Del Estado Plurinacional al Estado Plurimalestar

Nunca tuvimos en Bolivia un Estado de bienestar con pleno empleo, amparo al trabajador y al empleador, cobertura en salud, educaci�n, vivienda, servicios b�sicos y sociales plenos, pensiones de jubilaci�n aplicado en Europa y parte en Estados Unidos durante el siglo XX. Era un circulo virtuoso, o la m�s parecido a el,  que generaba capital humano de calidad, buena educaci�n, mejores universidades, apoyo a la investigaci�n, que a su vez impulsaban crecimiento, productividad y competitividad econ�micas para solventar ese bienestar, sin presiones inflacionarias.  As� respond�a a las demandas sociales y controlaba sus tensiones.

Hoy ese bienestar  es un inaccesible objeto del deseo de amplias clases populares y medias, en criterio de muchos no por los gastos sociales que requer�a, sino por que la econom�a mundial pas� a depender de mercados financieros especulativos, sin control alguno, y sin la m�s remota intenci�n de justicia redistributiva.
Por estos lares, el Estado de bienestar no existi� nunca, ni con revoluci�n del �52, menos con las dictaduras militares, ni en tiempos de democracia y tampoco con el Estado Plurificciones de Evo Morales,  hoy  convertido en un Estado Pluri-malestar, como el  que vive la sociedad boliviana, con  perfiles cada m�s conflictivos.

El origen de desigualdades e inequidades socioecomicas parte de erradas pol�ticas de redistribuci�n del excendente, concentraci�n de riqueza en pocas manos y en equivocadas medidas populistas, clientelares, prebendales y  rentistas a costa de bonos y m�s bonos, como en la actualidad. Esa es la realidad de Bolivia hoy, con 80% de la poblaci�n economicamente activa (PEA) sumida en la informalidad, subempleo, empleo precario y la ilegalidad v�a el contrabando y el narcotr�fico.

Si bien la informalidad es una estrategia de sobrevivencia, cuando ni el Estado ni el sector privado absorben la fuerza productiva, esas pr�cticas someten a la mayor�a a un destino desarticulado de la sociedad productiva legal, sin beneficios sociales de tipo alguno. La obsoleta econom�a primario-exportadora-extractivista minera e hidrocarbur�fera, tampoco los abosrve.
En el caso minero crea graves conflictos entre asalariados del sector estatal y los cooperativistas, peque�os propietarios de una parte la minera nacionalizada,  que se disputan el favor del poder pol�tico y tienen su beneplacito. Son una importante base social para la reproducci�n de poder de Morales:  los cooperartivisitas son 80 mil, am�n de sus familias, y los asalariados solo cinco mil. La correlaci�n de fuerzas n�mericas est� a su favor abrumadoramente.

Las pol�ticas populistas del gobierno exacerban los conflictos, ya que conducen al fetichismo de representaciones simb�licas o reales en combativos movimientos sociales. Estas organizaciones hacen uso de su fuerza y su poder f�ctico contundentes por encima de toda norma y convivencia democ�ticas. Son la manifestacion de la antipol�tica y empiezan a desnudar la impotencia del Estado plurimalestar, sin mecanismos para controlar la expresi�n desenfrenada de intereses corporativistas de cocaleros, transportistas, mineros, gremiales y contrabandistas ilegales.

De ser rehenes del poder pol�tico, hoy se le enfrentan y muchas veces logran imponersele. Casi sin excepci�n, todos ostentan tendencias conservadoras, nada democr�ticas, no pagan impuestos o est�n sujetos a reg�menes �simplicados� que favorecen la corrupci�n y la elusi�n. Recurren a pr�cticas violentas que suman a la sociedad en un estado de malestar  permanente, con muertos, heridos, contusos y p�rdidas de bienes. Muchas veces tienen a su favor venales funcionarios de aduana y administradores de justicia.

