Defensor del Pueblo se opone al Estado de Excepción en pleno bloqueo nacional

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Bolivia se desangra en las carreteras mientras la burocracia legal intenta atar de manos al Estado. En un momento crítico, donde la transitabilidad del país está herida de muerte por más de 100 puntos de bloqueo, el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, decidió activar una acción de inconstitucionalidad abstracta ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), buscando frenar en seco cualquier posibilidad de aplicar un Estado de Excepción para liberar las vías.

La arremetida jurídica de la Defensoría ocurre de manera exacta cuando el Poder Ejecutivo evalúa la necesidad urgente de decretar la medida excepcional ante la asfixia total que sufren las ciudades de La Paz y Cochabamba. Los sectores radicales intransigentes, apostados en las rutas estratégicas, mantienen el bloqueo de caminos demandando la renuncia del Presidente de la República, Rodrigo Paz Pereira, anteponiendo la desestabilización política por encima de la supervivencia diaria de millones de ciudadanos.

La acción legal interpuesta exige declarar inconstitucional la abrogación de la norma que regulaba los estados de excepción —impulsada originalmente en el Legislativo por Eva Copa—, argumentando una supuesta omisión legislativa. Esta jugada legal deja al descubierto la alarmante desprotección del ciudadano común, ya que la libre circulación, el abastecimiento elemental de alimentos y el derecho al trabajo quedan secuestrados por el cálculo político y el amparo indirecto a las movilizaciones violentas.

• 1. 101 PUNTOS DE ASFIXIA: El mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) confirma que Cochabamba concentra la mayor cantidad de rutas bloqueadas con 31 puntos críticos, seguida de cerca por La Paz con 21 tramos completamente intransitables.

• 2. DIEZ VIDAS PERDIDAS: La violencia y la intransigencia en los puntos de cerco ya cobraron la vida de diez ciudadanos bolivianos, incluyendo menores de edad que perecieron por falta de atención médica oportuna y choferes del transporte pesado que sufrieron paros cardíacos varados en la carretera.

• 3. DESABASTECIMIENTO SECTORIAL: El desabastecimiento provocado por los bloqueos de caminos mantiene paralizados a más de 80.000 negocios gastronómicos en la sede de Gobierno y la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) alerta un daño severo a la seguridad alimentaria que tardará hasta seis meses en revertirse.

• 4. OXÍGENO EN EMERGENCIA: El Servicio Departamental de Salud (Sedes) se declaró en estado de emergencia absoluta debido a que los hospitales públicos carecen de insumos médicos básicos, viéndose obligados a reprogramar más de 50 cirugías diarias por la falta crítica de oxígeno medicinal retenido en las carreteras.

La paralización de la red vial fundamental no solo destruye la economía, sino que corta el suministro vital de carburantes, provocando filas kilométricas en las estaciones de servicio que incrementan la indignación y la desesperación en la población. La pérdida económica y social por estas medidas extremas ha obligado a los departamentos de La Paz y Pando a suspender las clases presenciales, forzando la modalidad a distancia ante la imposibilidad física de movilizar a los estudiantes y la escasez absoluta de transporte.

El trasfondo de este conflicto va más allá de una reivindicación social y se consolida como un abierto intento de derrocamiento del Gobierno legalmente constituido. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional se encuentran limitadas operativamente para intervenir de manera contundente debido al limbo jurídico imperante, mientras los sectores productivos y los comités cívicos exigen con vehemencia una ley antibloqueos sectorizada para proceder con la aprehensión de los instigadores que sabotean la economía nacional.

El veredicto final se encuentra ahora en los pasillos de Sucre, donde la Comisión de Admisión del TCP deberá decidir si da curso al recurso de la Defensoría o si prioriza el derecho colectivo a la vida y el libre tránsito. En las últimas horas, el Ejecutivo envió de emergencia un nuevo proyecto de ley al Parlamento para regular las acciones humanitarias militares en zonas de conflicto, intentando romper el cerco judicial antes de que el desabastecimiento generalizado provoque consecuencias de carácter irreversible en el país.

El Dato de Cierre: El desabastecimiento de carburantes e insumos inducido por los bloqueos carreteros ya provocó pérdidas que superan los 800 millones de dólares y amenaza con paralizar de manera definitiva el aparato productivo de la nación si el TCP decide blindar la impunidad de los movilizados.

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