Censo sin pretextos, postergaciones ni distorsiones

Los seres humanos, usualmente estamos acostumbrados a irnos por las ramas y no acudir directamente al origen, a la ra�z (a las causas) para solucionar los problemas, sea porque se busca continuar gozando de los privilegios mediante el enga�o hacia los dem�s incautos; o, por motivo de negocio, avaricia, soberbia, entre otros.

Existe tambi�n el mal h�bito de ser manipuladores, de inventarnos pretextos para encubrir la verdadera intenci�n y realidad de las cosas, echando mano para ello, de la presuposici�n maliciosa y mentirosa. Entre estos casos, citar aquellos que suelen alegar a manera de excusa una supuesta necesidad, equidad, ingenuidad, ignorancia, buena fe o candidez para camuflar su ambici�n, avaricia, lujuria, infidelidad, gula, envidia, pereza, falta de contenci�n, etc.; por ejemplo, quienes por buscar una rentabilidad mayor se embarcan en negocios il�citos (estafas piramidales, lavado de dinero, corrupci�n privada y p�blica, etc.) o en actividades totalmente inseguras y de alto riesgo, donde en su momento les brinda un elevado porcentaje o margen de ganancia, pero finalmente todo acaba mal, llegando inclusive en algunos casos, hasta a la hipocres�a de la victimizaci�n (apuntando y culpando exclusivamente al otro, nunca a s� mismo) y haci�ndose los desentendidos e incluso los ofendidos, sin aceptar la responsabilidad de sus actos, de sus propios delitos y errores, por falta de dominio propio en sus pasiones.

Es as�, que ante todo conflicto o problema, debemos tratar de analizar encamin�ndonos hacia la ra�z del problema, no distray�ndonos ni extravi�ndonos en los gajos.

En cuanto a la demora del censo y los perjuicios que ella acarrea, entre �stas, se encuentran la falta de transparencia en la informaci�n actualizada (arts. 8-II, 232, 242 numeral 4, arts. 270 y 306-III de la Constituci�n boliviana, CPE), la vulneraci�n al derecho a la informaci�n veraz y oportuna (art. 21 num. 6, arts. 106 y 242 de la CPE) y la postergaci�n de las utilidades que ella trae consigo, esto es, por ejemplo: la distribuci�n proporcional de recursos econ�micos procedentes de la coparticipaci�n tributaria (disposiciones transitorias tercera y cuarta de la Ley Marco de Autonom�as y Descentralizaci�n), la distribuci�n de esca�os en diputados que es proporcional a la cantidad de habitantes, de manera que cuando cambia la cantidad de habitantes se altera el n�mero de representantes en la estructura de la asamblea legislativa plurinacional (circunscripciones uninominales, plurinominales e ind�genas originario campesinas); y, la distribuci�n de recursos asignados a la lucha contra la pobreza con el indicador de Necesidades B�sicas Insatisfechas (NBI).

En cuanto a la representaci�n legislativa, es necesario advertir que Bolivia cuenta con un sistema bicameral, esto es, dos c�maras: senadores y diputados.

Se entiende que la C�mara de Senadores tiene por naturaleza, el ser una c�mara de representaci�n territorial, es decir, representaci�n de los departamentos territorialmente (esto es, cuatro senadores por Departamento, haciendo un total de 36 miembros previsto en el art. 148 de la CPE); mientras que la naturaleza de la C�mara de diputados (cuyo total de miembros es 130, conforme el art. 146-I de la CPE), se entiende que es una c�mara de representaci�n por poblaci�n y es ah� la trascendencia que conlleva un censo de poblaci�n, permiti�ndoles una mayor legitimidad a los diputados.

Como vemos, sin duda alguna es de suma importancia que el censo se lleve a cabo este a�o o el pr�ximo y que se acaben las largas postergaciones injustificadas (como se pretende reci�n realizar el a�o 2024), pero a su vez, hay que advertir que no bastar� �nicamente con la realizaci�n del censo si no se logra tambi�n extirpar la distorsi�n que existe en la propia Constituci�n (CPE) sobre la forma de computar el n�mero de esca�os en diputados.

Recordemos que fue en la reforma constitucional del a�o 1994, cuando se estableci� esta distorsi�n, pues mediante una �negociaci�n pol�tica� bajo el pretexto de que �por cuesti�n de equidad� (frase de contextura ambigua y abierta) se estableci� un n�mero de esca�os m�nimo a los departamentos con menor poblaci�n y menor grado de �ndice de desarrollo humano, provocando las asimetr�as que benefician ciertas regiones sobrevalor�ndolas y castigando a otras regionales subvalor�ndola, ocultando la realidad, de que ante la existencia de un sistema bicameral, justamente se est� hablando impl�citamente de los principios de pesos y contrapesos entre C�maras y de la separaci�n de ambas, con lo cual, nunca debi� la c�mara de diputado ser desnaturalizada de esa manera (estableciendo caprichosamente presuntos m�nimos de esca�os).

