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- 2026-08-31
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El abogado y exministro en la gestión de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzain, solicitó formalmente al Fiscal General del Estado una investigación integral de los hechos de septiembre y octubre de 2003, luego de que la Justicia Constitucional anulara el proceso por violaciones al debido proceso y la verdad material.
Según reveló el portal Infobae, la petición fue ingresada oficialmente a las 9:15 mediante un memorial presentado por la abogada Goldy Vargas en la sede del Ministerio Público en Sucre, demandando juzgar la totalidad de los hechos y no únicamente a las exautoridades del gobierno derrocado.
La iniciativa legal busca desarticular la narrativa del derrocamiento de 2003 al exponer cómo una amnistía selectiva protegió a los gestores del conflicto e introdujo un sesgo judicial sostenido durante dos décadas.
📌 DATOS CLAVE DEL MEMORIAL PRESENTADO EN SUCRE
🕒 REGISTRO DE INGRESO: Presentado a las 9:15 de la mañana ante el Ministerio Público en Sucre.
📋 PLANES SINDICALES: Exige investigar la ejecución de los planes PULGA, TARAJCHI, SIQUITITI y QUISKA.
🚫 DIRIGENTES IMPUTADOS: Pide procesar a Evo Morales, Felipe Quispe (+), Alejo Veliz y Jaime Solares.
⚖️ AUTORIDADES EN LA MIRA: Solicita ampliar investigación a Carlos Mesa, Álvaro García Linera y Luis Arce.
El documento argumenta que la proposición acusatoria original eliminó arbitrariamente a los principales impulsores de la convulsión social, a quienes se señalaba por alzamiento armado, incendios, atentados contra servicios públicos y coacción.
El exministro sostiene que la amnistía dictada por Carlos Mesa generó encubrimiento e impunidad para los agresores, distorsionando la pacificación del país y convirtiendo el aparato judicial en un instrumento de persecución política.
La fundamentación jurídica invoca los artículos 3, 5, 7, 8, 9, 23, 24 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, exigiendo el restablecimiento del derecho a la defensa y la verdad material.
El memorial expone que el derrocamiento del gobierno constitucional el 17 de octubre de 2003 derivó en la ruina de la República, vinculando directamente ese quiebre con la actual crisis económica, la escasez de carburantes y la pérdida de reservas.
La solicitud entregada a la Fiscalía General exige dejar sin efecto los actos acusatorios de la investigación fragmentada y reconstruir objetivamente la conducta individual de todos los intervinientes.
Sánchez Berzain remarca que el país tiene la oportunidad histórica de finalizar con la impunidad de los promotores del quiebre institucional, exigiendo que las investigaciones establezcan responsabilidades por el delito de alta traición a la Patria.
El Dato de Cierre: El recurso legal requiere reabrir el caso contra 22 actores políticos y sindicales para juzgar de manera integral el derrocamiento presidencial de 2003.
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