Gobierno rechaza cientos de placas y frena el resarcimiento por motores dañados

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El ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinaceli, reveló que el proceso de compensación por vehículos afectados por combustible de mala calidad se ha convertido en un filtro de exclusión. De los 6.657 transportistas que iniciaron el trámite para salvar sus herramientas de trabajo, cientos ya han sido rebotados por el sistema, mientras la autoridad minimiza el impacto comparando la cifra de motores arruinados con el total del parque automotor nacional.

Esta estrategia de invisibilización surge bajo la lupa de La Mesa de Análisis, donde se denuncia que el uso del B-Sisa como requisito de validación está funcionando como un muro para evitar que YPFB asuma su responsabilidad financiera. Al rechazar 613 placas de entrada y mantener a miles en un limbo de "interacciones", el Gobierno intenta diluir una crisis mecánica masiva que afecta directamente la economía de las familias que dependen del transporte.

El desarrollo de este conflicto técnico muestra que solo 1.752 reclamos han logrado completar el complejo registro, lo que representa apenas una fracción de quienes denuncian daños por carburantes contaminados. El ministro Medinaceli intentó suavizar el golpe ante el Senado afirmando que 6.700 afectados es una "proporción menor", ignorando que detrás de cada cifra hay un motor que requiere reparaciones costosas por sedimentos y mala combustión.

Desde la otra acera, los sindicatos de transporte pesado y libre califican este informe como un desprecio a su realidad. Denuncian que la plataforma de YPFB está diseñada para que el usuario desista, exigiendo pruebas técnicas que el seguro de la estatal petrolera debería cubrir de oficio ante la evidencia pública de la mala calidad de los carburantes despachados en las últimas semanas en todo el país.

El reporte oficial confirma que existen 6.657 registros en el sistema, pero el proceso de evaluación y eventual compensación es incierto. Para el Gobierno, estas miles de personas son solo un dato estadístico, pero para el transportista, el daño en inyectores y bombas de combustible representa una pérdida de capital que el Estado no tiene prisa en reponer, amparándose en la burocracia de los formularios digitales.

Medinaceli recordó que existe un seguro activo, sin embargo, la baja tasa de efectividad en los trámites sugiere que las condiciones para acceder al beneficio son prohibitivas. Mientras el número de registros sigue en aumento, la desconfianza crece ante una estatal que primero distribuye combustible dudoso y luego impone un laberinto administrativo para reconocer que sus carburantes han convertido vehículos modernos en chatarra.

En conclusión, el informe del Ministerio de Hidrocarburos es una bofetada a los miles de bolivianos que hoy tienen sus vehículos en el taller. Al priorizar la comparación estadística sobre la solución técnica, el Gobierno deja claro que su prioridad es proteger el flujo de caja de YPFB antes que resarcir el daño provocado a la propiedad privada de quienes mueven la economía nacional.