Gobierno ignoró al Tribunal Supremo para entregar a Marset a la DEA

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La entrega inmediata de Sebastián Marset a agentes de la DEA en la pista de Viru Viru ha desatado una tormenta legal. Mientras el Ejecutivo celebra el operativo como un triunfo, juristas advierten que se pisotearon los procedimientos establecidos en la Constitución y el Código de Procedimiento Penal.

Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, la celeridad del operativo revela una verdad incómoda: el Gobierno prefirió saltarse la ley para evitar que el sistema judicial boliviano, carcomido por la corrupción, dejara escapar al pez gordo. No fue una extradición, fue una entrega administrativa sin orden judicial previa del TSJ.

Expertos constitucionalistas señalan que, según el Tratado de 1995, toda extradición debe ser autorizada por el Tribunal Supremo de Justicia. Al no existir una sentencia ejecutoriada de esta instancia, la salida de Marset se convierte técnicamente en una expulsión irregular que vulnera la soberanía jurídica nacional.

Desde la otra acera, el Ministerio de Gobierno justifica la acción bajo el argumento de la seguridad nacional. El ministro Oviedo admitió que la "fragilidad" de las cárceles bolivianas obligaba a una entrega inmediata, confesando que el Estado no tiene control sobre sus propios recintos penitenciarios.

El trasfondo de esta decisión es el miedo a una fuga financiada por el Caso Maletas (sustancias controladas). El Gobierno sabía que cada hora que Marset pasaba en suelo boliviano aumentaba el riesgo de un soborno millonario a jueces o escoltas, lo que habría sepultado la imagen del país.

Sin embargo, al regalar la custodia del criminal, Bolivia renuncia a que Marset responda por los delitos de organización criminal y falsedad material cometidos en el país. Las víctimas bolivianas quedan en segundo plano frente a la urgencia de cumplir con la agenda de Washington.

Esta maniobra deja un precedente peligroso donde el poder político decide quién sale y quién se queda, ignorando al Órgano Judicial. La soberanía se ha reducido a una pista de aterrizaje donde la DEA pone las reglas y Bolivia simplemente entrega la mercadería.

El Dato de Cierre: Marset ya vuela rumbo a una cárcel de máxima seguridad en EE.UU., mientras en Sucre los magistrados del TSJ guardan un silencio cómplice tras ser ignorados en el proceso de extradición más importante de la década.