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Impunidad verde: Matar el cordón ecológico de Santa Cruz es matarnos a todos. El atentado perpetrado contra el pulmón de la ciudad no es un simple error administrativo, es una acción criminal que pone en jaque a la región y nos expone directamente a una catástrofe.
Las recientes inspecciones conjuntas realizadas por la Subgobernación de la provincia Andrés Ibáñez y el gobierno municipal han sacado a la luz una herida inaceptable: la tala ilegal de 44.5 hectáreas de bosque en zonas de protección estratégica, extendiéndose peligrosamente hasta las riberas del río Piraí. Este crimen ambiental, ejecutado en la clandestinidad y con un desprecio absoluto por el bienestar colectivo, no es solo un golpe a la flora y la fauna; es una amenaza directa a la seguridad física, hídrica y social de toda la ciudadanía cruceña.
Los cordones ecológicos y los bosques protectores no son terrenos baldíos ni fichas de cambio para el lucro de avasalladores y mafias de tráfico de tierras. Son la esponja natural que frena las riadas, el escudo que resguarda la infraestructura urbana de desastres mayores y el refugio que mitiga las inclemencias climáticas. Permitir que se arrase con hectáreas enteras bajo el manto de la impunidad y "sin conocer" a los autores materiales es abrirle la puerta de par en par a una tragedia urbana anunciada.
Frente a este ecocidio, la indignación pasiva ya no sirve. Santa Cruz exige una respuesta drástica y una acción inmediata fundamentada en tres frentes:
Primero, control territorial implacable para frenar la destrucción de inmediato mediante patrullajes permanentes, uso de drones y vigilancia satelital estricta para clausurar cualquier intento de avance ilegal sobre las áreas protegidas.
Segundo, reforestación urgente y técnica para restaurar la cobertura boscosa intervenida —próxima a zonas críticas como el final de la Radial 26— para devolverle el escudo natural a los barrios y blindarlos frente a desastres.
Tercero, cero impunidad y castigo real para exigir una investigación a fondo que alcance no solo a los autores materiales, sino también a los intelectuales, cómplices y funcionarios que por acción u omisión facilitaron el ilícito. La justicia debe dictar condenas ejemplarizadoras: atentar contra la vida de los cruceños se paga con cárcel.
Los ciudadanos no podemos mirar hacia otro lado. La defensa del río Piraí y de nuestras áreas estratégicas es, en esencia, la defensa de nuestro hogar y del futuro de las próximas generaciones. Si las instituciones y la sociedad civil no nos movilizamos hoy en un solo bloque, mañana lamentaremos tragedias que pudieron evitarse. ¡Basta de tolerancia con los destructores! El momento de actuar con rigor es ahora.
Periodista y docente universitario