Jueves 19 de noviembre 2026

JUSTICIA Y FÚTBOL BAJO TENSIÓN

Saucedo reaparece defendiendo un expediente de 15,9 millones de dólares



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Desde la clandestinidad y mientras pesa sobre él una orden de aprehensión tras salir del país el pasado 4 de noviembre, el expresidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rómer Saucedo, reapareció este jueves en su cuenta personal de Facebook para defender la actuación judicial en un expediente de 15,9 millones de dólares que mantiene enfrentados a la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y a la empresa telefónica Tigo.

A través de un pronunciamiento escrito en tono vehemente, la exautoridad rechazó las acusaciones que vinculan a su entorno familiar con un presunto soborno de un millón de bolivianos y afirmó de manera textual: "Niego categóricamente que mi persona, mi hermana o algún familiar mío, haya sido autor o cómplice de un supuesto cohecho de la FBF en el proceso contra Tigo", denunciando que se inició una "brutal persecución contra mi hermana y otros familiares con la única finalidad de amedrentarme".

En su descargo público, Saucedo sostuvo que la prueba más contundente de su inocencia radica en el desenlace de la Acción de Amparo Constitucional tramitada en Santa Cruz, señalando que "a la FBF NO se le concedió la tutela que solicitaba" y que "la justicia habló y dio la razón con los hechos, a quien en ese momento se consideró se debía dar (TIGO)", además de asegurar que con el titular federativo Fernando Costa jamás tuvo una relación más allá de lo institucional y "la pasión que todos compartimos por nuestra Selección".

LA RUTA DE LOS MILLONES EN DISPUTA

⚠️ El pleito por 15,9 millones de dólares sigue abierto sin sentencia definitiva de fondo

⚖️ La Sala Constitucional Primera de Santa Cruz congeló cuentas de Tigo antes de negar el amparo

💣 Legisladores anunciaron pruebas ante la Fiscalía sobre presuntos nexos entre fútbol y justicia

📉 La denuncia apunta a un supuesto pago de un millón de bolivianos atribuido a la hermana de Saucedo

Sin embargo, la revisión de los antecedentes procesales del caso muestra que la causa radicó en la Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, instancia que antes de denegar la tutela final sí dio curso inicial al reclamo cautelar de la dirigencia deportiva y ordenó el congelamiento temporal de las cuentas bancarias de Tigo durante varios días en 2025.

El fondo económico de este expediente corresponde a la última cuota impaga del contrato de derechos de transmisión televisiva firmado entre la FBF y Tigo para el periodo 2021-2024 por un global cercano a los 48,6 millones de dólares, dejando entrampados 15,9 millones de dólares de la temporada 2024 que continúan en litigio activo en instancias ordinarias y arbitrales sin un veredicto definitivo que liquide la deuda.

El choque comercial estalló luego de que la entidad federativa rompiera el vínculo contractual e impulsara su propia plataforma de emisión en 2025 para exigir el pago íntegro de los 15,9 millones de dólares, mientras que la empresa de telecomunicaciones argumentó que el acuerdo fue resuelto legalmente debido a incumplimientos atribuibles a la propia dirigencia del fútbol boliviano.

La controversia judicial cobró fuerza política hace tres días tras filtraciones originadas en estrados cruceños y denuncias en la Asamblea Legislativa que señalaron a Ana Gabriela Saucedo, hermana del exmagistrado, por el supuesto cobro de un millón de bolivianos destinado a direccionar el fallo constitucional en favor de la federación deportiva.

En paralelo, parlamentarios de las bancadas Libre y PDC solicitaron formalmente al Ministerio Público abrir una investigación sobre el manejo financiero de la FBF y anunciaron la entrega de elementos probatorios respecto a presuntos nexos de Fernando Costa tanto con Saucedo como con el encarcelado exfiscal general Roger Mariaca, mientras que Costa rechazó los señalamientos calificándolos como basura de internet y asegurando no conocer a la hermana del extitular del TSJ.

Este cruce de acusaciones ocurre en medio de un profundo sacudón institucional en el distrito judicial de Santa Cruz, marcado por las recientes aprehensiones de exautoridades como Aldo Quezada y Julio César Porras y por las investigaciones abiertas tras la desaparición de maletas trasladadas en un vuelo privado desde Estados Unidos, expediente en el que el propio Saucedo fue señalado y por el cual permanece fuera del territorio nacional.

Aunque la acción de amparo constitucional concluyó denegando la tutela a la FBF, la disputa de fondo por los 15,9 millones de dólares sigue abierta en los tribunales mientras la Fiscalía debe esclarecer si existieron gestiones irregulares detrás de uno de los expedientes económicos más sensibles del deporte boliviano.


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