En defensa del delito

El ministro de defensa, Edmundo Novillo, es el masista más sincero que existe: admite que hay presos políticos en el país y considera un error aplicarles el "debido proceso".

No quiere que acaben las detenciones arbitrarias, como las que se dan desde 2006, y se ponga fin a la práctica de dictar "detención preventiva" y consecutiva, hasta sumar varios años, algo que ha criticado incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Y Novillo lo dice ahora, cuando su partido ha sido derrotado para siempre (recibió 3,17% de los votos), y todos sus "hermanos" hacen valijas y revisan sus millonarios depósitos en el exterior.

Está convencido de que la práctica abusiva del masismo contra los presos políticos forma parte de la nueva "normalidad" en Bolivia, y que el nuevo "debido proceso" es ahora lo que se ha estado aplicando desde 2006.

En vista de que todos están haciendo valijas, quizá el ministro no se ha informado de la última movida de Luis Arce: permitir que los jueces desistan de los procesos contra Jeanine Áñez, y que sea sometida a juicio de responsabilidades, para que el futuro presidente no lo someta a él a la justicia ordinaria por su desgobierno.

Arce querría que se le aplicase el debido proceso cuando deba dar cuenta de sus errores y/o delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones de ministro de economía y de presidente.

En su caso podría darse el juicio de responsabilidades para los temas referidos al manejo de la cosa pública, pero los otros delitos, como el haber embarazado a una funcionaria pública, y haberla abandonado, como ella lo denunció, tiene que ir a la justicia ordinaria.

Algo parecido le ocurre al cocalero Morales, que podría ser sometido a juicio de responsabilidades por todas las atrocidades que cometió, menos por las denuncias de pedofilia, lo que corresponde a la justicia ordinaria.

Arce tiene, además de la condena nacional, reflejada en las elecciones, el repudio de la colectividad universitaria, como lo expresó la CUB al oponerse a que él vuelva a ser catedrático de economía en la UMSA. El argumento consiste en preguntar qué podría enseñar este personaje, responsable del desastre económico actual desde que fue ministro de economía del cocalero durante once años.

El ministro Novillo tiene ahora el apoyo del procurador general y del defensor del pueblo, que también se aponen al debido proceso porque desean que los presos políticos sigan encerrados.

Todos estos personajes a los que el Estado boliviano les paga sus salarios se declaran en contra de la aplicación de las leyes en el país.

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