En un Estado donde todo se concentra en el rgano Ejecutivo y se impone la voluntad del gobernante de turno al margen de las reglas democrticas que suponen el Estado Constitucional de Derecho, no puede haber un poder Judicial independiente, imparcial, creble y fortalecido afirma el abogado constitucionalista William Herrera Aez. En un exhaustivo estudio sobre el tema del ttulo, el autor seala que La crisis de la justicia en Bolivia, es una crisis del Estado Plurinacional un reflejo de la fragilidad del Estado y de la profunda insatisfaccin de la sociedad con la actuacin del rgano Judicial, as como su creciente dficit de legitimidad
El actual poder poltico concentrador, erosiona el sistema democrtico, el pluralismo poltico, impide la independencia del poder judicial, la transparencia de la cosa pblica, facilita la corrupcin, agrega Herrera. Se le suma la abrumadora retardacin de justicia por ineficacia e impotencia institucional, ausencia de responsabilidades disciplinarias, penales y civiles por parte de los administradores de justicia, cooptados por el poder Ejecutivo, amn de mezquinos presupuestos, que limitan sus actividades. Tambin comprometen la independencia y la imparcialidad del rgano judicialapunta el autor, porque Independencia y responsabilidad, no son conceptos excluyentes, sino, antes al contrario, complementarios e imprescindibles para evitar abusos y actos de corrupcin, subraya.
Si antes la justicia funcionaba coja y mal, nunca tanto como hoy, hecho que reconoce hasta el propio jefe del rgimen, presidente-candidato Evo Morales. l ostenta la jefatura del partido en funcin de gobierno, y de hecho se torna en el principio y el fin de la causa partidaria, apunta Herrera. En la Bolivia de Morales, gobierno y Estado son ya un concepto unvoco, pese a sus diferencias de tiempo y contenido, al que superponen tambin el partido que pretendennico: el Movimiento al Socialismo (MAS.)En el actual Estado boliviano, se identifica al Presidente con la del caudillo agudizado por la personalidad del mandatario y por la tradicin autoritaria que aun prevalece, sostiene el autor.
El estudio censura las decisiones polticas que permitieron la suspensin de autoridades elegidas democrticamente a simple imputacin fiscal. Y aunque luego la medida fue declarada inconstitucional, la mayora de los alcaldes y opositores ya haban sido vctimas de esas guillotinas judiciales, destituidos de sus puestos y reemplazados por militantes del oficialismo. En ese orden Herrera afirma que La sentencia del Tribunal Constitucional que autoriza la reeleccin del Presidente y del Vicepresidente, es una decisin judicial que degrada no solo el sistema poltico porque impide la alternabilidad democrtica, sino que tambin permite la reproduccin del centralismo, el abuso de poder, la corrupcin, la pobreza... que son los causantes de los grandes problemas estructurales del pas.
Sobre el problemtico acceso a la justicia, el autor detalla las dificultades que conllevan porque ah confluyen una dimensin propia del campo jurdico, un desarrollo histrico de esa nocin que tiene que ver con el modelo de Estado y las ciencias polticas, por cuanto el rgano Judicial tiene una dimensin poltica cuando en sus relaciones trata de la distribucin del poder.
Algunas pruebas de in-justicia
En Bolivia la justicia no es ciega: mira con ojos bien abiertos, como un depredadorque acecha a su presa para aplastar mejora sus adversarios polticos, como dice el Vice. Esas acciones han producido la judicializacin de la poltica, con cientos de perseguidos, presos y ms de 700 exiliados por delitos fraguados. El complot con cartula judicial de terrorismo-separatismo para destruir a la oposicin autonomista del Oriente es una prueba fehaciente de politizacin de la justicia, desde hace ms de cinco aos en un juicio atiborrado de aberraciones jurdicas que violalos Derechos Humanos, el debido proceso y la presuncin de inocencia de 39 imputados. Las declaraciones de exautoridades del ministerio de gobierno, hoy presos por extorsiny un otrora poderoso fiscal, refugiado en Brasil, reconfirman las sospechas: todo fue urdido desde la ms altas esferas del rgimen, bajo coordinacin directa de Ral Garca Linera, hermano del vicepresidente lvaro Garca Linera. Los hoy presos denuncian que existe un gabinete jurdico con control total sobre jueces y fiscales, como instrumento de intervencin y sometimiento de la justicia afirman.
La verdad inocultable es que un comando de elite de la polica asesin con premeditacin y alevosa a tres personas: Eduardo Rzsa Flores, hngaro-boliviano; rpad Magyarosi, hngaro, y Michael Dwyer, irlands, para callar la verdad. El comando de lite se llev a La Paz a dos supervivientes: el boliviano-croata Mario Tadic Astorga y a otro hngaro, Elod Toaso, presos hasta hoy, desde aquel asalto del 16 de abril de 2009. Otros 3 integrantes, pero todos ex combatientes de la Guerra de los Balcanes, salieron del pas das antes. Fue el nico acto de terrorismo, terrorismo de Estado. Como el montado en Porvenir, en el departamento Pando; como la represin en Chaparina, contra la IX Marcha Indgena para impedir la carretera en el Territorio Indgena del Parque Nacional Isiboro Scure (TIPNIS) en Beni; como en Yacuiba, en la Guardia y otros lugares de la geografa boliviana. Aplastar al adversario por cualquier medio.
El rgimen socapa a los autores intelectuales y materiales, hasta hoy impunes, para que no se sepa el oscuro trasfondo de todos esos casos. Autoras de la que no se salva el jefe del rgimen Evo Morales, pues en el asesinato extrajudicial de 2009, en un hotel de Santa Cruz de la Sierra, el asumi que dio la orden pues intentaban asesinarlo a l. Lo dijo en Cuman, Venezuela, a tempranas horas del mismo 16 de abril. Est grabado y registrado.
Si la justicia est cooptada por el poder poltico autocrtico, de suyo autoritario, represivo sin alternabilidad poltica, continuista para toda la vida, ambos estn carcomidos por la ausencia de institucionalidad democrtica por la impunidad y por la corrupcin. Es el resultado de paso del Del Estado Republicano al Estado Plurinacional como bien apunta Herrera Aez.
