El problema del Poder Judicial es político

Recientemente fui entrevistado por �El Deber� Radio, donde conversamos sobre la situaci�n de la justicia boliviana bajo la pregunta: �Qu� debe hacer el pr�ximo gobierno para mejorar la justicia?.

En Latinoam�rica, lamentablemente la administraci�n p�blica est� cimentada en la absoluta �desconfianza� (vivir a la defensiva) procreadora de la p�rdida del sentido com�n, de un Estado agigantado con mayor burocracia, de infinidad de tr�mites con la obligatoriedad de que para cualquier cosa que haga requiera demostrar su autenticidad y validez. Mientras m�s enrevesado sea el tr�mite es mayor el caldo de cultivo de corrupci�n porque se vende la soluci�n de la agilizaci�n llegando incluso a ser vista como algo normal, com�n y corriente.

En ese sentido, lo que existe es una �crisis de confianza institucional�. Es importante que los administradores de justicia vean la realidad de la gente. Los ciudadanos deseamos principalmente que se garanticen y protejan eficientemente la vida, las libertades y la propiedad privada.

El desarrollo humano y el progreso es posible en un ambiente donde se vean garantizadas la vida, las libertades y la propiedad privada, por cuanto viabilizan la libertad de desarrollar todo el potencial de cada vida humana.

Nosotros, los administrados ya no debemos vernos maltratados ni andar a la defensiva ante los servidores p�blicos, cualquiera sea la instituci�n estatal. Es hora que realmente se entienda que la soberan�a radica en el pueblo (entendi�ndose pueblo como la "suma de los individuos" que sale en defensa de sus libertades individuales, tal como lo hizo en los 21 d�as de fe y de resistencia civil pac�fica contra el tirano, hasta lograr que fugue del pa�s).

Al respecto, hagamos un ejemplo aleg�rico: Imaginemos que el Estado sea un bus, y digamos que el due�o del bus sea el pueblo, y �ste �ltimo elige y contrata a un chofer para que maneje el veh�culo.

Al chofer, llam�moslo el pol�tico, el presidente de un pa�s, el gobernador, un alcalde de la regi�n, etc., pero que al poco tiempo que aquel chofer conduce el veh�culo, no solo le hall� el gusto sino que �ste ya se cree el due�o absoluto del mismo y empieza a maltratar al verdadero due�o, lo desconoce, no lo deja visitar ni subirse al bus; y, para el colmo de males, manda a reprimirlo con los mecanismos represivos y coercitivos estatales, pone en peligro la vida de �ste, le quita sus bienes, confisca sus bienes mediante una serie de cargas impositivas abusivas, les priva de la propiedad privada, viven investigados, observados, espiados, dirigidos, jur�dicamente conducidos, adoctrinados, controlados, vigilados, ponderados, evaluados, censurados, se es despojado, explotado, oprimido, puesto entre rejas, sentenciado, condenado, y dem�s atropellos descarados, y todo eso, mayormente lo hace, bajo el r�tulo de principio de legalidad.

Ya es momento que el pueblo boliviano realmente entienda todo esto y que exija a la autoridad, al servidor p�blico, que trabajen en pro del verdadero progreso y desarrollo del pa�s, que dejemos de hacer doble culto tanto a la inflaci�n de leyes (el costo de la legalidad no tiene que ser demasiado alto para las personas para evitar acrecentamiento de la informalidad delincuencial y la ley en realidad debe servir para limitar al poder, no para reflejarla) como al �extractivismo� como si fuese nuestra �nica suerte como pa�s para crecer. La prosperidad no consiste �nicamente en crecimiento econ�mico y menos a�n se debe confundir crecimiento con desarrollo.

No basta con cambiar la ley, llevar a cabo reformas constitucionales o vivir rogando a los pol�ticos que tengan voluntad para cambiar la realidad, eso es una ingenuidad. Para que un cambio pol�tico funcione tiene que existir legitimidad.

Es m�s provechoso que exista reforma institucional en lugar de crear disposiciones normativas y llenarnos de leyes, es menester simplificar los sistemas pol�ticos e instituciones, permitiendo que la sociedad civil se involucre con entes serios de representatividad civil que ejerzan un adecuado control social.

Aquel asunto trillado de que la crisis judicial se debe a la falta de independencia judicial, ya para nadie resulta una novedad y no basta un art�culo constitucional o una variedad de postulados escritos en leyes, para que eso cambie, pues al final, el papel todo aguanta y en los hechos resultar� siempre ineficaz, si es que antes nosotros mismos (los que conformamos el pueblo) no tomemos en serio esa frase (independencia de poderes) y nos convenzamos a nosotros mismos que as� debe y tiene que ser.

Es consabido que la independencia judicial es un elemento indispensable del Estado Constitucional de Derecho, palabras m�s, palabras menos, con o sin elegancia, ya mucha gente hasta por l�gica simple, entiende que �sta constituye en uno de los pilares que asegura la libertad, la seguridad jur�dica, as� como la justiciabilidad de los derechos de todas las personas.

Sin embargo, es bueno hacer recuerdo que la falta de independencia judicial, en realidad es un �problema pol�tico�, por ende, debemos recordar aquel viejo adagio que dice: "locura es hacer lo mismo, esperando resultados diferentes�.

Con ello, est� claro que ya no se debe dejar en manos de los pol�ticos la preselecci�n y selecci�n de magistrados, por lo tanto, amerita la intervenci�n de la sociedad civil a trav�s de representaciones serias de asociaciones civiles, fundaciones, Universidades, etc., en el proceso de preselecci�n y selecci�n de magistrados de altos cargos en el �rgano Judicial y que adem�s se cumpla el art. 178-II de la Constituci�n: "carrera judicial y autonom�a presupuestaria".

