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- 2026-10-23
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La abogada Irma Villavicencio Suárez fue electa y juramentada como nueva presidenta del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, tras la renuncia formal de Aldo Quezada en la sesión extraordinaria de Sala Plena. La juramentación de la nueva autoridad se dio con la promesa explícita de encarar una lucha contra la corrupción y transformar la percepción ciudadana del Órgano Judicial.
El proceso de sucesión se aceleró este viernes cuando el subdecano Walter Pérez convocó al pleno tras la salida repentina de Quezada. La norma preveía que el decano Julio Alba tomara el control del tribunal, pero su solicitud de licencia obligó a convocar a votación inmediata para elegir a Villavicencio.
La crisis interna del TDJ estalló tras la difusión de la nómina del Departamento de Estado de los Estados Unidos sobre restricciones de visado. La medida diplomática alcanzó de forma directa a las autoridades salientes y a sus núcleos familiares, desatando dimisiones en la cúpula judicial.
📌 DETALLES TÉCNICOS DE LA SUCESIÓN JUDICIAL:
⚠️ Convocatoria extraordinaria a Sala Plena realizada por el subdecano Walter Pérez para resolver el vacío de poder.
⚖️ Declaración de gestión centrada en la transparencia institucional emitida por la abogada Irma Villavicencio Suárez.
💣 Aplicación de restricciones de visa por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos a vocales del TDJ.
📉 Desestimación de la Sucesión por reglamento debido a la licencia formal presentada por el decano Julio Alba.
El presidente saliente presentó su dimisión unánime antes de la sesión donde se definió la nueva directiva. La inclusion de altos magistrados en nóminas de sanción internacional expone la fragilidad del sistema de justicia en el departamento.
Villavicencio asume el mando en medio de presiones políticas y ciudadanas que exigen revisiones a los fallos y procesos internos. La nueva administración deberá operar bajo el escrutinio de los estamentos legales y de la diplomacia internacional.
La reestructuración del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz marca un precedente de impacto inmediato en la administración de justicia regional.