Lo ocurrido en dicha reforma constitucional del a�o 1994 (art. 60 numeral 6 de dicha CPE) hered� la actual Constituci�n del a�o 2009, la cual mantiene dicha distorsi�n en el art. 146-V de la CPE vigente.
Las atribuciones de la C�mara de Diputados deben reflejar esa naturaleza que tiene en toda su expresi�n y amplitud, sin ninguna manipulaci�n, enga�o o distorsi�n, pues lo correcto y debido, es que, si por ejemplo el Censo del a�o 2012 estableci� que somos 10.027.262 habitantes, se debiera dividir entre 130 (que es cantidad total de miembros de diputados), lo cual viene a ser la media poblacional nacional (77.133 habitantes) y en base a ello, dividir el total de poblaci�n de cada departamento, para establecer la cantidad de esca�os de diputados por Departamento, evitando con ello, que existan Departamentos injustamente subvalorados.

Llevamos casi tres d�cadas con dicho torcimiento; por lo tanto, ahora que se desea, realizar una reforma judicial v�a reforma parcial de la Constituci�n, se podr�a, por ejemplo, sumar a ello, por parte de la oposici�n y de las autoridades regionales (gobernaciones, municipios, plataformas ciudadanas, universidades p�blicas, comit� civico, etc.) como bloque con unidad, compromiso, lealtad y valent�a, una iniciativa ciudadana que se reforme el art. 146-V de la Constituci�n, erradicando esa taimada distorsi�n, pues lo contrario, implicar� que seguiremos por m�s d�cadas desnaturalizando a la C�mara de Diputados, con Departamentos que son arbitraria e inmerecidamente discriminados y/o enga�ados burdamente.

Asimismo, observar que el decreto supremo N� 4546 de 21 de julio de 2021, en su art. 5, establec�a que el censo de poblaci�n y vivienda deb�a ser realizado en fecha 16 de noviembre de 2022 y ejecutado por el INE; sin embargo, dicho decreto supremo fue luego modificado por otro decreto N� 4760 de 13 de Julio de 2022, el cual sin ninguna justificaci�n de motivo expreso, posterg� el censo sin establecer siquiera fecha alguna para su realizaci�n y al irresponsable encargado del censo que es el INE (que debi� ejecutarlo este a�o y no desea hacerlo), en su disposici�n adicional �nica del decreto vigente N� 4760, establece absurda y textualmente lo siguiente: �el INE mediante Resoluci�n Expresa, hasta el primer trimestre de la gesti�n 2024, establecer� la fecha espec�fica para la ejecuci�n del empadronamiento del Censo de Poblaci�n y Vivienda � 2024�. Es decir, al incumplidor (INE) se le da la potestad que decida la fecha siendo que en censos anteriores (como ser en los a�os 2001 y 2012) se establecieron fechas exactas en el mismo decreto y no as� mediante una simple resoluci�n, dej�ndolo al arbitrio de un ente operativo (INE), el cual ha demostrado total ineficiencia desvergonzada.

Ante tal situaci�n, ya que est� por dem�s de claro de que no existe voluntad pol�tica alguna para realizar el censo de forma pronta y oportuna con calidad t�cnica, es que, por ejemplo, los diputados y senadores nacionales de la oposici�n con el apoyo de todas las autoridades de los Departamentos de Bolivia, podr�an elaborar un proyecto de ley donde se establezca con suficiente exposici�n de motivos, la necesidad de realizaci�n del censo nacional, estableciendo una fecha exacta y precisa, sin pretexto alguno y que no implique dilaciones indebidas, vanas o infundadas.

En cuanto a la gesti�n del INE que debi� cumplir lo dispuesto por el decreto supremo N� 4546 y no lo hizo, admitiendo p�blicamente su incapacidad para ese cometido (al extremo que tuvo que existir otro decreto supremo que modifique al anterior), debe exigirse que se lleven a cabo las diligencias e investigaciones pertinentes conforme a la denuncia por incumplimiento de deberes presentada por la diputada Luisa Nayar para llegar a la verdad material e hist�rica de los hechos, conforme establece el art. 25 de la Ley N� 1405 de 01 de noviembre de 2021 (Ley de Estad�sticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia); y, al mismo tiempo, debiera existir responsabilidad civil y administrativa a los funcionarios correspondientes del INE por dicho incumplimiento. Y en caso de que las autoridades encargadas del procesamiento, incumplan sus deberes con prontitud y debida diligencia, tambi�n est�n �stas sujetas a responsabilidad, m�xime si la propia Constituci�n establece que no existen fueros ni privilegios para ninguna persona o funcionario (art. 180-III de la CPE).