Transparencia empresarial no significa violar la privacidad de sus clientes

Recientemente se realiz� el Congreso Internacional de Derecho Corporativo 'Negocios, Tecnolog�a e Innovaci�n' en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, donde tuve la oportunidad de participar como expositor, habiendo compartido, entre los panelistas, criterios sobre buen gobierno corporativo, Corporate Compliance y las tendencias que existen tanto mundiales como nacionales; y, muchos otros aspectos m�s.

El valor de la ��tica� y la �transparencia� empresarial sobre los actos propios de la empresa, es esencial, fundamental y positivo, en la generaci�n y proyecci�n de confianza tanto dentro de la empresa como fuera de ella y con todo su entorno (clientes, usuarios, consumidores, las dem�s empresas, el Estado, etc.), mitigando de esta manera, riesgos legales, entre ellos, los de mayor connotaci�n, como ser las ilicitudes.

En ese sentido, todas las empresas deber�an contar con un programa de cumplimiento normativo, eficiente y efectivo, para su buen desempe�o.
En Bolivia, son aproximadamente dos a�os (Ley N� 1390 de 27 de agosto de 2021) que contamos con una responsabilidad penal abierta contra las personas jur�dicas concerniente a la comisi�n de delitos de corrupci�n y vinculados con ella.

Si bien, el decreto supremo N� 4872 de 2 de febrero de 2023, define Corporate Compliance, como el conjunto de procedimientos y buenas pr�cticas adoptados por las organizaciones privadas para identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan y establecer mecanismos internos de prevenci�n, gesti�n, control y reacci�n frente a los mismos; sin embargo, el alto coste, el nivel de compromiso y la tarea de implementaci�n eficiente que conlleva, deber�a necesariamente tener sus beneficios legales precisos frente al Estado, situaci�n que en Bolivia, no los tiene.

El origen anglosaj�n del Corporate Compliance, justamente, emergi� por su importancia en la prevenci�n y en la mitigaci�n del impacto ante posibles responsabilidades empresariales; y, por consecuencia, en el orden penal, si se evidencia de que existi� una adecuada puesta en marcha de planes de integridad dentro de la empresa, �stas pueden ser �tiles y beneficiosas como causales de atenuaci�n de responsabilidad penal para la persona jur�dica e incluso en algunos casos pueden llegar a ser de exclusi�n de responsabilidad.

En el caso boliviano, sin embargo, no existe tal posibilidad, por cuanto, la ley N� 1390, no establece que el corporate compliance sirva para atenuar la responsabilidad penal a la empresa sino todo lo contrario, la posiciona y coloca como una �sanci�n� (art. 26 sexies numeral 2 del C�digo Penal, incorporado por la Ley N� 1390), desnaturaliz�ndola totalmente, siendo, por lo tanto, un total desprop�sito su configuraci�n en nuestra legislaci�n.

No conforme con aquello y como si esto fuera poco, ahora, resulta que est�n surgiendo v�a �instructivos� por parte de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), la invasi�n a la privacidad de las personas, por ejemplo, el Instructivo para Actividades y Profesiones no financieras (APNFD), destinadas a las empresas y profesionales consideradas Grandes Contribuyentes (GRACO) que se dedican a la actividad inmobiliaria y a las actividades legales jur�dicas o de contadur�a, a las cuales, dicho instructivo, las consideran como �sujetos obligados� a cumplir las �rdenes de la UIF, entre ellas, la identificaci�n de sus clientes, usuarios o consumidores y beneficiarios finales sumado a la entrega de dicha informaci�n cuando as� lo requiera la UIF, al extremo de que si no se cumple con la debida diligencia en la obtenci�n de informaci�n de identificaci�n, no se podr� entablar relaci�n comercial con dicho cliente, proveedor, usuario o consumidor (art. 22-II del referido Instructivo aprobado mediante resoluci�n administrativa N� UIF/25/2023 de fecha 14 de abril de 2023).

El art. 38 de dicho Instructivo determina que el incumplimiento o inobservancia de las obligaciones se�aladas en el presente instructivo generar� responsabilidades al sujeto obligado, miembros del Directorio u �rgano equivalente, propietario, gerentes, ejecutivos, funcionario responsable u otros empleados.

Recordemos que la �tica es una disciplina normativa que tiene como objetivo definir de forma racional qu� constituye un acto bueno o virtuoso, independientemente de la cultura o las costumbres en la que se enmarque una o varias sociedades, por lo tanto, en virtud de la �tica, sabemos y aplicamos el buen comportamiento, en ese respeto rec�proco a los proyectos de vida de todos, sin invadir la vida de los dem�s, de los terceros, cualesquiera sean estos, y sin condescender ni premiar el abuso de poder.

Est� bien que toda empresa sea �tica, transparente y responsable de �sus propios actos� pero eso no implica pues trastocar el concepto de �tica y transparencia para usarlo como pretexto para violar la privacidad de terceros (es decir, sin que exista ninguna causa judicial instaurada en contra de los terceros, exigir informaci�n de ellos -clientes, usuarios, proveedores, etc.- y entreg�rselas), pues de darse esta �ltima situaci�n, estamos ante una incitaci�n coercitiva a no ser �tico.

