Bolivia con responsabilidad penal a las personas jurídicas

Con la flamante ley N� 1390 de 27 de agosto de 2021, Bolivia se adscribe como quinto pa�s sudamericano en contar �abiertamente� con responsabilidad penal de las personas jur�dicas, despu�s de Brasil, Ecuador, Argentina y Chile.

Esto conlleva al sistema de doble imputaci�n, es decir, que adem�s de la responsabilidad penal del representante legal o del administrador de hecho y/o de derecho (esto es, art. 13 Ter del C�digo Penal, quienes al ser personas naturales su sanci�n penal es la de privaci�n de libertad) ahora se suma la posibilidad de responsabilizar a la persona jur�dica (incluso hasta de forma aut�noma, art. 23 Bis de la nueva ley) que incurran en delitos de corrupci�n o vinculados a corrupci�n, a ser sancionados con: 1) P�rdida de la Personalidad Jur�dica (Ej., para el delito de sociedades o asociaciones ficticias o simuladas); 2) Sanciones Econ�mica (Multa sancionadora, P�rdida temporal de beneficios estatales y el Decomiso); 3) Sanciones Prohibitivas (Suspensi�n parcial de actividades y Prohibici�n de realizar actividades); y, 4) Sanciones Reparadoras (Prestaciones Obligatorias Vinculadas con el Da�o Producido y la Implementaci�n de mecanismos de prevenci�n).

De esta manera obviamente se motivar� a la elaboraci�n de una teor�a del delito aplicable a las personas jur�dicas (all� tenemos a varios doctrinarios, como ser: Jhon Coffee Jr., Jaime Malamud, William Breit, Kenneth Elzinga, Sch�nemann, entre otros m�s); sin embargo, como se encuentra redactada dicha ley, cabe mencionar que la figura de los programas de cumplimiento normativos (compliance program o planes de integridad) para personas jur�dicas no es una atenuante sino todo lo contrario, es una sanci�n penal reparatoria (art. 26 sexies numeral 2), donde ser� el juez de ejecuci�n penal quien en la verificaci�n de su efectivo cumplimiento, solicitar� la asistencia t�cnica especializada que corresponda.

Como mencion� en otros art�culos, conferencias, congresos y entrevistas, los programas de cumplimiento normativo con fines preventivos desde mucho antes a esta ley, una empresa (si as� deseaba) ya pod�a y puede contar con ellos, lo cual no es novedad, pues siempre existi� dicha posibilidad con el prop�sito de mitigar situaciones de ilicitudes dentro de la empresa o hacia terceros, as� como, por ejemplo, el directorio de una sociedad an�nima para responsabilizar a sus administradores de hecho o de derecho inescrupulosos (aplicaci�n del art. 13 Ter del C�digo Penal vigente).

Para precisar, con esta nueva ley al no ser aquellos planes de integridad una atenuante en la responsabilidad penal de las personas jur�dicas, no tendr� ning�n sentido pr�ctico m�s all� del indicado anteriormente, el cual, reiteramos: siempre exist�a tal posibilidad (desde el a�o 1997).

Lamentablemente, es casi por inercia que cuando el sector formal empieza a estancarse por cautela, esperando como se tornar� dicha responsabilidad penal a las personas jur�dicas en los hechos, dar� lugar a una postergaci�n, lo cual, significa: reducirse, mantenerse o contraerse (en lo que se pueda), traduci�ndose esto en: no crecimiento.

Recordemos que de acuerdo con un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) del a�o 2019 titulado �Econom�as sombr�as en todo el mundo: �qu� aprendimos en los �ltimos 20 a�os?�, se indica que Bolivia tiene el mercado informal m�s grande del mundo con una tasa de 80%.

Ante dicha realidad, si bien la econom�a no cambiar�; sin embargo, tampoco podemos descartar que s� se podr�a agravar, puesto que, por los datos citados (a�o 2019), la tendencia lamentablemente es que cada vez existan menos formales (lo cual implica menos ingresos econ�micos al Estado) y ojal� no se llegue al punto de otra crisis como el 2001.

Para mitigar toda esta incertidumbre, se debiera cuestionar la constitucionalidad de dicha ley concerniente a la responsabilidad penal de las personas jur�dicas; y, de no darse tal situaci�n, buscar varias mejoras a dicha ley, entre ellas, por ejemplo, si se someter� a la persona jur�dica a proceso pues que se garantice los derechos constitucionales de las mismas, trasladando a la empresa el est�ndar procesal del sindicado en la comisi�n de un delito, posibilitando que �ste pueda ejercer ampliamente el derecho a la defensa, as� como tambi�n regular las medidas de seguridad con propuestas como la de Sch�nemann, instituy�ndose durante el proceso penal, la �curatela empresarial�, que consiste en establecer vigilancia estricta en la empresa pero sin que eso afecte su actividad, reduciendo por un lado, el peligro de continuar delinquiendo pero sin perjudicar a los socios, accionistas, empleados, proveedores, compradores y a toda la organizaci�n comercial de la empresa.