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- 2026-08-26
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El viceministro de Transparencia, Yamil García, denunció penalmente a 14 implicados por provocar una afectación económica de más de Bs 870 millones al Estado mediante contratos irregulares y sin garantías para la Planta de Biodiésel I de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
El hecho se originó tras la suscripción de dos contratos de provisión de aceite crudo de soya entre YPFB Refinación y la empresa Indueste S.R.L. por un monto total de Bs 1.057 millones, desembolsando de forma inmediata el 75% en anticipos desde el 9 de abril de la gestión 2024.
El núcleo del conflicto expone cómo el propio Directorio de YPFB Refinación alteró sus reglamentos internos para eliminar los candados de seguridad financiera, permitiendo que una empresa privada absorba fondos públicos sin dejar respaldos reales ante un inminente incumplimiento.
La operación se fraguó mediante un mecanismo de impunidad interna donde el Directorio de YPFB Refinación sesionó exclusivamente para mutilar el reglamento de contrataciones, extirpando la obligación legal de presentar las boletas de correcta inversión de anticipo y de fiel cumplimiento.
Esta alteración normativa permitió que, a tan solo seis días de aprobada la modificación, el contratista privado Indueste S.R.L. accediera a los desembolsos millonarios sin activar un solo blindaje financiero para el patrimonio nacional.
El colmo del esquema delictivo se ejecutó tras consolidarse el incumplimiento del proveedor; en lugar de ejecutar acciones coercitivas inmediatas, los altos ejecutivos de la estatal petrolera transaron una resolución contractual de mutuo acuerdo y aceptaron como compensación dos predios agrarios, a sabiendas de que su condición jurídica constitucional de pequeña propiedad los catalogaba de forma absoluta como bienes inembargables e irrecuperables.
📌 LOS DETALLES DEL DELITO
La impunidad del caso escaló cuando los ejecutivos de la estatal petrolera intentaron enmendar el error aceptando predios agrarios protegidos por la Constitución.
Las denuncias penales involucran directamente al empresario Henry I.P., socios de Indueste S.R.L. y los gerentes firmantes de YPFB Refinación.
Las autoridades confirmaron que el esquema fue configurado en menos de una semana para beneficiar de forma directa a los privados.
El Dato de Cierre: El Estado boliviano quedó completamente desarmado al no poseer ni una sola boleta de garantía de cumplimiento ni de correcta inversión de anticipo para recuperar los recursos públicos.
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