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- 2026-09-07
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El Comité Pro Santa Cruz asumió el control ciudadano sobre la fiscalización y distribución de carburantes tras lograr que YPFB instale una sala de monitoreo en menos de 24 horas. Santa Cruz se constituye en el primer departamento en ejercer vigilancia en tiempo real sobre la cadena de suministro de diésel y gasolina.
El vicepresidente cívico, Agustín Zambrana, inspeccionó las instalaciones y declaró: "Hoy valoramos que se haya hecho una intervención, porque obliga a que estemos encima y empecemos a ver realmente por dónde están las filtraciones de robo". La movilización institucional se originó tras denunciar el ocultamiento de miles de litros en la localidad de Cabezas.
La presión cívica forzó la apertura del centro de cómputo estatal, transformando un reclamo por desabastecimiento en una intervención ciudadana directa a los sistemas informáticos de la petrolera.
📌 SANTA CRUZ CORTA 60 CUENTAS INFORMÁTICAS CLANDESTINAS EN YPFB
⚠️ Intervención directa: Monitoreo a 180 estaciones de servicio cruceñas en coordinación con cívicos.
⚖️ Acción legal: Intervención de la Contraloría General del Estado para investigar el desvío de insumos.
💣 Red paralela: 60 cuentas informáticas sin titular alteraban cupos y parámetros de despacho.
📉 Operativo: Eliminación de cupos "rezagados" para priorizar la atención a las filas en surtidores.
El asesor de Presidencia de YPFB, Sergio Hinojosa, confirmó la desactivación de 60 accesos al sistema que no contaban con asignación de personal ni justificación operativa. Las cuentas irregulares tenían la capacidad de modificar registros históricos y alterar los volúmenes reales de carburantes.
Las primeras investigaciones arrojaron un desfase sistemático entre el producto disponible y el asignado a los surtidores. La manipulación creaba cupos rezagados que eran desviados de manera prioritaria al mercado paralelo.
Para frenar las anomalías, la estatal petrolera cerró la vulnerabilidad de sus plataformas e inició auditorías informáticas de fondo. YPFB transparentará las matrículas de las cisternas y los volúmenes en tránsito junto a la Asociación de Surtidores.
La acción cívica busca sentar un precedente nacional en la fiscalización social del patrimonio hidrocarburífero. El control monitoreará las rutas de despacho para erradicar las redes de reventa ilegal en el departamento.
El Dato de Cierre: La purga de 60 cuentas clandestinas en YPFB confirma la existencia de una red informática que manipulaba la distribución de carburantes en el mercado nacional.
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