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- 2026-10-29
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La Fiscalía Departamental de Santa Cruz tiene la obligación legal de iniciar de oficio un proceso penal contra los miembros de la prensa involucrados en la recepción de sobornos. El anuncio del fiscal departamental Jimmy López sobre un esquema de cobros ilegales para beneficiar a exautoridades judiciales exige la intervención inmediata de las autoridades competentes.
La máxima autoridad del Ministerio Público en Santa Cruz reconoció públicamente la existencia de una red de pagos orientada a manipular la cobertura informativa. Sin embargo, la institución pretende someter a evaluación previa la apertura de la causa, omitiendo la aplicación directa del procedimiento penal.
El caso cobra mayor gravedad debido a que las exautoridades vinculadas a estos desembolsos, entre ellas los exfiscales Alberto Zeballos y Roger Mariaca, se encuentran con detención preventiva. La legislación penal vigente mandata la persecución de todos los actores involucrados en hechos de corrupción pública.
📌 PUNTOS CLAVE DE LA OBLIGACIÓN JUDICIAL:
⚠️ Artículo 289 del Código de Procedimiento Penal establece la persecución de oficio.
⚖️ 2 exautoridades del Ministerio Público se encuentran privadas de libertad por corrupción.
💣 1 fiscal departamental confirmó formalmente la existencia del cobro de sobornos.
📉 0 citaciones judiciales han sido notificadas a los comunicadores involucrados.
La omisión de medidas cautelares o citaciones inmediatas contrasta con la celeridad aplicada en otros procesos judiciales. La protección del ejercicio periodístico no contempla el encubrimiento de delitos de cohecho o consorcio entre funcionarios públicos y particulares.
El Ministerio Público debe citar a declarar a los involucrados bajo la condición de investigados para determinar el alcance de los pagos realizados. El esclarecimiento de este caso resulta indispensable para sentar un precedente contra la instrumentalización de la información.
La Fiscalía Departamental de Santa Cruz no puede dilatar la investigación penal de oficio contra los periodistas salpicados por la corrupción judicial.
