YPFB admite que su planilla es intocable: El blindaje laboral frena el ajuste en plena crisis

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En una declaración que desnuda la fragilidad financiera de la principal empresa del país, el ejecutivo de YPFB reconoció que reducir los costos operativos mediante el despido de personal es una tarea "casi imposible". El gerente de Contrataciones de la estatal, Jorge Roca, argumentó que la totalidad de los trabajadores se encuentran bajo el amparo de la Ley General del Trabajo, lo que genera una inamovilidad que impide realizar los ajustes técnicos necesarios frente a la caída en la producción de hidrocarburos.

Bajo la lente de la Mesa de Análisis, esta confesión de parte revela que YPFB no opera bajo criterios de eficiencia empresarial, sino como una estructura burocrática rígida. Mientras el país sufre por la escasez de divisas y la irregular provisión de carburantes, la estatal admite estar atada de manos para optimizar su gasto corriente. El blindaje laboral, que durante años sirvió para consolidar cuotas de poder, se ha transformado hoy en un lastre financiero que drena recursos vitales para la importación de energía.

Sin embargo, desde la otra acera, el argumento legal parece una justificación anticipada ante la imposibilidad de mostrar resultados positivos en la gestión. Al culpar a la normativa vigente, la estatal petrolera intenta desviar la atención sobre la falta de una reingeniería profunda que permita priorizar la exploración sobre el mantenimiento de una planilla obesa. La realidad es que el costo político de enfrentar a los sindicatos petroleros es un riesgo que el Ejecutivo prefiere evitar, incluso si esto compromete la solvencia de la nación.

La inamovilidad laboral en la estatal ha creado un ecosistema donde la meritocracia ha sido desplazada por el derecho adquirido, dificultando la incorporación de nuevos talentos técnicos necesarios para la reactivación del sector. Mientras las petroleras privadas en el resto del mundo ajustan sus estructuras a los precios internacionales y a sus niveles de reserva, en Bolivia la estructura de YPFB permanece estática, desafiando las leyes básicas de la economía extractiva.

Esta situación agrava el déficit fiscal, ya que una parte sustancial de los ingresos que aún genera el gas se destina exclusivamente al pago de salarios y beneficios sociales de una fuerza laboral que no ha logrado frenar la declinación de los campos. La "trampa legal" que menciona el ejecutivo es, en realidad, el resultado de décadas de populismo administrativo que priorizó la paz social interna de la empresa por encima de su viabilidad como motor económico del Estado boliviano.

Para el ciudadano que hace filas por carburantes, la explicación de YPFB suena a una desconexión total con la urgencia nacional. La incapacidad de ajustar el gasto interno de la petrolera se traduce en una menor capacidad de maniobra para garantizar el abastecimiento de diésel y gasolina, pilares fundamentales de la producción agroindustrial y el transporte. El blindaje de la Ley General del Trabajo se convierte así en un escudo que protege la ineficiencia a costa del bienestar general.

El futuro de la estatal petrolera pende de una decisión política que trasciende lo legal: o se enfrenta la reforma de su estructura de costos o se acepta que YPFB seguirá consumiendo su propio capital hasta que el sistema colapse definitivamente. La declaración de su ejecutivo no es solo una queja administrativa, es el acta de rendición de una gestión que se sabe incapaz de reformarse a sí misma mientras el país exige soluciones inmediatas a la crisis energética.

El Dato de Cierre: En YPFB, el derecho al empleo parece estar por encima del deber de producir; mientras el gas se acaba, la planilla sigue intacta.