La relevancia de una ciudadanía digital ética

Ciudadano Digital en teor�a es aquella persona que tiene derecho al acceso a la informaci�n en l�nea de modo seguro, transparente y privado, adem�s de la participaci�n social y pol�tica que los medios le permiten.

A finales del siglo XX y principios del XXI el uso de las plataformas digitales se intensific�, permeando en el �mbito jur�dico, pol�tico, econ�mico, social o cultural, por cuanto se constituy� un nuevo espacio de interacci�n-actuaci�n a trav�s del Internet.

Hay quienes alegan que es la �cuarta revoluci�n industrial�, la cual lleg� para transformar las sociedades adem�s de cambiar los moldes tradicionales de las actividades cotidianas como ser: estudiar, trabajar, hacer compras, etc.; sin embargo, el ser humano no debe extraviarse con exageradas ilusiones tampoco inventarse mitos producto del gran marketing mundial que existe entorno a dicha 4ta �revoluci�n� industrial, pues �sta no s�lo debe consistir en la incorporaci�n de nuevas tecnolog�as, sino principalmente debe constituir en una oportunidad propicia para asimilar y alentar los valores humanos.

En Bolivia, el ejercicio de la ciudadan�a digital es todav�a un proceso lento, entre las m�ltiples causas, citar la principal: la carencia de un acceso �ptimo a Internet, pues con una se�al d�bil, intermitente y deficiente, grandes avances tampoco se tendr�n, sumado a ello, est� el desconocimiento del uso de estas herramientas digitales, el no aprovechamiento de las mismas, reduci�ndolas al mayor uso en el plano del entretenimiento, la distracci�n, la p�rdida de tiempo, sumado al stress que ello representa ante la enorme poluci�n (noticas falsas) que existe en la informaci�n que circula por las redes.

La pandemia global por Covid-19 no s�lo record� a la humanidad lo fr�gil y temporal que es su existencia f�sica sino que adem�s aceler� en el mundo entero el uso y el desarrollo de la tecnolog�a de la informaci�n y la comunicaci�n en los diferentes �mbitos de aplicaci�n del ser humano, por ejemplo: en el comercio provoc� nuevos modelos de negocios m�s compatibles con las necesidades de la nueva era tecnol�gica; en la administraci�n de justicia, incit� a la b�squeda de una mayor profundizaci�n en la digitalizaci�n de las actuaciones procesales; en el �mbito de la instrucci�n escolar motiv� la implementaci�n generalizada de las clases virtuales; y, as� sucesivamente.

Sin embargo, en estos procesos de producci�n, comercializaci�n de bienes y servicios; en el ejercicio de la funci�n p�blica, en la innovaci�n de las pol�ticas p�blicas, entre otras m�s, �stas no alcanzar�n la transformaci�n de las sociedades (como algunos pregonan) si antes no existen cambios en la mentalidad.

Todo lo que es tecnol�gico no deja de ser tan solo un medio externo, una extensi�n del cuerpo f�sico; por lo tanto, si la mentalidad contin�a siendo la misma y a su vez se carece de valores y principios �ticos morales (como ser: integridad, honestidad, no pereza ni abuso de poder, no corrupci�n, entre otras m�s) previstas en la Constituci�n (art. 8), aquella supuesta idea de �transformaci�n� acabar� siendo una simple frase publicitaria traducida en propaganda pero con otros fines, pues la siembra de aquella percepci�n generalizada (de supuesta transformaci�n) podr�a ser usada a manera de excusa para lograr una mayor invasi�n represiva a la privacidad, la seguridad y las libertades individuales de las personas, sujetas a un mayor control, seguimiento y vigilancia. De all�, la relevancia de no despreciar los valores y principios �ticos morales en todo esto.

En ese sentido, no debemos confundir revoluci�n con transformaci�n, son cosas distintas. Toda verdadera transformaci�n no es externa sino interna.

