Busquemos y exijamos calidad institucional

Si en una casa o en su veh�culo, el cableado el�ctrico se encuentra bastante enrevesado siendo demasiado complicado y dificultoso corregirlo, los expertos dir�n que lo mejor es olvidarse de ese viejo cableado y empezar con uno nuevo, exigiendo verdadera calidad de material y que sea ejecutado por un experto con experiencia y principalmente que sea �tico (es decir, que �ste no busque dejar alg�n aspecto da�oso para su posterior provecho).

Bajo esa comparaci�n aleg�rica, la Constituci�n boliviana establece un cableado institucional donde adem�s de se�alar un plan de vida institucional, con derechos y obligaciones establece tambi�n los roles que deben cumplirse sumado a los mecanismos correctivos en caso de que existan demasiadas dificultades y/o serias vulneraciones a los Derechos Humanos.

Las instituciones son la clave para la convivencia, la cohesi�n y la paz social, as� como para el desarrollo de las personas y las sociedades.

Todos, tanto administradores del Estado como administrados, si realmente nos apreciamos de ser democr�ticos, debemos cumplir y hacer cumplir la Constituci�n Pol�tica del Estado (CPE), y ella claramente dispone y establece que debemos tener necesaria y obligatoriamente una �cultura de paz y de democracia� (arts. 8-II, 10-I, 108 num. 1; 172 num. 1; y, art. 235 num. 1).

El art. 110-II de la CPE es bastante claro al establecer de que �las vulneraciones de derechos constitucionales hacen responsables a sus autores intelectuales y materiales�, y que adem�s �concede a las v�ctimas el derecho a la indemnizaci�n, reparaci�n y resarcimiento de da�os y perjuicios de forma oportuna� (art. 113-I de la CPE).

Hace tres a�os atr�s escrib� un art�culo titulado �Temis y su espeluznante ca�da al vac�o�, donde entre muchas cosas, menciono textualmente que: �son los jueces quienes ejerciendo su independencia deber�an ser los encargados de contener ese poder punitivo del Estado, sin embargo, la mayor desgracia surge cuando la persona encargada de usar el poder de manera imparcial para solucionar el problema de la conformidad, resulta que termina usando sus atribuciones, para servir sus propios intereses (muchas veces por angurria al r�pido enriquecimiento que ofrece lo il�cito) o los intereses parciales de otros, aniquilando de esta manera la independencia judicial por mano propia (�); por lo tanto, si (el �rgano judicial) no se es capaz de cumplir con dicho rol primordial es caer al vac�o, donde ya todo carece de sentido por cuanto a dejado de ser el generador de certidumbre y de confianza a la ciudadan�a, convirti�ndose en su opresor o en su gran tragedia y desventura�.

Cualquier gobierno de turno, autoridad y/o servidor p�blico debe obligatoriamente cumplir la Constituci�n; y, es en ella, donde claramente establece que la soberan�a reside en el pueblo (art. 7 de la CPE).

La soberan�a es la autoridad m�s elevada en la cual reside el poder pol�tico y p�blico de un pueblo, una naci�n o un Estado sobre su territorio y sus habitantes; por lo tanto, ning�n �rgano del Estado puede esclavizar o criminalizar al pueblo (enti�ndase pueblo, la suma de individuos que salen en defensa de sus libertades) pretendiendo imponer sus ideas o intereses pol�ticos haciendo uso de la fuerza y vulnerando las libertades individuales, pues de hacerlo constituye un flagrante abuso de autoridad.

Si un servidor p�blico o una autoridad, cualquiera que ella fuese (por ejemplo, alg�n juez o varios jueces), incurren en dicha conducta abusiva, el C�digo Penal (CP) bajo el r�tulo de �Abuso de Autoridad� contiene un cat�logo de delitos, entre ellos, citar: Resoluciones Contrarias a la Constituci�n y a las Leyes (art. 153 del CP) e Incumplimiento de deberes (art. 154 del CP) y sumado a los delitos contra la funci�n judicial, se tiene el delito de Prevaricato (art. 173 del CP), Consorcio de Jueces, Fiscales, Polic�as y Abogados (art. 174 del CP), Retardo de Justicia (art. 177 Bis del CP), entre otros m�s.

Por otro lado, en el caso del Ministerio P�blico (donde existe el principio de unidad y jerarqu�a), por ejemplo, toda resoluci�n que sea indebida o insuficientemente fundada cuya finalidad sea la de perjudicar o beneficiar a una de las partes; o, cualquier inactividad injustificada de actos investigativos por 30 d�as o m�s constituyen faltas muy graves, tal como lo establece el art. 121 num. 18 y 20 de la Ley N� 260 de 11 de julio de 2012; y, por consecuencia es susceptible de destituci�n definitiva del cargo (art. 122 num. 3 de la Ley 260).

Ahora bien, si el llamado a contener el poder punitivo es el �rgano de judicial, y �stos no cumplen con dicha funci�n esencial y persiste el abuso de poder, la Constituci�n boliviana es bastante clara al respecto, el pueblo boliviano ejerciendo su soberan�a (art. 7 de la CPE) y control social (art. 242 num. 5 de la CPE), pueden exigir la revocatoria de mandato a todos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Agroambiental (tal como establece el art. 195 num. 1 de la CPE) y a los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (art. 200 CPE), quienes fueron elegidos aproximadamente hace cuatro (4) a�os atr�s.

Es momento de que todos los �rganos del Estado realmente ejerzan su independencia y que se corte esa perniciosa cadena de odio, revanchismo y judicializaci�n de la pol�tica, que a nada bueno nos lleva ni nos llevar�, sin necesidad de que el pueblo en ejercicio de su soberan�a tenga que disponer un nuevo cableado institucional.

Est� en nuestras manos, tanto del gobierno estatal como de todos nosotros los bolivianos, transformar los conflictos de forma no violenta y demostrar m�s sensibilidad, fraternidad y solidaridad frente a la crisis sanitaria y econ�mica de los seres humanos; respetar y proteger las libertades individuales. Ya no m�s retrocesos (que implican vulneraci�n de derechos) ni dictaduras en la historia de nuestro pa�s.

Es hora de que todas las autoridades y/o servidores p�blicos realmente demuestren que brindan y que brindar�n calidad institucional; y, empiecen a realizar buena gesti�n, reflectando certidumbre en todos los �mbitos (econom�a nacional, salud p�blica, protecci�n de derechos, libertades individuales, propiedad privada, etc.) posibilitando de forma aut�ntica calidad de vida para el pueblo, esto es, que sean capaces de materializar el principio �tico moral del �buen vivir� previsto en el art. 8-I de la CPE.