Gobierno justifica 53 días de cerco vial y pérdidas millonarias a un año de gestión

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Al cumplir un año al mando del Estado, el gobierno del presidente Rodrigo Paz calificó como un logro de concertación la gestión de los 53 días de bloqueos de carreteras registrados en mayo y junio de este año, según una publicación oficial transmitida por la agencia estatal ABI.

El reporte institucional sostiene que la crisis vial que paralizó el transporte interdepartamental y aisló a las ciudades de La Paz y El Alto se encaró mediante diálogo y coordinación sectorial. Según el documento difundido en plataformas oficiales, las mesas de negociación con mineros, fabriles y la Central Obrera Boliviana permitieron desactivar las medidas de presión sin recurrir a la fuerza pública durante la mayor parte del conflicto.

No obstante, la relación de hechos contenida en el propio informe reconoce la gravedad del impacto social y económico provocado por la interrupción de las rutas. Durante casi dos meses, más de 5.000 camiones de carga permanecieron varados en sectores estratégicos como Sayari y Patacamaya, lo que generó un desabastecimiento severo de alimentos en los mercados del occidente y provocó caídas de hasta el 90 por ciento en las ventas del comercio minorista y mayorista.

IMPACTO Y BALANCE DE LOS 53 DÍAS DE CONFLICTIVIDAD

⚠️ Más de 5.000 camiones quedaron inmovilizados en puntos críticos de la red vial como Sayari y Patacamaya.

⚖️ El 20 de junio el Ejecutivo recurrió al Estado de Excepción y al despliegue de las Fuerzas Armadas.

💣 Las pérdidas en el sector comercial de La Paz y El Alto alcanzaron hasta un 90 por ciento en ventas.

📉 La firma de un acuerdo con la Central Obrera Boliviana puso fin a los 53 días de paralización.

La narrativa gubernamental destaca que, ante la prolongación del cerco y el perjuicio a las familias, el 20 de junio se dispuso la aplicación del Estado de Excepción en todo el territorio nacional. Esta medida dio paso a la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía Boliviana para liberar las vías y garantizar el abastecimiento de insumos básicos, mientras se mantenían abiertas las mesas de concertación con los dirigentes sociales.

Paralelamente, el informe de la agencia ABI resalta la articulación de acciones de solidaridad desde los departamentos del oriente, Chuquisaca y Potosí para enviar alimentos hacia las zonas afectadas por el corte de rutas. A pesar de estas medidas de contingencia, los sectores productivos sufrieron parálisis en la cadena de distribución que afectaron el flujo comercial interdepartamental.

El 7 de octubre posterior, el primer mandatario ratificó la línea discursiva del Ejecutivo al declarar públicamente que durante los 53 días de conflicto se priorizó la mesa de diálogo sobre el uso de la fuerza. Esta evaluación oficial busca posicionar la gestión de la crisis como un antecedente de resolución de conflictos sin enfrentamientos directos en las carreteras.

El análisis del reporte estatal pone de manifiesto la visión de las autoridades frente a un periodo de alta tensión social que marcó el primer año de administración del presidente Rodrigo Paz, en un contexto donde el comercio local y el transporte pesado asumieron los costos directos de la paralización vial.

La versión emitida por la agencia estatal ABI enmarca los 53 días de bloqueo como un ejercicio de concertación social, a pesar de los severos daños económicos registrados en el país.