Es incomprensible advertir en el sector administrativo tanto p�blico como privado, la falta de transici�n del enorme papeleo burocr�tico a lo digital debido a la desidia en la innovaci�n, la pereza o la negaci�n por el trabajo y/o el esfuerzo inicial que representa una actualizaci�n de conocimientos y de manejo de nuevas herramientas, por lo que a�n se sigue incentivando el culto por la acumulaci�n de papeles cuando tranquilamente los contratos podr�an agilizarse mediante firma digital certificada y no que en pleno periodo de contagios por coronavirus se deba enviar documentos de ida y vuelta mediante courier, se exija que se deba acudir a distintos lugares para firmarlo en persona, as� como la no adquisici�n de licencias para el uso ilimitado de programas de videoconferencias que implica reducci�n de costes de traslados, se evitan los problemas que conlleva los desplazamientos, se obtiene una mayor optimizaci�n del tiempo (ya que se evita el caos vehicular de la ciudad), entre muchos otros beneficios m�s, constituyendo un abuso y el colmo de lo absurdo, si en el sector p�blico se les ocurriera, exigir al administrado o al trabajador, que sea �ste quien deba obtener por cuenta propia dicha licencia para que pueda trabajar remotamente en el sector p�blico y/o se le permita comunicarse virtualmente con la autoridad o el superior jer�rquico, las veces que �ste �ltimo as� lo requiera.

En el �mbito judicial, por ejemplo, para llegar a un verdadero expediente digital no solo es cuesti�n de tiempo y de labor tit�nica en lo t�cnico, por cuanto tambi�n se exigir� en los operadores jur�dicos y de justicia de que exista una actualizaci�n de conocimientos inform�ticos, una inversi�n en equipos adecuados, contar con mayor personal especializado, �tica en el trabajo, tener una verdadera vocaci�n de servicio con actitud diligente y proactiva para brindar un mejor servicio.

No tendr�a sentido, contar con una serie de plataformas virtuales bautizados con distintos nombres (Ej.: sistema mercurio -buz�n judicial-, sistema hermes � notificaciones electr�nicas-, sistema trit�n �justicia libre JL1-, sistema eforo, etc.), si todos ellos no se encuentran de forma creativa y debidamente integrados ni se logra alcanzar una eficiente interoperabilidad.

En cuanto al expediente digital, cabe preguntarnos si no ser�a m�s oportuno contar desde un comienzo con un solo sistema, donde tanto jueces como las partes procesales vayan construyendo dicho expediente a trav�s de la actualizaci�n de la informaci�n mediante la digitalizaci�n de las actividades procesales, permiti�ndose la posibilidad de bajar el expediente digital completo a sus computadoras, entre otras opciones m�s que el sistema podr�a brindarles a favor de los administradores p�blicos y de los administrados.

Del mismo modo, ser� un total desprop�sito, si a pesar del uso de la firma digital certificada en los memoriales se obliga de todas formas a que se deba presentar el memorial impreso con firma y r�brica manuscrita.

Lo mismo ocurrir�, si los abogados litigantes, quienes a pesar de estar registrados en ciudadan�a digital y dan a conocer a la autoridad competente por escrito tal situaci�n; resulta que, por negligencia, inoperancia o indiferencia, dicho abogado es discriminado ya que nunca es activado para que pueda acceder a conocer las novedades de sus casos mediante la plataforma virtual pertinente. Vi�ndose �ste obligado a acudir de forma personal a las oficinas de las autoridades correspondientes (caso por caso, uno por uno, en cada recinto establecido), rogando a los funcionarios subalternos que procedan a activarlo y as� reci�n acceder a la informaci�n. Esta conducta funcionaria negligente, constituye vulneraci�n, limitaci�n y/o restricci�n de los derechos, garant�as y libertades que goza el abogado como ciudadano digital.

De esta manera, podemos advertir que, si bien la tecnolog�a es un paso necesario, pero la misma ser�a f�til si no son asimilados ni adoptados los valores y principios �ticos morales en la propia organizaci�n estatal o instituci�n gubernamental, en la estructura de una empresa y menos a�n si no existe el despliegue de la creatividad, la flexibilidad, el respeto y protecci�n de las libertades individuales.