No incentivemos la incultura del no pago

La palabra cultura posee muchos significados interrelacionados, consistente en el conjunto de saberes, creencias y pautas de buena conducta de un grupo social, entre ellos se encuentra la excelencia en el gusto por las bellas artes y las humanidades, conocida tambi�n como alta cultura. La falta de cultura se relaciona con la ausencia de conocimiento y a ella, se la denomina la incultura.

Lo peor que le puede pasar a la econom�a boliviana es que despu�s de la crisis generada por el Covid-19 se instale la incultura del no pago.

La econom�a boliviana se articula bajo determinados principios previstos en la Constituci�n (art. 306-III CPE), entre ellos, el de �seguridad jur�dica�, equilibrio, transparencia, sustentabilidad, entre otros m�s.

Asimismo, el art. 311-II num. 5) de la Constituci�n, establece el respeto que debe primar a la iniciativa empresarial y a la seguridad jur�dica.

Con todo ello, advi�rtase que los contratos privados tienen fuerza de ley entre las partes contratantes. No puede ser disuelto sino por consentimiento mutuo o por las causas autorizadas por ley (art. 519 del C�digo Civil).

El sistema financiero es competencia potestativa del nivel central del Estado (art. 298 de la Constituci�n), es decir, se encuentran reservadas al Estado central, tanto la legislaci�n, reglamentaci�n como la ejecuci�n de la misma.

La ley 393 (Ley del sistema financiero) ratifica que las actividades y servicios financieros son de inter�s p�blico; y, �nicamente pueden ser ejercidas por entidades financieras autorizadas.

El Estado debe resguardar la continuidad de los servicios financieros y la estabilidad del sistema financiero. Se debe evitar una crisis de liquidez pues si existe bancos descapitalizados genera quiebra del sistema financiero.

Todo lo relacionado a la liquidez y al encaje legal est� previsto en el art. 426 en delante de la Ley N� 393, y todo plan de contingencia no implica desconocimiento de deuda ni no pago de intereses y capital.
Las medidas legales por emergencia sanitaria establecieron el diferimiento de cr�ditos sin distinci�n; y, a ello, ahora se desea ampliar un periodo de gracia a seis (6) meses, lo cual implica una indulgencia en ese periodo de tiempo suponiendo que para entonces el sector afectado obtenga ingresos y empiece a pagar el capital y el inter�s, pero en ning�n momento el no pago de la deuda ni la condonaci�n de intereses y capital.

Cabe mencionar que el asunto de los cr�ditos del sector transporte con la banca son contratos entre privados. El servicio podr� ser de inter�s p�blico, pero la naturaleza de los contratos es de privados, esto es, entre partes contratantes. Y como ya hemos indicado, los contratos privados tienen fuerza de ley entre las partes. Romper ese criterio de forma totalmente arbitraria sin la participaci�n de ambas partes, constituye una grav�sima afrenta pues vulnera el principio de legalidad, la seguridad jur�dica, etc., atentando al Estado Constitucional de Derecho.

Toda negociaci�n que pretenda hacer un gobierno sobre estos temas, debe hacerlo con la participaci�n de todas las partes involucradas, no solo con un sector del transporte, siendo que dicho sector es amplio y aglutina a muchos, lleg�ndose a olvidar del resto, y en especial de ASOBAN, haciendo trizas la teor�a de los contratos y en consecuencia generando mayor incertidumbre e inseguridad jur�dica en el pa�s.

El Estado central es quien m�s debiera alentar la cultura del pago y no as� desnaturalizarla, destruirla ni evadirla arbitrariamente.
Es m�s, un simple decreto supremo o un acuerdo ministerial no puede resolver este asunto. Aqu� est�n en juego, por un lado, la econom�a nacional y por el otro, el sistema financiero nacional.

En el peor escenario, que se desee ir por una condonaci�n crediticia es mediante ley, y es en la Asamblea Legislativa Plurinacional donde se debe debatir si realmente desean afectar a la econom�a nacional y hacer caer al sistema financiero nacional, pues para cualquier condonaci�n debe existir un soporte del Estado, y esto, no es otra cosa, que afectarnos a todos los bolivianos, ya no as� a dos determinados sectores.

Ya es hora que dejemos de lado aquellas pol�ticas keynesianas, de apostar en todo momento por el endeudamiento (adquiriendo deudas inmorales, cuyas decisiones implican deuda externa monstruosa, sacrificando y embargando a futuras generaciones), ni trasladar todo el ajuste al sector privado para que sea �ste el �nico quien pague todos los platos rotos y soporte todos los gastos, oblig�ndolo a m�s cargas tributarias, sociales, dobles aguinaldos, aumento salarial, prestaciones sanitarias, etc., matando de esta manera el sector productivo del pa�s.

Tampoco es emitiendo m�s monedas o billetes que s�lo nos conduce a mayor inflaci�n; y, menos a�n, oprimiendo al contribuyente (al formal), al considerar a los impuestos como principal fuente de financiaci�n, convirtiendo al pa�s en un eterno infierno fiscal.

Por todo lo expuesto, es menester achicar el Estado, ya no m�s agigantamiento estatal ni Estados ni�eras, que provoca a la sociedad a vivir de crisis en crisis, destruyendo el tejido productivo del pa�s.
Ya no m�s gente esperanzada a que se creen m�s cargos p�blicos, m�s planchas de grupos pol�ticos con una serie de carteras para generar m�s pegas (m�s chamba), clientelismo, mercantilismo de Estado y m�s corrupci�n.

Es una l�stima quienes consideran al Estado como si se tratase de una vaca gorda a la cual hay que exprimirla (orde�arla lo m�s que se pueda); y, bajo esa perniciosa l�gica es lamentable ver que casi todos, de una u otra manera, desean estar permanentemente prendidos de las tetas del Estado.

Es hora de una verdadera reforma tributaria, encaminada hacia la eliminaci�n de las exoneraciones tributarias, ampliaci�n de la base tributaria bajando significativamente las tasas impositivas, luchando eficazmente contra la evasi�n y simplificando sustancialmente los tr�mites administrativos no �nicamente para el pago de impuestos sino promoviendo tal situaci�n para todo el aparataje estatal, implementaci�n del seguro de desempleo (art. 45-III CPE), aislamiento �asistido� para los grupos m�s vulnerables, junto al trabajo escalonado de los dem�s sectores y por tiempo determinado con altas exigencias de bioseguridad, prohibici�n de aglomeraciones, entre otras medidas.