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- 2026-02-25
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A cien días de haber asumido el mando, el Ejecutivo intenta instalar la narrativa de una "austeridad normativa" al destacar que solo se han aprobado 60 decretos supremos, la cifra más baja en tres décadas. Sin embargo, detrás del maquillaje estadístico del Centro de Gobierno (CENGOB), la realidad matemática cuenta una historia distinta: el presidente Rodrigo Paz ha firmado, en promedio, un decreto cada dos días y medio. Esta frecuencia revela que, lejos de una parálisis, existe un goteo constante de normas que no se traduce en soluciones tangibles para el ciudadano.
Bajo la lente de la Mesa de Análisis, el uso de estas cifras es un burdo juego de números para desviar la atención de la ineficiencia gubernamental. Que gestiones pasadas hayan abusado aún más del "decretazo" no exime a la actual administración de su incapacidad para frenar la inflación y la escasez de carburantes. El hecho de que el 45% de estas normas sean del área económica confirma que el Palacio está inundando la Gaceta Oficial con parches administrativos que no logran estabilizar el valor del dólar ni el abastecimiento de diésel.
Sin embargo, desde la otra acera, el contraste con fuentes legislativas sugiere que esta "moderación" es hija del miedo y no de la vocación democrática. Al no contar con una mayoría en la Asamblea, Rodrigo Paz sabe que cada decreto es un flanco abierto para juicios de responsabilidades o bloqueos mayores. El Gobierno está operando al borde del reglamento, emitiendo normas de bajo perfil para evitar el choque directo con un Legislativo que percibe como un enemigo al acecho, lo que termina por ralentizar la toma de decisiones críticas.
[Image showing a fountain pen over a pile of official gazettes, with a clock in the background indicating the 60-hour interval, symbolizing constant bureaucracy vs. lack of results]
La comparación con los 113 decretos de Carlos Mesa o los 103 de Evo Morales es un recurso engañoso para victimizar la gestión actual. Aquellos mandatarios gobernaron en contextos de refundación o crisis extremas que exigían una respuesta normativa inmediata. En el caso de Paz, los 60 decretos parecen ser maquillaje administrativo; medidas que tocan la forma pero no el fondo de los problemas estructurales. El anuncio de un "paquete de leyes" a última hora es la confesión de que el Ejecutivo ya no sabe qué firmar para no ser censurado.
Para el ciudadano que hace filas en los surtidores, el debate sobre si se firmaron 60 u 80 decretos es irrelevante cuando la canasta básica sigue subiendo. La gestión de la comunicación de Paz intenta vender eficiencia estadística donde hay parálisis de resultados. El Viceministro Linares afirma que "las cifras no mienten", pero olvida mencionar que esas mismas cifras demuestran que el país se gobierna a golpe de decreto cada 60 horas, sin que hasta ahora se sienta el alivio económico prometido.
Esta estrategia de comunicación busca pasarle la pelota de la crisis al Legislativo, preparando el terreno para culpar a los asambleístas de cualquier desastre futuro. Al situarse como el gobierno con "menor producción normativa", Rodrigo Paz intenta blindarse contra la etiqueta de autoritario, pero termina reforzando la imagen de un presidente que prefiere la cautela de la oficina antes que la audacia necesaria para intervenir en un mercado de divisas descontrolado.
El balance de los primeros 100 días deja un sabor a poco. La frecuencia de firmas en la Gaceta Oficial no ha servido para apagar el incendio económico que consume el bolsillo boliviano. El Gobierno ha ganado la batalla de los cuadros comparativos, pero está perdiendo la guerra contra la realidad. Mientras el Palacio celebra su "récord de moderación", el país sigue esperando que uno solo de esos 60 decretos tenga el efecto real de bajar los precios o normalizar la distribución de carburantes.
El Dato de Cierre: El Ejecutivo celebra firmar menos que sus antecesores, pero olvida que la crisis no lee la Gaceta; en Bolivia, los decretos sobran y las soluciones faltan.