El frecuente supuesto mal menor

Recientemente fui entrevistado por el canal de televisi�n F10 Noticias y conversamos sobre la decisi�n del Tribunal Constitucional Plurinacional de prorrogar a las altas autoridades judiciales de Bolivia.

Cabe mencionar que la Constituci�n boliviana (arts. 182-I, 188-I, 194-I y 198) establece el nombramiento por elecciones populares de las altas autoridades del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura; por lo tanto, conforme a la norma suprema, existe una �nica v�a correcta que es obviamente cumplir la Constituci�n (CPE).

Las referidas elecciones judiciales, debieron realizarse este a�o dado que el mandato de los magistrados actuales, fenece el 2 de enero de 2024; sin embargo, lejos de cumplir dicha disposici�n constitucional, resulta que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) realiz� una consulta de control previo sobre la constitucionalidad del Proyecto de Ley C.S. N� 144/2022-2023 �Proyecto de Ley Transitoria para las Elecciones Judiciales 2023-2024� y �sta recientemente ha sido declarada inconstitucional (DCP N� 0049/2023 de fecha 11 de diciembre de 2023), disponiendo la auto pr�rroga de todas las altas autoridades del sistema judicial boliviano hasta que se produzca la nueva elecci�n de las mismas.

Convengamos que est� claro que todos estos problemas existen porque justamente no se cumple la CPE y, en consecuencia, cualquier v�a ser� pues incorrecta, esto es, el incumplimiento de la CPE. En otras palabras, es por dem�s evidente, que este problema ha sido provocado debido a la demora y al retraso de los pol�ticos de la ALP.

Ahora bien, concerniente a la decisi�n final del TCP, para salir de este entuerto, adem�s de las formas o criterios de interpretaci�n conforme a la voluntad del constituyente, los derechos fundamentales, la interpretaci�n sistem�tica de la Constituci�n, test de proporcionalidad, entre otros principios m�s, se debe tambi�n tomar en cuenta otros factores m�s, como ser:

1.- Advi�rtase que los actuales magistrados fueron elegidos por voto popular, por ende, quienes tengan que sucederlos, deben ser autoridades que tengan la misma legitimidad (elegidos por voto popular).

2.- Si se permitiera que los suplentes asuman, se tendr�a mayor dificultad de argumentar, porque un suplente asume cuando su titular pierde el cargo (su mandato finaliza), hecho que no ha sucedido. Adem�s, t�ngase en cuenta que tanto titular como suplente, vencen conjuntamente su periodo.

3.- Si se encumbraran nuevas autoridades temporales, trayendo a dedo a interinos externos con su gente, ser�an totalmente ileg�timos, por no cumplir la forma prevista por la Constituci�n.

4.- La otra peor salida, ya ocurri� hace varios a�os atr�s, cuando se promulg� la Ley N� 040 de 1 de septiembre de 2010, la cual declar� la transitoriedad de los cargos del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, y el TCP le dio validez con un funesto fallo (SCP 0499/2016-S2 de 13 de mayo), declarando la constitucionalidad de los cargos temporales de los jueces y, por tanto, inaugur� la in�dita etapa de los jueces transitorios. El Consejo de la Magistratura tuvo en es �poca, la facultad de emitir convocatorias p�blicas para todos los cargos judiciales, actuales y de nueva creaci�n, sin necesidad de procedimiento previo ni notificaci�n alguna a quienes actualmente est�n ejerciendo dichos cargos o funciones, dado que todos por mandato legal, sin exclusi�n alguna, fueron despojados de la carrera judicial. Es decir, para entonces, el propio TCP boicote� y vulner� la estabilidad e independencia judicial.

Como hemos indicado desde un comienzo, no existe salida perfecta, si no es dar cumplimiento a la propia Constituci�n, por ende, si actualmente el TCP opt� porque se prorrogue los mandatos de los �pices del sistema judicial hasta que se elijan dichas nuevas autoridades judiciales, en realidad, es el menos peor de todos los males, esto es, optar por el mal menor.

Sin embargo, no por ello, debemos perder de vista que todo este problema, fue creado desde el factor pol�tico que se fueron hacia el alargue, dado que los tiempos cuentan, y para ello, mover todo el aparataje estatal, lo �nico que se llega a consolidar es lo que ha sucedido: la procrastinaci�n y una auto pr�rroga de apariencia circunstancial. Y si esto sigue de esta manera, podr�a direccionarse a lo peor, esto es, al incumplimiento adrede de la Constituci�n boliviana acompa�ado de la manipulaci�n y de los realities shows jur�dico pol�tico judicial en b�squeda de m�s p�rdida de tiempo (demora) y distracci�n social, no llev�ndose a cabo, las elecciones judiciales hasta el a�o 2025.

No olvidemos, siempre se puede estar peor, pues desde que se invent� la pala, siempre se puede cavar m�s profundo, y desde que la gente se acostumbr� a las frecuentes excusas y a los pretextos (a los �supuestos�), todo el tiempo tratar� de justificar lo injustificable (incumplimiento de la CPE).

Para evitar semejante afrenta, ahora que el TCP ha exhortado a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), cumplir sus funciones y atribuciones constitucionales en cuanto a la preselecci�n de los candidatos a los altos cargos del �rgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, de manera inmediata por el car�cter excepcional y temporal ya establecido, es que corresponde a la sociedad boliviana efectuar el control social, exigiendo el cumpliendo �tico, inmediato y correcto por parte de la ALP, sin promulgar leyes inconstitucionales. No se trata de intereses pol�ticos y pactos de bandos (arcismos, evismos, funcionalistas, etc.) tampoco del surgimiento premeditado de abundantes publicistas oportunistas sino de cumplimiento cabal y obligatorio de la Constituci�n.

Cabe preguntarse: �Realmente se sanciona el incumplimiento de la Constituci�n o solo se opta por el embuste, el apantallamiento, cumpliendo las apariencias mediante las formas distorsionando la realidad?

La ruta cr�tica que nos ense�� todas las anteriores elecciones judiciales es que el �soberano� (el pueblo) elige sin soberan�a. El sufragio debe ser para elegir libremente, no ratificatorio.
Entonces, es menester no solo mejorar el proceso de preselecci�n de altas cortes del �rgano judicial, donde realmente se evidencie efectivo control social de dicho proceso, sino que tambi�n se depure de forma inmediata el padr�n electoral, caso contrario, seguir� siendo mangoneado aquel soberano sin soberan�a, a quien se le impone unos nombres de candidatos sin garant�a de imparcialidad, de ning�n tipo, ni en aquel proceso de preselecci�n y tampoco en el de elecci�n.