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- 2026-03-14
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La salida de Sebastián Marset hacia Estados Unidos ha dejado al descubierto un nivel de vida que insulta la realidad económica del país. Los allanamientos realizados tras su captura revelan que el uruguayo no solo se escondía en Bolivia, sino que comandaba un imperio logístico de dimensiones continentales.
Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, el hallazgo de 11 avionetas en un hangar de Warnes desbarata el discurso de "control soberano" de los cielos. No se trata de un fugitivo solitario, sino de un jefe de cártel que operaba con una flota aérea privada a plena luz del día.
La incautación de un Mercedes-Benz con blindaje nivel siete —único en su clase en Bolivia— subraya el desprecio de Marset por la seguridad nacional. Mientras el ciudadano sufre una crisis económica, el crimen organizado se movilizaba en vehículos de lujo protegidos contra ataques de guerra.
Desde la otra acera, el viceministro Hernán Paredes califica el operativo como "casi perfecto", celebrando la llegada de Marset a una prisión de alta seguridad. Sin embargo, esta entrega inmediata evita que el delincuente rinda cuentas en Bolivia por la estructura de poder que tejió.
Los operativos, que se extendieron hasta la madrugada de este sábado, muestran que Marset tenía múltiples "casas de seguridad" y una estancia paradisiaca. Estos inmuebles funcionaban como centros de mando para coordinar envíos de sustancias controladas hacia países vecinos y Europa.
El análisis de los dispositivos electrónicos incautados es ahora la pieza clave para entender quiénes fueron los cómplices internos. La magnitud de los bienes sugiere que el poder de Marset no era solo económico, sino que contaba con un blindaje institucional que hoy intentan desmantelar.
Bolivia se queda con el inventario de las avionetas y las armas, pero cede la custodia del hombre que conoce todos los secretos de la ruta. La soberanía jurídica ha quedado relegada a un segundo plano ante la urgencia de extraditar al pez gordo lo antes posible.
La flota incautada a Marset supera en capacidad operativa a varias direcciones regionales de lucha contra el crimen, dejando en evidencia la brecha de recursos entre el Estado y el narcotráfico.