Si la constituci�n boliviana (art. 130 CPE), establece que no se debe afectar el derecho fundamental a la intimidad y la privacidad personal; y, al ser �sta la norma suprema del ordenamiento jur�dico nacional, ning�n instructivo o ninguna resoluci�n administrativa puede estar por encima de aquella.

Todo informe UIF no constituye prueba plena ni denuncia penal y tampoco tiene calidad de informe pericial, por ende, no es posible que una entidad de car�cter eminentemente t�cnica pueda darse atribuciones por encima de la Constituci�n (CPE), dado que para que exista una investigaci�n y seguimiento a una persona natural o jur�dica debe necesariamente existir un proceso penal instaurado; y, es el Ministerio P�blico (art. 225 de la CPE) quien como director de la investigaci�n y en cumplimiento con las debidas formalidades legales, tiene facultades de requerir informaci�n a cualquier persona o entidades p�blicas o privadas sobre datos que consten en sus registros, conforme lo establece el art�culo 218 del C�digo de Procedimiento Penal (CPP).

Como vemos, el Ministerio P�blico es la autoridad competente para tales requerimientos durante la etapa investigativa penal. As� tambi�n, el juez o tribunal cuando el caso as� lo amerita, pero jam�s un ente t�cnico administrativo como la UIF. En consecuencia, los fiscales no pueden utilizar en contra del imputado, pruebas obtenidas en violaci�n de la CPE (esto es, no se puede exigir informaci�n de terceros sin que exista ning�n proceso penal instaurado contra ellos y menos a�n atreverse a investigar a espaldas de ellas, violando la privacidad de �stas, obligando arbitrariamente a personas naturales y/o jur�dicas a entregar informaci�n de sus clientes, por parte de un ente t�cnico administrativo, el cual, no es autoridad jurisdiccional competente), Convenciones y Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, tal como establece el art. 71 del CPP.

Es por ello, que en sinton�a con la Constituci�n (art. 75), existen los principios de inocuidad (no hacer da�o) que rigen a favor de los usuarios y consumidores, como ser: vivir bien, principio de protecci�n, integridad (presunci�n de licitud, honestidad y �tica) y de favorabilidad, previstos en el art. 6 de la Ley N� 453 de fecha 04 de diciembre de 2013, debiendo �stos ser debidamente respetados y cumplidos.

La libertad es un bien supremo y los actos que haga una persona natural o jur�dica es de su entera responsabilidad, es decir, responde por sus propios actos, de all� que existe la �tica de su conducta y la transparencia sobre sus propios datos e informaci�n individual de la misma empresa o de la persona natural, pero nada tiene que ver eso, con el uso de la fuerza arbitraria (sin cumplir la CPE y el bloque de constitucionalidad) para que entregue datos que le fueron confiados por terceros (sus clientes, usuarios o consumidores) sin existencia previa de denuncia penal conforme al debido proceso. Eso no es transparencia, es inmoralidad, contrario a la �tica y hasta es obscenidad, por cuanto escandaliza, es torpe y ofensivo al pudor de las personas (la Real Academia Espa�ola, define pudor como: honestidad, modestia y recato).

Con todo ello, amerita que los Colegios y la Federaci�n de profesionales, las asociaciones empresariales, como ser: Federaciones y Confederaciones de Empresarios Privados, las C�maras empresariales, entre otras m�s conjuntamente con los asamble�stas nacionales y departamentales sumado al Defensor del Pueblo, puedan reclamar esta situaci�n que constituyen �malas pr�cticas� que vulneran flagrantemente la �tica empresarial y violan los derechos y garant�as constitucionales tanto de las personas naturales como jur�dicas, dado que se pretende derribar la privacidad de �stas, a trav�s de un ente t�cnico estatal que acude a la c�spide de las empresas (es decir, a determinadas empresas y profesionales que son GRACO) para obligarlas coercitivamente a conseguir y entregar informaci�n de sus clientes, usuarios y/o consumidores (a sus espaldas), sin que exista siquiera un proceso judicial instaurado en contra de �stos y menos a�n un debido proceso, violando la presunci�n de inocencia.

Asimismo, se debiera tambi�n impetrar el reconocimiento del Corporate Compliance como atenuante de responsabilidad penal a las personas jur�dicas. Es decir, que se reivindique su intr�nseca naturaleza preventiva y no limitado a un absurdo car�cter sancionatorio, como actualmente establece la Ley N� 1390.

Amerita que las asociaciones empresariales sean verdaderamente �ntegras y pragm�ticas, manteni�ndose unidas, actualizadas y alertas en la protecci�n y defensa de sus libertades. Todo esto es de suma importancia, pues no se debiera cumplir y tampoco consolidar aquel funesto y atrevido refr�n, que afirma: �al mejor burro, la peor carga�, dado el maltrato recibido y al cual est�n siendo sometidos.