proteger a los trabajadores informales? ¿Dónde las reformas que combatan la corrupción en el Estado? ¿Y las investigaciones serias sobre el uso de los recursos públicos?

Mientras el ciudadano común debe cumplir horarios, justificar ausencias y arriesgar su sueldo si falta al trabajo, los asambleístas cobran religiosamente su sueldo completo cada mes, sin que importe cuántas sesiones hayan ignorado. El Reglamento es claro: su remuneración debe ser proporcional a su participación (Art. 18 de Diputados; Art. 18.e de Senadores). Pero la realidad es un escándalo: muchos ni siquiera pisaron la mitad de las sesiones y aun así exigen el 100% de su pago. ¿Dónde quedó la ética? ¿Dónde está el castigo a quienes incumple mientras la gente paga impuestos para mantener sus privilegios?

Mientras la gente hace cola en los mercados para comprar un pan que cada vez alcanza menos, mientras las madres trabajan de sol a sol en ventas informales para pagar la escuela de sus hijos, los “representantes del pueblo” se sientan en oficinas climatizadas, viajan en aviones sin gastar un solo centavo y tienen gastos de representación que ni siquiera se pueden justificar.

¿Alguien alguna vez se ha preguntado cuánto cuesta mantener a tantos legisladores que, en la práctica, no legislan? ¿Cuánto se gasta año tras año en viajes innecesarios, en comisiones que jamás rinden resultados concretos, en comités que solo sirven para llenar actas vacías y justificar un sueldo que no siempre merecen?

Según cifras disponibles, entre la gestión 2020 y 2025 el Estado boliviano destinó la suma de 1.524.720.967,04 bolivianos —sí, más de mil quinientos millones de bolivianos— al funcionamiento de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Un monto millonario que proviene de los impuestos que paga cada ciudadano, mientras muchas familias ni siquiera alcanzan a cubrir sus necesidades básicas.

¿En qué se invierte ese dinero? ¿Qué ley o cambio real ha salido de tanto gasto? La pregunta duele. Porque detrás de cada cifra hay un pueblo que lucha por sobrevivir, y frente a ellos, una clase política que parece vivir en otro país.

Y ni qué decir de la inviolabilidad parlamentaria. Ese verdadero escudo jurídico que permite que algunos legisladores amenacen incluso la continuidad del proceso electoral sin enfrentar consecuencia alguna, pese a que su deber sea defender, no poner en riesgo, los intereses del pueblo.

Corrupción y nombramientos interinos: un negocio disfrazado de democracia

¿Sabe usted que hay instituciones clave del Estado que llevan años con autoridades interinas? No designadas por la Asamblea, sino impuestas por el Ejecutivo sin pasar por el filtro constitucional. ¿Y qué dice la ley? Que los nombramientos interinos solo pueden durar tres meses. Pero eso no se cumple. Ni se ha cumplido desde el año 2009.

Por ejemplo, el Banco Central de Bolivia, la Aduana Nacional, la Contraloría, la Gestora Pública entre otra, todas ellas deberían tener autoridades elegidas mediante concursos públicos, con ternas aprobadas por la Asamblea. Pero no, desde el año 2006. Siguen funcionando con cargos vacantes o con personas que ocupan el lugar sin haber sido legitimadas por el proceso democrático.

¿Y quién termina pagando las consecuencias? El ciudadano común. Porque cuando los recursos públicos se administran sin control, y las decisiones estratégicas recaen en manos no legitimadas por el pueblo, todo se desvía de su rumbo. Al final, el daño lo sufre la economía, la inversión y la estabilidad del país, cuyo reflejo más claro es la crítica situación económica por la que actualmente estamos atravesando los bolivianos.

Voces del pueblo: “Trabajamos, pero ellos cobran”

“Yo trabajo 14 horas al día, bajo el sol y el viento, y apenas me alcanza para comer”, dice María, vendedora ambulante en la Ceja de El Alto. “Ellos se sientan allá arriba, cobran como si fueran dioses y ni siquiera nos miran. ¿Y aún quieren que vote por ellos?”

“Hace años que no veo a mi diputado”, comenta Luis, taxista en la ciudad de La Paz. “¿Pero sí veo que cobró su sueldo completo? ¿Eso es representación?”

¿Y ahora qué?

Este no es un artículo contra un partido político. Ni contra una ideología. Esto es un grito de alerta contra una clase política que se ha desconectado del pueblo que dice representar.

No se trata de cambiar de color político. Se trata de cambiar de actitud, de ética, de compromiso. Esta elección debe ser distinta. No se deje engañar por promesas vacías, por discursos populistas que suenan bonito pero no resuelven nada.

Vote por quien tenga hoja de vida limpia. Por quien haya trabajado antes en el sector público o privado. Por quien no busque el cargo como un trampolín para el poder personal, sino como un servicio a  la población y al país.

Vote por quien no cobre por no trabajar. Por quien sí fiscalice, sí legisle, sí controle. Por quien sí esté dispuesto a sentarse con la gente, a escuchar, a actuar.

La pregunta no es si cambiarán. Es si usted seguirá permitiéndolo.

Basta ya. El pueblo no puede seguir pagando por un espectáculo en el que los protagonistas —diputados y senadores— no cumplen su papel. Una farsa donde se cobran sueldos millonarios mientras se esconden de sus responsabilidades, donde las leyes no llegan, los controles no se ejercen y las autoridades siguen siendo impuestas sin legitimidad.

Esta elección no es solo un trámite electoral. Es una decisión profunda, un acto de rebeldía cívica. Una oportunidad para exigir más, mucho más: exigir representantes de verdad, con ética, compromiso y memoria. Exigir dignidad en cada voto, en cada papeleta, en cada decisión que definirá el futuro del país.

No te dejes engañar por quienes hoy salen a seducirte con promesas vacías, con caras nuevas que en el fondo son lo mismo de siempre. Que te halagan para ganarse tu confianza y luego, una vez en el cargo, desaparezcan como fantasmas, dejándote con la misma desilusión de siempre. Como está sucediendo, por ejemplo, con ciertas autoridades judiciales que llevan más de seis meses en sus cargos y no han hecho nada por limpiar un sistema judicial corroído por la corrupción y la impunidad.

Este voto no es solo una marca en una papeleta. Es un mensaje: que el pueblo ya no aguanta más la farsa. Que ya no se compra el discurso, ni la mentira, ni la cara amable de siempre. Que esta vez, el cambio no puede ser igual al pasado disfrazado de futuro.