Evista llama a la insubordinación armada mientras sitian La Paz

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El evismo ha decidido cruzar la línea de la protesta social para adentrarse de forma abierta en el terreno de la sedición institucional. Desde la combativa ciudad de El Alto, la dirigencia radical de los interculturales lanzó un ultimátum que busca quebrar el último dique de contención del Estado boliviano, exigiendo de forma directa que las fuerzas del orden desobedezcan sus mandatos constitucionales en un momento de extrema parálisis vial.

Esta maniobra busca forzar un escenario de vacío de poder y anarquía,donde el desabastecimiento de productos de primera necesidad y la falta de carburantes ya mantienen en vilo a las principales capitales del país. La estrategia del ala radical ya no es la negociación, sino la capitulación forzada de las instituciones mediante el estrangulamiento civil y el quiebre de los uniformados.

A través de las declaraciones del dirigente Maicol Rojas, la movilización ha dejado de simular demandas gremiales para transformarse en un llamado explícito al uso de la fuerza bruta y la insubordinación. Mientras la población civil padece las consecuencias de los cercos en las carreteras, los cabecillas de la protesta buscan que el conflicto escale hacia un enfrentamiento civil de consecuencias impredecibles.

• LLAMADO AL MOTÍN: El secretario general de Chimoré instó públicamente a policías y militares a desconocer la cadena de mando legítima y unirse a las protestas civiles.

• ACUSACIÓN SIN PRUEBAS: La dirigencia evista denunció, sin sustento documental, el supuesto uso de "mercenarios" extranjeros y la llegada de material antidisturbios desde el exterior.

• RADICALIZACIÓN DE MEDIDAS: Se convocó de manera abierta a universitarios y exconscriptos a sumarse a las movilizaciones para garantizar la impunidad de sus líderes.

• EXIGENCIA DE RENUNCIA: El objetivo último declarado de la parálisis vial es forzar la salida inmediata de la autoridad máxima que ejerce el cargo de Presidente.

Por su parte, el Órgano Ejecutivo ha evitado responder de manera directa a las provocaciones sediciosas, insistiendo en que cualquier procedimiento para restablecer el libre tránsito se ejecutará bajo el amparo estricto de la ley. Sin embargo, la tibieza institucional del aparato estatal para ejecutar la aprehensión de quienes promueven la desobediencia armada incrementa la indignación y la vulnerabilidad de la ciudadanía en los mercados populares.

La insistencia en blindar el Trópico de Cochabamba ante supuestos grupos irregulares confirma que las organizaciones radicales buscan consolidar una zona de exclusión legal. El ciudadano de a pie, atrapado entre el desabastecimiento provocado por las movilizaciones y la amenaza latente de un enfrentamiento armado, exige el fin de la impunidad política que disfraza de reivindicación lo que legalmente constituye un delito de orden público.

El Dato de Cierre: El delito de sedición e instigación pública a delinquir se castiga en la legislación penal con penas que oscilan entre los uno y tres años de reclusión en centros penitenciarios del país.

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