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- 2026-11-19
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Mientras la Policía intenta explicar cómo tardó veinte minutos en reaccionar tras diez disparos en un pabellón de máxima seguridad, la escena en el penal de El Abra desnuda una verdad mucho más grave: cuatro internos tuvieron las llaves, el tiempo y el armamento para tumbar una puerta a patadas y ejecutar un libreto ordenado desde afuera contra el exfiscal Alberto Zeballos.
El comandante departamental de la Policía en Cochabamba, coronel Henry Ontiveros, confirmó que el ataque ocurrió a las 16:30 del miércoles en el bloque C y admitió que la fuerza del orden tardó veinte minutos en intervenir para restablecer el control. Por su parte, el fiscal departamental Eddy Ordóñez precisó que los peritos contabilizaron diez impactos de bala calibre 9 milímetros en la puerta del baño donde se refugió Zeballos, quien salió apenas con una escoriación leve en la nariz.
El cuento chino de la máxima seguridad se derrumba al revisar el inventario incautado tras el operativo: en un recinto custodiado por anillos policiales y Régimen Penitenciario operaban con total libertad internos de alta peligrosidad con una pistola 9 milímetros, nueve casquillos percutidos, tres cartuchos sin percutar, diez teléfonos celulares y cien envoltorios de sustancias controladas. Una pistola de acero no entra por telepatía ni en una encomienda común; ingresa por la puerta principal con la complicidad tarifada de quienes custodian las llaves.
LAS PREGUNTAS QUE EL ESTADO DEBE RESPONDER
⚠️ Una pistola de acero no entra por telepatía: ingresó por la puerta principal con la vista gorda o la complicidad tarifada de quienes custodian el penal.
⚖️ Veinte minutos sin intervención policial en un pabellón cerrado no es lentitud operativa, es zona liberada para disparar, arrojar el arma y destrozar los celulares.
💣 Diez disparos a quemarropa contra una puerta diminuta sin herir al objetivo alimentan la duda mortal entre un silenciamiento fallido o un teatro para lograr traslado.
📉 Apenas horas después de los disparos, la defensa de Zeballos ya exige su traslado inmediato a Palmasola, el feudo donde la red del Caso Roma movía los hilos.
La matemática policial tampoco cuadra y exhibe los agujeros negros del parte oficial: la Fiscalía reporta diez orificios de proyectil en la madera, pero solo recolectó nueve vainas servidas en el piso mientras el cargador hallado en el patio aún conservaba tres balas. Más grave aún resulta el mito del aislamiento de Zeballos, pues los tres ciudadanos brasileños, Fabio M. O., Gabriel S. S. y Oscar J. T. D., además del boliviano Adebaldo G. F., forzaron el acceso al piso sin encontrar resistencia alguna.
Los veinte minutos de ausencia policial configuraron una zona liberada perfecta para que los ejecutores vaciaran el arma, lanzaran la pistola hacia el patio y destrozaran metódicamente sus teléfonos celulares antes de ser capturados. Nadie destruye sus propios equipos móviles tras una simple riña carcelaria; lo hicieron para borrar de raíz el historial de llamadas y mensajes que delataban quién dio la orden desde afuera.
La puntería imposible abre la segunda línea de sospecha que sacude: diez disparos a quemarropa contra la puerta de un baño diminuto sin causar una sola herida de bala al objetivo. O los atacantes contratados son los más torpes de la región, o dispararon directamente a la madera para fabricar un teatro de alto impacto que justifique sacar al exfiscal de Cochabamba.
El libreto encaja con precisión quirúrgica con el movimiento inmediato de los abogados de Zeballos, quienes ya exigen su traslado urgente al penal de Palmasola en Santa Cruz alegando falta de garantías. Devolvérselo a Palmasola significa regresarlo al terreno natural donde operaba la estructura judicial del Caso Roma y donde las redes de protección a Sebastián Marset ejercieron influencia directa.
El ataque ocurre además apenas veinticuatro horas después de que la justicia enviara a la cárcel al expresidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Aldo Quezada, y al exfiscal Julio César Porras por el mismo expediente. Zeballos posee la llave maestra de esa trama y el temor de quienes siguen libres en las altas esferas acelera cualquier maniobra para callarlo antes de que negocie o para ponerlo a buen recaudo en su feudo cruceño.
La culpa directa no recae en los cuatro reos que jalaron el gatillo, sino en un Estado que entregó las llaves de las cárceles a las mafias y al dinero de la corrupción judicial, dejando a la Policía y a Régimen Penitenciario en el banquillo de los acusados por el control criminal de los penales.