No a la criminalización de los derechos ni a la esclavitud del soberano

El pre�mbulo de la Constituci�n boliviana hace referencia a las manifestaciones del soberano (el pueblo boliviano), entre ellas las marchas ind�genas, sociales y sindicales, luchas y activismos populares de liberaci�n, etc.

Ahora bien, recordemos que el ciudadano Evo Morales, se mantuvo catorce (14) a�os en el poder, y en su deseo de seguir detentando dicho poder a pesar de que la Constituci�n impide la reelecci�n indefinida, resulta que mientras estaba de presidente del pa�s, para habilitarse somete a refer�ndum aquel deseo traducido en un proyecto de modificaci�n constitucional.

Es as� que se lleva a cabo el refer�ndum constitucional el a�o 2016 (domingo 21 de febrero de dicho a�o), el cual concluy�, con el rechazo del soberano a aquel deseo de que pueda nuevamente re-postularse para presidente del Estado. En otras palabras, el pueblo boliviano dijo: "No a la reelecci�n presidencial indefinida" conforme establece la Ley Fundamental.

Posteriormente, algunos miembros del partido del entonces presidente Morales acudieron al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), logrando que �ste le permitiera nuevamente candidatear a la presidencia mediante una sentencia constitucional muy criticada a nivel nacional e internacional.

Una vez realizadas las elecciones generales en el a�o 2019 resulta que existieron muchas denuncias sobre fraude electoral. El 30 de octubre de 2019, la Secretar�a General de la OEA y el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia �firmaron los acuerdos relativos al an�lisis de integridad electoral de las elecciones celebradas el 20 de octubre del mismo a�o�.

Como resultado del proceso de auditor�a iniciado, el 10 de noviembre de 2019 se emiti� el informe del grupo de auditores del proceso electoral en Bolivia cuyas conclusiones se�alan que se verific� la existencia de serias irregularidades de magnitud tal, que impiden validar los resultados de la elecci�n, recomendando otro proceso electoral con nuevas autoridades, esto es, existencia de un colosal fraude electoral.

Ante esta situaci�n, el pueblo boliviano (entendi�ndose pueblo como la "suma de los individuos" que sale en defensa de sus libertades individuales) ejerciendo su �soberan�a� (art. 7 de la Constituci�n) y actuando conforme a su �derecho a vivir en democracia� (art. 1 de la Carta Democr�tica Interamericana, art. 11-II num. 1 de la Constituci�n) se manifest� de forma masiva en todo el pa�s mediante cabildos y protestas p�blicas generalizadas a nivel nacional, saliendo en defensa de sus libertades durante 21 d�as de resistencia civil pac�fica, repudiando el tremendo fraude electoral consumado. Luego el Presidente y el Vicepresidente del Estado, presentaron su renuncia ante la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Cabe mencionar que, desde la teor�a del poder constituyente, un cabildo es la expresi�n viva de dicho poder, por ende, sus decisiones tienen marcada relevancia frente a los poderes constituidos (arts. 1, 7 y 11 de la Constituci�n).

En ese sentido, la llegada a la presidencia constitucional de Bolivia por parte de la Sra. Jeanine A�ez se produjo en aplicaci�n del art�culo 169 de la Constituci�n, el cual regula la sucesi�n constitucional, que se produjo luego de la renuncia del Sr. Evo Morales el 10 de noviembre de 2019.

El Tribunal Constitucional Plurinacional, por su parte, mediante comunicado del 12 de noviembre de 2019 y Declaraci�n Constitucional Plurinacional N� 0001/2020, se manifest� sobre la constitucionalidad de la Ley Excepcional de Pr�rroga del Mandato Constitucional de Autoridades Electas (prolongando el mandato constitucional de la presidenta Jeanine A�ez y de las dem�s autoridades). Las Naciones Unidas y la mayor�a de la comunidad internacional concluyeron que en Bolivia nunca existi� golpe de Estado.

Con todo ello, queda claro que jam�s existi� destrucci�n o quiebre de la institucionalidad, y una muestra m�s de aquello, es que la Asamblea Legislativa Plurinacional en ning�n momento dej� de funcionar, nunca fue cerrado por cuanto �sta se mantuvo activa hasta el �ltimo d�a de su gesti�n, cumpli�ndose a cabalidad el principio democr�tico de separaci�n de poderes, permiti�ndose la vigencia del sistema de pesos y contrapesos tambi�n conocido como controles y equilibrios. Por lo tanto, nunca existi� un golpe de Estado, ni sedici�n tampoco terrorismo.

