Ministerios operaban como botín de sectores sociales

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El ministro de Trabajo, Edgar Morales, lanzó una denuncia demoledora que revela cómo las instituciones públicas fueron secuestradas por cuotas de poder. Según la autoridad, anteriormente las direcciones y vicemiristerios no respondían a la eficiencia técnica, sino que eran puestos entregados directamente a diversos sectores sociales que operaban dentro del Estado.

Esta estructura clientelar, bajo la lupa de La Mesa de Análisis, no solo politizó la gestión pública, sino que generó una burocracia asfixiante que demoraba meses en trámites básicos. El ministro detalló que el exceso de personal y la falta de meritocracia convirtieron a la institución en un refugio para activistas financiados con el dinero de todos los bolivianos.

La autoridad fue enfática al señalar que la emisión de resoluciones sindicales, un proceso vital para los trabajadores, era ralentizada intencionalmente por el paso innecesario entre múltiples secretarías. En el pasado, un documento que hoy sale de forma directa podía tardar hasta tres meses debido a una burocracia diseñada para justificar cargos políticos.

• 📉 Recorte drástico: La planilla se reducirá de 381 funcionarios a solo 214 trabajadores.

• 💰 Gasto millonario: La dirigencia "en comisión" le cuesta al Estado 47 millones de bolivianos anuales.

• 🛑 Fin del privilegio: Se eliminaron estructuras donde directores tenían chofer y ocho abogados para una sola resolución.

• ⚖️ Fraude salarial: Denuncian que dirigentes declaran sueldos de 1 boliviano para cobrar bonos de hasta 15.000.

Uno de los puntos de mayor fricción ha sido la revelación del costo que representan los dirigentes en comisión, cifra que asciende a 47 millones de bolivianos anuales. Morales cuestionó la transparencia de estos líderes, citando casos donde se falsean documentos salariales para acceder a bonos elevados mientras figuran con sueldos básicos simbólicos en las planillas oficiales.

La jornada de tensión que terminó con 13 arrestados tras el intento de toma de la COB fue calificada por el ministro como un plan orquestado para frenar la reforma. Morales relató que el personal fue encerrado y hostigado en una acción que buscaba forzar decisiones políticas mediante la violencia física y la intimidación mediática.

Pese a la presión de los marchistas y la exigencia pública de su dimisión, el titular de Trabajo descartó cualquier posibilidad de abandonar su cargo. Aseguró que su lealtad responde directamente al Presidente y que el proceso de limpieza administrativa continuará hasta eliminar por completo las cuentas de favores que desangran al erario nacional.

El Dato de Cierre: El Estado gasta 47 millones de bolivianos al año en sueldos para dirigentes que no trabajan por estar en comisión.