Proyecto de ley que atenta las garantías de la independencia judicial

El art. 178-II de la Constituci�n boliviana (CPE), establece claramente que constituyen garant�as de la independencia judicial: el sistema de carrera judicial y la autonom�a presupuestaria.

Resulta que el proyecto de ley N� 212/2020-2021 implica una ruptura total a dichos postulados constitucionales sobre independencia judicial, por cuanto, pretende modificar el art. 221 de la Ley del �rgano Judicial (Ley N� 025), indicando que �nicamente el Director ser� la M�xima Autoridad Ejecutiva de la Escuela de Jueces del Estado y que �ste ser� designado por la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) con mayor�a absoluta de votos de los presentes de la terna propuesta por el Presidente del Estado.

Asimismo, dicho proyecto de ley tambi�n pretende modificar el art. 227 de la Ley N� 025, afirmando que el Director es la M�xima Autoridad ejecutiva de la Direcci�n "Administrativa y Financiera", reiterando que �ste ser� designado por la ALP por ternas propuestas por el Presidente del Estado.

Esta situaci�n, significa la intromisi�n directa al �rgano Judicial tanto por parte del Legislativo como en especial del Ejecutivo, al extremo que se efectuar� la designaci�n de aquel Director en base a la terna propuesta por el Presidente de Estado; y, en consecuencia, supone la intencionalidad del partido de gobierno, de tener el control de la formaci�n y de la econom�a de los jueces, debilitando en sobremanera, los dos pilares de garant�as de soporte de la independencia judicial antes mencionado.

Dicho proyecto de ley lesiona la independencia judicial y la separaci�n de poderes, vulnerando los arts. 12 y 178-II de la Constituci�n boliviana, lo cual podr�a conllevar a una mayor p�rdida de calidad institucional y de independencia judicial en detrimento tanto de la seguridad como de la certidumbre jur�dica hacia los administrados, quienes, en los peores extremos, podr�an verse afectados en sus derechos y libertades (esto es, no garantizar la ausencia de coacci�n arbitraria por parte de terceros).

Aquella imposici�n mediante la producci�n de leyes con carencia de socializaci�n previa y debate de calidad en el parlamento (cuyo norte prioritario deber�a ser el de garantizar los derechos fundamentales, no as� restringirlos y menos a�n desconocerlos o eliminarlos), genera una total falta de confianza en la administraci�n p�blica que a su vez provoca que las personas vivan a la defensiva, en zozobra e intranquilidad, quebrant�ndose de esta manera, el principio constitucional de �vivir bien� (art. 8-I de la CPE), el cual se encuentra en la inopia conjuntamente con aquellos valores supremos constitucionales (previstos en el art. 8-II de la CPE), los cuales lejos de constituir metas o supremos ideales de realizaci�n, resulta que a causa de la constricci�n desp�tica �stos se encuentran deteriorados al extremo que son impracticables, tal como podemos evidenciar, por ejemplo, ante la escases de: respeto, armon�a, transparencia, equilibrio a trav�s del consenso y del di�logo, la igualdad de oportunidades, entre otros.

Es hora de que exista un verdadero cambio de actitud tanto del pleno de la ALP como por parte del Ejecutivo, donde sean las leyes las que est�n en consonancia con la Constituci�n y no dise�adas agrede para violarla.