Delitos, conflictos y malestares.
Al cabo de siete a�os, el oficialismo se da cuenta que hay regiones a merced del delito,  y tambi�n  de su impotencia para enfrentar la ilegalidad. Hoy apunta a �cortar las redes de la organizaci�n del crimen en Bolivia, vinculada al contrabando, al narcotr�fico, a la falsificaci�n de dinero� se�ala  el ministro de la presidencia. El �Vice�, por su parte,  recuerda que se ha desplegado fuerza militar �eventual, temporal, flexible, altamente especializada� en las zonas de conflicto.

Y  ahora Morales pretende promulgar una ley de �Extinci�n de Dominio Propietario�,  aplicable a aquellas personas que no justifiquen la legilidad de sus bienes: casas, autobuses, camiones de carga, todo tipo de motorizado liviano, mercancias, as� como dinero en cantidad superior   a $us 10 mil, sin adquisici�n legal, ser�n expropiados a favor del Estado.

La reacci�n de transportistas, mineros, gremialistas, cocaleros ilegales, es decir de coca excedentaria y sus concomitantes actividades ligadas a la producci�n de coca�na y narcotr�ftico,   ha sido descomunal. Lo mismo que en el sector de �chuteros�, nombre con el que se denomina a los contrabadistas de autos, robados aqu� o en los pa�es vecinos o simplemente �sin papeles�. Ese submundo automotriz abarca a contrabandistas, choferes, mec�nicos, falsificadores de placas, documentos, am�n todo lo necesario para enmascarar el delito. Cuentan, adem�s,  con el amparo de gran parte de las poblaciones que se beneficia de la ilegalidad.

La ley de marras ha provocado marchas, paros, bloqueos, diamitazos, violencia y muerte en los santuarios del contrabado en las fronteras y de la produccion de coca�na. Esas zonas,  se han convertido en tierra prohibida al  despliegue del control estatal,  policial y militar, impotentes frente al crimen organizado.

Y sin embargo, frente al plurimalestar social del Estado inoperante, el gobierno acosa con juicios a periodistas, a medios que cumplen con el derecho a informar, se desmarcan del pensamiento �nico oficialista, de su propaganda pol�tica y le ponen cara a la mordaza  que petenden imponer a la libertad de expresi�n. Y continua con el juicio por el falso complot terrorista-separatistas contra gente del Oriente, sin m�s pruebas que las inventadas por Garcia Linera y compa��a.

Esa pol�tica ha llevado la intolerancia a l�mites inaceptables. Fue lo que le sucedi� a una radio de la localidad frontetiza de Yacuiba, que daba espacio a denuncias de coimas e ilegalidades en la administraci�n p�blica local, o protestas contra contrabandistas. Su due�o, Fernando Vidal y su secretaria, Karen Anze,  se debaten con quemaduras de segundo y tercer grado, en hospitales cruce�os. Los mercenarios -ya se sabe que fueron contratados  para cometer el crimen- rociaron con gasolina el local y el propio cuerpo de Vidal, para luego disparar dos tiros y echar dentro del recinto trapos incendiaros. Todo qued� destruido.

Hoy el malestar apunta tambien a la sociedad agr�cola productiva cruce�a, responsable de 70% de la seguridad alimentaria del pa�s, y que desde hace siete a�os est� sometida a las arbitrariedades  gubernamentales, que prohibe exportaciones, hace perder mercados y genera desconfianza en productores y compradores. La reci�n promulgada  �Ley de la Madre Tierra� adem�s prohibe el uso de transg�nicos, utilizados por peque�os, medianos y grandes productores que cumplen con el oficio de  dar de comer a Bolivia.

Dicha ley, que  tambi�n estimula el avasallamiento desde el occidente andino a tierras productivas en el Oriente, les dio �en la madre� a la tierra y  a los agricultores, apunt� el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodr�guez.

Nada bueno augura la pol�tica populista, demogaga y err�tica  del Estado Pluri, convertido en Estado plurimalestar, que genera espirales de conflictos y puede llevar al pa�s a  mayores grados de malestar, intolerancia y violencia.