El Gobierno de Evo Morales es el más conflictivo de la historia boliviana

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La Paz.- El gobierno del presidente Evo Morales, es el más conflictivo de la historia boliviana, según un estudio de la Fundación Milenio enviado a nuestra redacción.

El informe dice que con 884 nuevos eventos conflictivos registrados en la prensa durante todo 2011, se alcanza un nuevo récord desde 1970. El anterior duró apenas un año, lo que significa que la segunda gestión de gobierno del Presidente Evo Morales es, por mucho, la más conflictiva de la historia contemporánea de Bolivia: un promedio de 2.3 conflictos por día en los dos años de su segundo gobierno.

Los datos provienen de los registros de prensa que son recogidos, clasificados y procesados por el Observatorio de Conflictos que tienen el Ceres y Ciudadanía, dos centros de investigaciones sociales con sede en Cochabamba, y que ya han publicado abundante material analítico advirtiendo los costos y los riesgos para el desarrollo que entraña la dinámica conflictiva en el país.

No siempre ha sido así. Es cierto que algunas personas consideran que el conflicto callejero es parte de la cultura política en el país y que no hay otra alternativa que convivir con ella. Los datos, sin embargo, no respaldan tal percepción.

El grafico representa la información obtenida desde 1970, y muestra tres picos de conflictividad y dos valles de relativa quietud. Los tres picos corresponden a los gobiernos Ovando-Torres, que a comienzos de los años 70 agitaron el país con promesas nacionalistas y promesas distributivas, Siles Zuazo, que abrió el cauce de expectativas a comienzos de los 80, y la etapa actual que, como se ve en el grafico, se inicia en la gestión Banzer-Quiroga y continua con Morales.

A su vez, los periodos de relativa quietud corresponden a dos etapas muy diferentes: las dictaduras militares de los 70, y los reformismos democráticos de los 90. La observación anterior, que cubre el largo plazo de 42 años, muestra con bastante claridad que la intensidad de los conflictos depende en mucho de su gestión política. La represión, prevaleciente en tiempos de dictadura, no es la única opción, así como la agitación el conflicto tampoco son inevitables.

Como se observa en el grafico, la situación actual comenzó en 1997, cuando el Gral. Banzer, ya en condición de retiro, fue elegido Presidente bajo procedimientos democráticos. Ya sea que él quisiera demostrar que había cambiado y no era el mismo que persiguió con saña a sus opositores en los 70, o que las organizaciones sociales quisieran poner a prueba su proclamada tolerancia, el hecho es que las acciones conflictivas fueron subiendo continuamente durante su gestión hasta alcanzar máxima tensión en el año 2000.

En abril de ese año Banzer tuvo que revertir un Estado de Sitio que no pudo implementar, anulando el contrato de agua en Cochabamba que se había resistido a renegociar. En septiembre, acorralado por bloqueos rurales, firmó un inviable listado de promesas. Y poco después, ya en el 2001, se enfrento a un sangriento conflicto por el cierre de un mercado de coca en Sacaba. Cuando Quiroga entregó el mando a Sánchez de Lozada en agosto del 2002, el sistema institucional estaba debilitado. Los conflictos no cesaron y fueron articulándose en un movimiento político que obligo a renuncias y acortamientos de mandato hasta la elección de Evo Morales como Presidente.

Habiendo sido Morales protagonista de muchos de los conflictos pasados, algunos pensaron que su experiencia o su identificación con las organizaciones sociales le permitirían manejar la situación y reducir los conflictos. La información muestra que ha ocurrido lo contrario.

Es verdad que la conflictividad se redujo un poco, pero nunca volvió a la normalidad vivida en la democracia reformista. Y, luego de la reelección, los conflictos se multiplicaron hasta alcanzar los niveles actuales, que nos muestran a un gobierno prisionero de su política.

