Centralismo: el cáncer de Bolivia

El centralismo y la corrupción han actuado como un freno constante para el desarrollo de Bolivia, afectando tanto la economía como la institucionalidad del país. A lo largo de nuestra historia, la concentración de las decisiones políticas y financieras en el gobierno central, sumada a la falta de transparencia, ha generado consecuencias estructurales profundas: inequidad en la redistribución fiscal, burocracia, ineficiencia, desperdicio de fondos públicos, fricciones políticas recurrentes y el paulatino debilitamiento de las autonomías.

El debate territorial ha marcado el ordenamiento político desde la fundación de la República. Un hito claro fue la Revolución Federal (1898-1899) entre liberales del norte (La Paz) y conservadores del sur (Sucre); aunque el bando liberal enarboló la bandera federal para ganar la guerra, tras la victoria trasladó la sede de gobierno a La Paz y consolidó un modelo estatal fuertemente centralizado. Posteriormente, fue Santa Cruz la región que lideró las demandas de descentralización y, hoy, de federalismo, respondiendo a factores históricos, económicos y políticos profundamente arraigados.

Esta búsqueda cruceña se evidencia en el Memorándum de 1904 de la Sociedad de Estudios Geográficos e Históricos, que denunció el abandono del oriente y planteó la integración mediante infraestructura y equidad. Décadas más tarde, en los años 50, el Movimiento por las Regalías Petroleras movilizó al pueblo cruceño para exigir el cumplimiento del 11% de la producción, hito que impulsó el desarrollo agroindustrial. Ya en democracia, la Ley de Participación Popular de 1994 —diseñada por Carlos Hugo Molina y Roberto Barbery— municipalizó el país, a lo que le siguió en 2005 la conquista de la Elección Directa de Prefectos tras intensas luchas cívicas.

Pese a estos hitos, el Estado centralista ha tocado fondo al verse permeado por la corrupción y el narcotráfico. Si se pudiera cuantificar el daño provocado por este modelo, la cifra sería astronómica. Su impacto trasciende lo financiero: se manifiesta en la degradación de la calidad de vida, el deterioro de la salud, la educación y la seguridad, la inseguridad jurídica y el debilitamiento del tejido social, además de frenar el empleo formal, estimular la informalidad y profundizar la polarización social.

Curiosamente, este centralismo ineficiente ha actuado como el principal dinamizador de la migración interna hacia Santa Cruz. Se genera así un doble efecto: la expulsión de población desde regiones sofocadas por la ineficiencia estatal y la atracción masiva hacia un modelo productivo regional que prospera, en gran medida, a pesar del Estado central.

Como planteó el economista Charles Tiebout en su teoría sobre el federalismo fiscal, la competencia entre entidades federadas fomenta la eficiencia pública, pues las regiones compiten por atraer inversiones ofreciendo mejores servicios y marcos tributarios más eficientes. Desmantelar el centralismo no es solo una reivindicación regional, sino una urgencia nacional para salvar la institucionalidad y el futuro de Bolivia.
* Periodista y docente universitario