Emapa cifra daño en Bs 6,6 millones: Investigarán a Rafael Arce

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La transparencia en el manejo de los subsidios alimentarios es vital para garantizar el precio del pan en la mesa de los bolivianos. El descubrimiento de un daño millonario en la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) explica las distorsiones de mercado y pone bajo la lupa cómo se administraron los recursos estratégicos durante la gestión pasada.

Daño económico cuantificado

El gerente de Emapa, Sergio Siles, confirmó que las auditorías preliminares arrojan un daño económico al Estado de 6,6 millones de bolivianos. Este monto corresponde específicamente a irregularidades en los contratos denominados "harina 1" y "harina 2" durante el mandato anterior.

Implicación de exministros

Por este caso, el Ministerio de Desarrollo Productivo informó sobre la aprehensión de los exministros Néstor Huanca y Zenón Mamani. La Fiscalía presentará la imputación formal por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes, con audiencia cautelar prevista para este sábado.

Contratos bajo sospecha

La investigación se centra en tres contratos adjudicados al dirigente panificador Rubén Ríos, actualmente detenido. Los vínculos contractuales involucran el transporte de harina, el alquiler de galpones y el aprovisionamiento de productos, presuntamente bajo condiciones irregulares y lesivas.

El factor Rafael Arce

Ante las consultas sobre el entorno familiar del expresidente Luis Arce, la gerencia de Emapa fue enfática: no habrá excepciones. Se confirmó que Rafael Arce será incluido en las pesquisas para determinar si existen indicios de implicancia en los hechos denunciados.

Auditorías en curso

Óscar Mario Justiniano, ministro de Desarrollo Productivo, aseguró que las revisiones técnicas continúan en todos los niveles de la empresa estatal. El objetivo es identificar si el daño de Bs 6,6 millones podría incrementarse a medida que avancen las pericias contables.

Colaboración con la justicia

La administración actual de Emapa se ha comprometido a entregar toda la documentación requerida por el Ministerio Público. Se busca esclarecer cómo se permitió que dirigentes gremiales se beneficiaran con contratos de logística y almacenamiento de productos subvencionados.

Alcance de la investigación

Las autoridades señalaron que la investigación no se limita a exgerentes, sino que abarca a todo el ecosistema de proveedores y personas particulares vinculadas. La Fiscalía General del Estado coordina los operativos para asegurar las pruebas antes de las audiencias.

¿Qué significa todo esto?

• 💰 Bolsillo: El desfalco afecta directamente la capacidad del Estado para mantener el subsidio al pan de batalla.

• 🛡️ Seguridad: El proceso judicial contra exministros busca sentar un precedente contra la corrupción en empresas estratégicas.

• ⏳ Tiempo: Las auditorías continuas podrían retrasar la normalización de nuevos contratos de aprovisionamiento.