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I. Perspectiva ideal de la Asamblea Legislativa Plurinacional
En un Estado de Derecho democrático, el Poder Legislativo es la institución fundamental que traduce la voluntad de la ciudadanía en acción de gobierno. Se concibe como la representación viva de la soberanía popular, un espacio de debate donde convergen las distintas visiones e ideologías que conforman el país. Su esencia es ser un cuerpo colegiado y deliberante, es decir, un grupo de representantes que discuten y acuerdan las reglas que nos rigen a todos.
La Constitución establece que el Órgano Legislativo reside en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), compuesta por dos cámaras: la de Diputados y la de Senadores, que es presidida por el Vicepresidente del Estado. Esta Asamblea es la única institución con la facultad de aprobar y sancionar leyes que aplican en todo el territorio boliviano.
De acuerdo con la Constitución, sus principales atribuciones son:
La representación popular que ejerce el Legislativo conlleva una obligación ineludible, generar resultados tangibles para la sociedad. El propósito último de su trabajo es crear el marco jurídico que da sustento y vida al Estado, produciendo leyes eficaces y sabias que respondan a las necesidades reales de la gente.
II. La Brecha entre el Deber Ser y la Realidad: Una Crítica al Desempeño Legislativo
Lamentablemente, en las últimas dos décadas, esta noble institución, diseñada para ser el espacio de la soberanía popular, ha experimentado una profunda degradación. El hemiciclo parlamentario, concebido para el debate racional a través de la palabra, se ha convertido en una arena de confrontación física y agresiones verbales, donde las consignas políticas han opacado el diálogo constructivo.
Este declive no ha sido casual, sino el resultado de un sistemático incumplimiento de las funciones esenciales, principalmente por parte de la Cámara de Diputados y de la propia Presidencia de la Asamblea Legislativa Plurinacional (a cargo del Vicepresidente del Estado). La falta de una agenda legislativa coherente y la paralización deliberada de las sesiones han quebrantado la institucionalidad del órgano, llevándolo a una parálisis que ha tenido consecuencias tangibles y graves para el país. Este incumplimiento se manifiesta de manera crónica en cada una de sus áreas clave:
1. El Colapso de la Función Legislativa: Un País Anclado en el Pasado
Tras la promulgación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009, existía un mandato implícito y urgente de adecuar toda la legislación nacional a este nuevo marco. Sin embargo, este proceso ha sido abandonado. Bolivia carga con un lastre normativo anacrónico, que incluye: El Código de Seguridad Social de 1956, La Ley General del Trabajo de 1939, La Ley de Inscripción de Derechos Reales de 1887, La Ley de Interinatos de 1911 entre otras leyes de carácter estructural.
Esta inacción legislativa ha llegado al extremo de ignorar sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional que declaraban la inconstitucionalidad de varias normas, incumpliendo así sus propias recomendaciones y sumiendo al país en una dinámica legal obsoleta.
2. La Fiscalización Cómplice: El Costo del Control Fallido
La función de control sobre los órganos del Estado, las entidades públicas y los diferentes niveles de gobierno (departamentales y municipales) ha sido ineficaz. La prueba más elocuente de este fracaso son los numerosos "elefantes blancos" y casos de mala gestión que han dilapidado los recursos económicos del país, provenientes en su mayoría de la bonanza de los hidrocarburos. Ejemplos de ello son: Aeropuertos internacionales que no operan, Plantas industriales que nunca funcionaron o no generaron utilidades, Proyectos de vivienda que no pudieron ser adjudicados, Museos e instalaciones, como el edificio de UNASUR, sin uso efectivo, Desvío de recursos del FONDIOC y compra de barcazas que nunca llegaron entre otros centenar de malversación.
Esta incapacidad para ejercer un control riguroso ha llevado a la Asamblea a perder autoridad e incluso a renunciar a su propia defensa institucional.
3. Decisiones Financieras Irregulares: El Presupuesto como Caballo de Troya
La Constitución encomienda a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) la responsabilidad de aprobar, cada año, el Presupuesto General del Estado (PGE). Sin embargo, esta herramienta fundamental de planificación económica ha sido sistemáticamente desvirtuada. A partir de 2006, la ley anual del presupuesto se ha utilizado de manera recurrente como un "caballo de Troya" para modificar, de forma solapada e irregular, leyes estructurales y permanentes del Estado, burlando el debate legislativo específico que estas merecen.
Esta práctica ha convertido a los legisladores en cómplices de una grave distorsión normativa, al omitir su deber de fiscalizar la constitucionalidad de estas disposiciones "de contrabando". Esta situación ha forzado la intervención reiterada del Tribunal Constitucional Plurinacional, que ha tenido que declarar la invalidez de dichos artículos en múltiples sentencias (como las 0017/2015, 0028/2016 y 0100/2014, entre otras).
