Bolivia, el país rehén: La COB y los políticos se rinden ante la dictadura del bloqueo

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Bolivia ha dejado de ser una democracia plena para convertirse en un país rehén. Lo que ocurre hoy en el puente de Yapacaní no es un evento aislado, sino la confirmación de una enfermedad terminal: el secuestro de la libre locomoción por parte de grupos que utilizan el chantaje como única moneda de cambio. Mientras miles de transportistas y ciudadanos quedan atrapados en las rutas, el Estado observa en silencio, demostrando una incapacidad institucional que ya raya en la complicidad.

Bajo la lupa de La Mesa de Análisis de Hoybolivia, la indignación ciudadana tiene un fundamento técnico irrefutable: la ley para castigar a los bloqueadores ya existe. El Código Penal boliviano, en sus artículos 213 y 214, es tajante al sancionar con hasta ocho años de cárcel a quienes atenten contra la seguridad de los transportes y los servicios públicos. No hace falta una "nueva ley"; lo que hace falta es que el Ministerio Público y la Policía tengan la fuerza física y política para aplicarla sin distinción de colores.

La reciente oleada de propuestas legislativas para "crear" una norma antibloqueos no es más que una pantalla política vergonzosa. Es un teatro de distracción montado por parlamentarios que, por un lado, fingen preocuparse por la economía y, por otro, tiemblan ante la posibilidad de enemistarse con las dirigencias sindicales. Es el colmo del cinismo: proponer leyes nuevas para no admitir que son incapaces de ejecutar las que ya están escritas en el papel.

Desde la otra acera, la Central Obrera Boliviana (COB) y los sectores radicales defienden el bloqueo como un "derecho constitucional", cuando en realidad es un arma de extorsión. La COB se opone a cualquier regulación porque sabe que, sin la capacidad de estrangular al país, su discurso perdería toda relevancia. Han convertido el derecho a la protesta en una licencia para delinquir, afectando el bolsillo de quienes dicen representar: los trabajadores que hoy no pueden llegar a sus destinos.

La realidad en las calles de La Paz y en las carreteras de Santa Cruz es de un agotamiento total. El ciudadano de a pie se ha cansado de ser el pagano de una pulseada de poder donde los bloqueadores siempre ganan y el pueblo siempre pierde. El sentimiento de abandono es generalizado; la gente siente que vive en un territorio donde el derecho al trabajo es secundario frente al capricho de un dirigente con un promontorio de tierra y una bandera.

Esta anarquía tolerada tiene consecuencias económicas devastadoras que superan cualquier cálculo oficial. Cada día de bloqueo en el eje troncal es un clavo más en el ataúd de una economía que busca desesperadamente recuperarse. La falta de dólares y el alza de los carburantes son incendios que el Gobierno intenta apagar, mientras permite que los bloqueadores echen más gasolina al fuego cerrando las rutas del abastecimiento nacional.

La justicia boliviana hoy muestra su cara más selectiva. Mientras se acelera la persecución contra adversarios políticos, se le otorga impunidad total a quienes cometen delitos en flagrancia en las carreteras. Esta asimetría jurídica es la que alimenta la soberbia de los dirigentes de Ichilo y de cualquier otro sector que decide que su demanda particular vale más que el derecho de 12 millones de bolivianos a circular libremente.

En la Mesa de Análisis de Hoybolivia, denunciamos que la inacción del Gobierno de Rodrigo Paz ante este secuestro nacional es una traición al mandato de orden y reactivación. No se puede hablar de "nueva Bolivia" si las reglas de juego las siguen dictando los que tiran piedras y cortan puentes. El país no necesita más discursos en el Parlamento; necesita que se cumpla la ley y se liberen las arterias del desarrollo de manera inmediata.

La fatiga social ha llegado a un punto de no retorno. Los paceños, acostumbrados a marchas diarias, y los cruceños, castigados en su corazón productivo, exigen que el Estado recupere el monopolio de la fuerza legítima. Un país donde cualquiera puede cerrar una carretera internacional sin consecuencias es un país que ha renunciado a su soberanía interna, entregándola a la voluntad de la matonería sindical.

Finalmente, el silencio de los parlamentarios ante la vigencia del Código Penal es la prueba de su cobardía legislativa. Prefieren seguir en el círculo vicioso de las comisiones y los debates estériles antes que exigir al Ministerio de Gobierno que haga su trabajo. Bolivia no es un país libre mientras su economía dependa del permiso de un bloqueador; hoy somos una nación secuestrada por el miedo de sus líderes y la ambición de sus verdugos.

El Dato de Cierre: El Código Penal ya establece penas de hasta 8 años para quienes bloqueen rutas; la insistencia en nuevas leyes es solo una maniobra de distracción para ocultar la falta de voluntad política para aplicar la ley vigente.