Las actuales persecuciones penales contra la ex presidenta Jeanine A�ez, sus ministros y dem�s personas, al verse vulnerados derechos y garant�as constitucionales (inviolabilidad de domicilio, debido proceso, derecho a la defensa, presunci�n de inocencia, etc.) y pretender desconocer todos los antecedentes hist�ricos institucionales del pa�s antes mencionados constituyen un proceso de destrucci�n de la institucionalidad boliviana de forma atroz, propio de las dictaduras, m�xime si existe la insinuaci�n de perseguir a todas aquellas personas que lideraron las protestas y manifestaciones del pueblo boliviano soberano mediante refer�ndum y cabildos masivos frente al fraude electoral del a�o 2019 y en contra de los deseos del ex-mandatario Morales de perpetuarse en el poder por la fuerza.

Lamentablemente dicha represi�n es una manera de criminalizaci�n a la soberan�a que reside en el pueblo, pues pretenden desconocer los mecanismos de democracia directa que ostenta el soberano, el cual manifest� su voluntad popular de rechazo a la postulaci�n del ex presidente Morales (refer�ndum 21F) y en contra del fraude electoral, mediante cabildos masivos, concentraciones c�vicas, protestas p�blicas y resistencia civil pac�fica, quedando claro que el pueblo boliviano soberano decidi� que no estaba de acuerdo con tenerlo a �l nuevamente como presidente del pa�s.

La aplicaci�n del Derecho Penal frente a conductas de los participantes en una manifestaci�n, cabildos, concentraciones, activismo c�vico popular, marchas y protestas p�blicas generalizadas constituye una restricci�n grave y con serias consecuencias para la libertad de expresi�n, y los derechos de reuni�n, asociaci�n y participaci�n pol�tica (arts. 13-II, 21 num. 4 y 5 de la Constituci�n boliviana, Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos CIDH en su Relator�a Especial para la Libertad de Expresi�n CIDH/RELE/INF.22/19, de Septiembre 2019. CIDH, Informe anual de la Relator�a Especial para la Libertad de Expresi�n. 2005. Cap�tulo V, �Las manifestaciones p�blicas como ejercicio de la libertad de expresi�n y la libertad de reuni�n�, p�rr. 96. En el mismo sentido, ver CIDH, Informe Anual de la Relator�a para la Libertad de Expresi�n, 2002, Cap. IV, p�rr. 35; etc.).

Es hora que los dem�s �rganos del Estado ejerzan su independencia (art. 12-I de la Constituci�n) de forma aut�ntica pues nunca �sta debe ser reclamada sino simplemente ejercida en cumplimiento a la Constituci�n, las leyes y la sana conciencia de la autoridad y/o servidor p�blico al igual que las instituciones estatales que cumplen la funci�n de defensa de la sociedad, como ser el Ministerio P�blico, quien debe ser un defensor de la legalidad y los intereses generales de la sociedad (art. 225 CPE), la polic�a boliviana que tiene por misi�n espec�fica la defensa de la sociedad y la conservaci�n del orden p�blico (art. 251-I CPE), la defensor�a del pueblo, quien debe velar por la vigencia de los Derechos Humanos (art. 218-I CPE); etc.
Son los jueces quienes ejerciendo su independencia deber�an ser los encargados de contener ese poder punitivo del Estado, una muestra de aquello, ha sido dignamente la se�ora juez Ximena Mendiz�bal en Chuquisaca, quien, ante la amenaza recibida por funcionarios del Ministerio de Justicia, les hizo recuerdo sobre el respeto que debe primar a la independencia judicial.

Finalmente, a la luz de los arts. 13-IV, 14-III, 111, 113, 256 y 257 de la Constituci�n Pol�tica del Estado; arts. 5.1 inciso b) y art. 7 del Estatuto de Roma (Corte Penal Internacional), podr�amos parafrasear al profesor colombiano Henry Torres V�squez, quien menciona varios aspectos que son trascendentales al momento de analizar el terrorismo en su vertiente estatal como crimen de lesa humanidad, entre ellos: �la existencia de ataque sistem�tico, generalizado e inhumano contra la poblaci�n civil, por parte del Estado o de una organizaci�n que puede ser paramilitar, por ejemplo�. Y advierte que �los terroristas convencionales se destacan por engendrar miedo y terror, lo que en �ltimas es servil al Estado y por supuesto tr�gico para la sociedad�.