La gravedad de este proceder se mantiene vigente. Un ejemplo elocuente es la aprobación tácita del presupuesto para 2025, que incluyó la modificación de la Ley del Banco Central de Bolivia, una norma de carácter estructural, para autorizar la pignoración de las reservas de oro, al tiempo que buscaba eliminar la autorización legislativa previa que requiere esta misma ley para operaciones financieras de este tipo. Esta maniobra no solo atenta contra las funciones exclusivas del legislativo, sino que demuestra una deliberada intención de eludir el escrutinio público y legal, consolidando un modus operandi que vacía de contenido la esencia del control parlamentario.
4. Nombramientos Clave Omitidos: El Interinato como Política de Estado
Si bien la Constitución otorga a la ALP la facultad de preseleccionar o elegir a las más altas autoridades del Estado (como miembros del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional, Fiscalía General y Defensor del Pueblo), esta función ha sido sistemáticamente incumplida. Durante más de 20 años, la mayoría absoluta (y luego los dos tercios) del MAS-IPSP en la Asamblea optó por no convocar los procesos de preselección para cargos clave en entidades como el Banco Central de Bolivia, las Autoridad de Fiscalización o los organismos reguladores financieros, entre otros.
El resultado ha sido la perpetuación de interinatos que superan la década, generando inestabilidad institucional y una grave crisis de gestión que contribuye directamente al desastre económico que actualmente atraviesa el país.
5. Relaciones Internacionales y Territorio: La Diplomacia y la Geografía en el Abandono
En el ámbito internacional, la ALP ha fallado en su rol de velar por una diplomacia profesional, permitiendo el nombramiento de personas sin idoneidad para cargos diplomáticos. Un caso emblemático fue el del Cónsul de Bolivia en Orán, Argentina, quien fue condenado a cinco años de prisión por transporte de estupefacientes.
En materia territorial, desde 2009 persisten conflictos limítrofes sin resolver entre gobiernos departamentales y municipales. Esta inacción genera una grave inseguridad jurídica para los ciudadanos que habitan en estas áreas, quienes se ven constreñidos al pago de impuestos dobles o a sufrir el conflicto de jurisdicciones entre municipios, como ocurre entre La Paz y sus vecinos (Palca, Mecapaca, El Alto, Achocalla), sin que la Asamblea genere una solución legislativa.
III. Conclusión: Una Crisis de Representación y Liderazgo
El contraste entre el mandato constitucional de la Asamblea Legislativa Plurinacional y su realidad operativa no es solo una brecha, sino una falla estructural de representación y liderazgo. La evidencia expuesta, el abandono de la labor legislativa, la fiscalización cómplice, la distorsión de las finanzas públicas, los interinatos y el abandono de la política exterior y territorial, pinta el cuadro de una institución que ha abdicado de su esencia.
La responsabilidad primordial de esta parálisis recae de manera directa en la Presidencia de la ALP, ejercida por el Vicepresidente del Estado. Es esta instancia la que, por mandato constitucional, está obligada a conducir los debates, generar los acuerdos y construir los consensos necesarios para que la maquinaria legislativa funcione. La falta crónica de una agenda legislativa y la incapacidad de articular una voluntad política colectiva más allá de los intereses partidarios, constituyen un incumplimiento grave de sus funciones rectoras. A este liderazgo fallido se suma la desidia de una gran parte de los asambleístas, quienes, en lugar de servir a la población que los eligió, han actuado con un compromiso más leal a las cúpulas partidarias y a sus interese que a las necesidades ciudadanas.
Por tanto, la legitimidad de la actual Asamblea Legislativa Plurinacional y, por extensión, de la nueva gestión gubernamental pende de un hilo. El nuevo Presidente de la ALP no tiene margen para la indecisión ni para la complacencia partidaria, debe asumir de inmediato el rol que la Constitución le confiere. No se trata de cumplir un trámite protocolar, sino de responder a una exigencia democrática impostergable.
La ciudadanía no votó por símbolos ni por lealtades ciegas, votó con la esperanza de que sus representantes corrigieran los errores del pasado y construyeran un marco legal a la altura de las necesidades del presente. Hoy, esa esperanza se traduce en una demanda clara, resultados tangibles, no promesas vacías.
Corresponde ahora a los nuevos legisladores actuar con sentido de Estado y responsabilidad histórica. No basta con ocupar una curul; es imperativo reconstruir, desde sus cimientos, el andamiaje normativo del país. Bolivia requiere leyes modernas, coherentes y eficaces que impulsen el desarrollo, fortalezcan la institucionalidad y respondan a las demandas reales de la población. El tiempo de las dilaciones terminó. El momento de legislar, de verdad, es ahora.
