El Gobierno se lava las manos y tira el botín del Hércules a los políticos de la ALP

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La incertidumbre sobre la validez de los billetes sustraídos del avión Hércules FAB-81 ha escalado a un nivel de crisis institucional. El Ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, ha marcado una postura que, lejos de dar certidumbre, traslada la responsabilidad de una posible "legalización del robo" al Órgano Legislativo, dejando al ciudadano en medio de un fuego cruzado de desconfianza comercial.

Bajo la lupa de La Mesa de Análisis, la declaración ministerial es una capitulación técnica. Al afirmar que "la Asamblea es libre de hacerlo", el Ejecutivo no solo admite su incapacidad para retirar el botín de las calles, sino que pavimenta el camino para que el pillaje de los 23.2 millones de bolivianos sea blanqueado por decreto político, transformando el delito en moneda de curso legal.

El desarrollo de esta crisis muestra a un Gobierno que se aferra a la retórica de "no legalizar lo robado", pero que en la práctica lanza una pelota de fuego al Congreso. La presión social en mercados y surtidores, donde el rechazo a la serie B es constante, está obligando a las autoridades a buscar una salida política a un problema de seguridad nacional y financiera.

Desde la otra acera, sectores de la oposición y analistas económicos advierten que presionar a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) sentaría un precedente nefasto. Validar billetes obtenidos mediante el saqueo de un activo no solo premiaría a los 5.000 saqueadores, sino que heriría de muerte la credibilidad del sistema monetario boliviano.

La situación técnica es compleja, ya que el BCB asegura que existen mecanismos para detectar las piezas sustraídas, pero la realidad en la calle es otra. Los comerciantes, ante el temor de perder su capital, prefieren rechazar cualquier billete que genere la mínima duda, afectando principalmente la circulación de los cortes de 10 y 20 bolivianos.

El sistema financiero, según el Ministerio, tiene la instrucción de perforar y destruir cualquier billete del saqueo que ingrese por ventanilla o cajero. Sin embargo, esta medida es insuficiente para frenar el flujo en la economía informal, donde se mueve el grueso del botín sustraído durante el siniestro en El Alto.

Espinoza intentó calmar las aguas señalando que la probabilidad de recibir un billete del pillaje en departamentos alejados como Pando o Tarija es mínima. No obstante, el flujo migratorio y comercial interno hace que esta afirmación sea vista más como un analgésico discursivo que como una garantía real para el bolsillo del boliviano.

El debate en la Asamblea se anticipa visceral, con bancadas que podrían proponer un "canje excepcional" para no perjudicar a los ciudadanos de buena fe que recibieron los billetes sin saberlo. Esta medida, aunque popular, significaría en los hechos validar el botín de 23 millones que hoy financia el mercado negro.

El cierre de esta crisis depende ahora de un cálculo político en la ALP que pondrá a prueba la ética del Estado frente al pragmatismo de la calle. Mientras los políticos deliberan, el ciudadano común sigue siendo el rehén de un saqueo que nadie se atreve a castigar con firmeza, dejando la economía a merced de la "menudencia" robada.

El Dato de Cierre: Solo 51 personas enfrentan procesos judiciales de un universo de 5.000 implicados en el pillaje del cargamento de 77.4 millones de bolivianos.