Si el administrado es maltratado, �ste en alg�n momento reaccionar� y debe ser parte responsable de todo esto pues las libertades implican responsabilidades, no sucumbamos en la estupidez del libertinaje, la pereza, dejando las cosas a otros actores otorg�ndoles poder para que decidan de forma absoluta sobre nuestras vidas, al extremo de que lleguemos a ser echados de nuestros aposentos.

Tiene que llegar el momento en que la sociedad civil se involucre activamente mediante organizaciones adecuadas de representaci�n de la sociedad civil en la selecci�n de magistrados y no dejarlo todo en manos de los pol�ticos. Que no sean los pol�ticos quienes condicionen al pueblo a elegir a determinados magistrados de altas jerarqu�as del �rgano Judicial bajo su padrinazgo pol�tico.

Otra forma de empoderamiento a favor la sociedad civil, es a trav�s de la democratizaci�n de la justicia, esto es, el retorno de los jueces ciudadanos en materia penal, por ejemplo, que en l�neas generales demostr� que era m�s dif�cil ser manipulado y no tener la necesidad de padrinos pol�ticos.

Habr� quienes, muchas veces basados en absurdos prejuicios, dir�n eso del juez ciudadano corresponde a tal o cual gobierno, nunca funcion�; sin embargo, recordemos lo siguiente: �no es que no funcion� sino que no lo dejaron funcionar que es diferente� pues esa nueva visi�n obviamente implicaba debilitar el factor pol�tico, disminuir en sobremanera la influencia del Ejecutivo de turno en funci�n de gobierno. No volvamos a pecar nuevamente de ingenuos en eso.

Una muestra de aquello, es el funesto caso de terrorismo, el cual era toda una falacia armada y confabulada siniestramente que, si no hubiera sido por la presencia de los jueces ciudadanos, ese caso hubiera acabado de forma r�pida con personas injustamente condenadas.
Fueron los jueces ciudadanos quienes al final renunciaron ante tanta arbitrariedad, quedando dicho tribunal de sentencia totalmente deslegitimado, sin quorum y sumado a ello el retiro de la acusaci�n, por cuanto ya todo result� ser insostenible ante la salida de un �rgano Ejecutivo tir�nico.

Advi�rtase esta situaci�n antes descrita. Existen ya muchas evidencias y experiencias concretas, que no son cuentos ni elucubraciones demenciales. Dejemos ya de lado aquel fanatismo hacia lo pol�tico ni caigamos embobados en el canto de sirenas de muchos de ellos.

El pueblo boliviano, si pese al alto costo de la legalidad y al maltrato judicial, logra vivir como puede, queda claro que no es obviamente gracias a ellas (no es gracias a las leyes ni a la justicia boliviana m�xime ante tanta penumbra judicial), sino por su fuerte �mpetu por vivir bajo su inquebrantable capacidad individual de supervivencia, de creatividad, de resiliencia, de trabajo duro, inteligente y creativo, basados en el esfuerzo y la dedicaci�n por los suyos y porque desde sus entra�as cada persona desea una mejor sociedad.

Los jueces deben entender esa realidad, es decir, deben interesarse en lo que piensa el pueblo. Es menester que los administradores de justicia se conecten con la realidad, no s�lo interesarse en lo que el Estado hace y tampoco creer en la fantas�a de algunos postulados pregonado por el gobierno de turno ni caer en el fanatismo por algunas doctrinas exentas de sentido com�n pero que debido a que se puso de moda en muchos pa�ses, se lo sigue al pie de la letra sin incentivar previamente el pensamiento anal�tico, cr�tico, reflexivo y creativo.

La labor jurisdiccional no es cuesti�n de seguir determinadas corrientes sin base objetiva, por cuanto muchas de esas corrientes mayormente persiguen fines comerciales o nacen a ra�z de un preocupante extrav�o en la ret�rica o un fanatismo por lo abstracto y extravagante donde prefieren vivir de crisis en crisis y no con sentido com�n, por cuanto eso les posibilita la permanencia de privilegios, prerrogativas y negocio.

Cabe recordar que la simplicidad objetiva siempre resulta mucho mejor que aquellas largas y confusas elucubraciones que llevan casi siempre hacia la tiran�a de los gobiernos, la inflaci�n de leyes, reformas y contra reformas de simple fachada.

En definitiva, se requiere menos Estado y m�s libertades individuales, esto debe entender el pr�ximo gobierno si realmente se desea avanzar por un mejor sendero en la administraci�n de justicia y no seguir haciendo lo mismo buscando con ello resultados diferentes.

En todo esto, tampoco debemos olvidar que se debe apostar por recursos humanos judiciales id�neos, tanto en los altos cargos del Poder Judicial (que dichos magistrados ostenten autentica idoneidad profesional, inteligencia emocional, cient�fica, humana y social, car�cter basados en principios y valores, vocaci�n de servicio, capacidades y habilidades pr�cticas y de administraci�n, etc.) sino tambi�n en tribunales y jueces, secretarios, auxiliares y diligencieros en todo el pa�s, as� como en la Fiscal�a General, Fiscal�as Departamentales y fiscales de materia, donde prime la igualdad de g�nero, mejoramiento de remuneraci�n y se cuente con personal de experiencia, no es posible que personal experimentado sea reemplazado constantemente, abunden personal sin experiencia, es un verdadero problema la carencia prologada o constante de personal, es necesario establecer un adecuado programa de inducci�n, que la capacitaci�n no s�lo sea acad�mica sino tambi�n pr�ctica que potencie las habilidades y destrezas de los auxiliares judiciales, que tengan capacitaci�n en atenci�n al p�blico, entre otras competencias.