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- 2026-03-11
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La bancada de Alianza Libre ha decidido pasar a la ofensiva total, exigiendo que el gabinete de Rodrigo Paz rinda cuentas ante el país. La mira está puesta sobre tres carteras clave que, según la oposición, han permitido que el siniestro del Hércules FAB-81 se transforme en una crisis monetaria nacional.
Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, esta jugada legislativa busca exponer la fragilidad de la gestión de los carburantes y la logística militar. Los ministros de Obras Públicas, Defensa y Economía están ahora en el ojo de la tormenta, obligados a explicar cómo un accidente terminó comprometiendo la validez de los billetes que el ciudadano tiene en su billetera.
El detonante fue el siniestro del pasado 28 de febrero en El Alto, donde un avión de carga militar transportaba 17 millones de piezas de billetes de la Serie B. Lo que empezó como un operativo de rutina del Banco Central se convirtió en el Caso Maletas más grande de la historia reciente, con billetes volando por la pista.
Desde la otra acera, el oficialismo intenta minimizar el impacto, asegurando que la anulación de las numeraciones afectadas es suficiente para blindar el sistema financiero. Sin embargo, en los mercados la realidad es otra: el rechazo a la Serie B crece por el temor a recibir papel moneda sin valor legal.
Los ministros Mauricio Zamora (Obras), Marcelo Salinas (Defensa) y Gabriel Espinoza (Economía) deberán responder por qué no se aseguraron los protocolos de transporte para un cargamento valuado en 77.4 millones de bolivianos. La falta de transparencia en el recuento del pillaje tras el choque es el punto más débil de su defensa.
La senadora Tomasa Yarhui ha sido tajante al pedir que el vicepresidente Edmand Lara convoque a sesión de manera inmediata. No se trata solo de política; es una demanda por la seguridad económica de quienes hoy ven con sospecha cada billete de 10 y 20 bolivianos que reciben en el cambio.
Por su parte, el senador José Ormachea ha dejado claro que Alianza Libre no dará tregua en su rol fiscalizador. La estrategia es clara: si el Gobierno de Paz no puede garantizar la integridad del dinero del Estado, no está calificado para manejar la crisis de suministros que azota al país.
El conflicto con los billetes de la Serie B ha generado un cuello de botella en el comercio minorista. Los transportistas y gremiales, que ya sufren por la escasez de carburantes, ahora enfrentan el dilema de aceptar o no una moneda que la fiscalía tiene bajo sospecha de sustancias controladas y robo.
La interpelación pretende forzar al Gobierno a revelar el organigrama de los 5.000 saqueadores identificados. La impunidad de quienes se llevaron el 30% del cargamento mientras los ministros miraban a otro lado es el combustible que alimenta la furia de la oposición en la Asamblea.
El resultado de este juicio político determinará si el gabinete de Paz sobrevive al primer trimestre del año o si el caos monetario termina forzando una crisis de gabinete profunda. La moneda, literalmente, está en el aire y el país espera respuestas claras sobre su dinero.
El Dato de Cierre: Solo 51 personas están procesadas de los 5.000 sospechosos del pillaje; el Gobierno debe explicar por qué el 99% de los saqueadores sigue libre con tu plata.
Foto: Erbol