Luego de una resonante victoria en el revocatorio y de haber impuesto una nueva Constitución Política del Estado, logrando casi dos tercios en votos y en la Asamblea Legislativa, el gobierno ha tenido éxitos políticos resonantes al remover del cargo a la mayor parte de los gobernadores de oposición y lograr, incluso en contra del mayoritario rechazo de la población, el control total del Órgano Judicial.

Sin embargo, son avances sobre un sistema institucional que ha sido debilitado sistemáticamente y que por eso tiene cada vez menos capacidad de llevar a la práctica las decisiones gubernamentales. A pesar de todo el poder acumulado, no puede cambiar el precio de la gasolina, ni impedir el contrabando de ropa usada o de automóviles. Grupos indígenas marginales y minoritarios, como los definió un alto funcionario, han sido capaces de revertir su decisión de construir una carretera por medio del parque Isiboro Secére, y hasta el cobro de peajes se ha vuelto materia de disputa nacional.

Todo esto es resultado de su propia politica.

Mientras los grupos más radicales en el gobierno pusieron en duda y debilitaron todo el sistema institucional, prometiendo reconstruir todo el andamiaje burocrático y legal, otros alentaron expectativas con promesas de redistribución corporativa de las rentas controladas por el Estado. Como estas han subido significativamente gracias a la favorable coyuntura internacional, la ansiedad rentista se ha intensificado también, sobre todo a medida que pasa el tiempo y las promesas se postergan.

En este aspecto la actitud gubernamental ha jugado también un papel decisivo. Ha resaltado como logros de su política los superávits fiscales y las crecientes reservas internacionales, presentándolas como si fueran un ahorro, dando la imagen de que este país de pobres tiene un gobierno muy rico. Es pues comprensible que las presiones aumenten al ritmo de la impaciencia social.

Considerando tales tendencias, el futuro se muestra difícil para el gobierno. La lucha por la carretera que uniría Cochabamba y el Beni atravesando el Tipnis es una muestra. Para defender su política el gobierno se ve obligado a movilizar a sus aliados, en una confesión franca de que las instituciones y normas le son desfavorables o inútiles. Y al tratar de equilibrar presiones para revertir una ley acordada con los marchistas indígenas da nuevos justificativos para que se le reste credibilidad. La estrategia de colocarse como mediador en conflictos generados por sus propias decisiones tampoco parece la más aconsejable, porque la gente sabe que el poder conlleva responsabilidades que deben asumirse.

El modelo vigente de distribución de regalías estimula nuevos conflictos de límites a nivel departamental, como ya se ha visto en los casos de Tarija y Chuquisaca, y de Oruro y Potosí. Y el censo, tan necesario para el diseño de políticas, pondrá nuevamente en juego tensiones municipales porque de la cantidad de población depende la coparticipación tributaria.
La conflictividad no solamente limita la gobernabilidad del país, también reduce sus posibilidades de desarrollo.

Un estudio realizado por Evia, Laserna y Skaperdas el año 2008, tomando como referencia el periodo comprendido entre 1970 y 2004, encontró que en promedio los conflictos sociales habían sacrificado un punto de crecimiento del PIB por año. Este es un costo en crecimiento similar al que representa la mediterraneidad de Bolivia, con la diferencia de que esta es una condición geográfica (se midió por la distancia a la costa más que por la disponibilidad de puerto propio), en tanto que los conflictos no son una condición sino el resultado de la política.

Proyectando esos parámetros a los últimos años puede estimarse el costo de los conflictos para el desarrollo del país de acuerdo al grafico anterior. La línea gruesa muestra el crecimiento real del PIB que Bolivia ha alcanzado en la década, en tanto que la línea sombreada muestra su potencial en caso de que no hubiera la conflictividad descrita en este documento. Esta se representa en el grafico como la línea roja de perdidas en crecimiento durante el periodo.

Así se explica que la bonanza exportadora y el publicitado boom de inversiones públicas no haya conseguido sino un modesto nivel de crecimiento, haciendo más lenta la reducción de la pobreza.